Joselito Adame encabeza la defensa legal de la tauromaquia en la capital mexicana

El torero mexicano Joselito Adame ha dado un paso crucial en la defensa de la tauromaquia en el país al interponer ante el Poder Judicial Federal un amparo contra la llamada “Ley Brugada”, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México y aprobada recientemente por el Congreso local. Esta reforma modifica las leyes de Espectáculos Públicos y Protección y Bienestar Animal para prohibir las corridas de toros en la capital, una decisión que ha despertado una intensa reacción del mundo taurino.

A través del abogado César Cantoral, Adame busca la inconstitucionalidad de estas reformas, que, según sus argumentos, vulneran derechos fundamentales como la libertad de trabajo, la libre expresión cultural y el respeto al patrimonio inmaterial. El amparo ha sido admitido a trámite por el Poder Judicial, lo que supone el primer avance concreto en la vía jurídica para revertir esta prohibición.

Esta acción legal se enmarca dentro de una respuesta más amplia del sector taurino mexicano. Asociaciones, matadores, ganaderos y empresarios han comenzado a presentar amparos similares en otros estados, como Michoacán, donde el Congreso local también aprobó la prohibición el pasado 2 de abril. Las reformas a los artículos 67 y 68 de la Ley de Bienestar Animal también han sido impugnadas por considerar que transgreden derechos adquiridos y suponen una injerencia injustificada en las tradiciones culturales mexicanas.

En paralelo, el panorama legal en Baja California ha dado un giro significativo: un Tribunal Colegiado de Circuito ha revocado por unanimidad la suspensión que impedía las corridas de toros en ese estado. Así lo anunció Manuel Bouser Miret, propietario del Nuevo Toreo de Tijuana, quien calificó la resolución como “un paso muy importante en el proceso legal relacionado con la tauromaquia en la región”.

Estas iniciativas reflejan la voluntad de defender legalmente la Fiesta en México desde múltiples frentes, apelando tanto a la Constitución como al reconocimiento de la tauromaquia como una manifestación cultural de honda raíz histórica. En palabras de los impulsores, se trata no solo de proteger una actividad económica, sino también de preservar una identidad compartida que ha estado presente en el país durante más de cinco siglos.