"Alertadores digitales"
Bruselas declara la guerra a la piratería en las retransmisiones deportivas
El Parlamento Europeo promueve una reforma para crear “alertadores” digitales que reporten emisiones ilegales para que puedan cortarse en no más de 30 minutos y reportar el delito para su persecución
Retransmisiones deportivas como la final de la Champions League, las series finales de la NBA o los Juegos Olímpicos congregan a cientos de millones de espectadores de todo el mundo frente al televisor. Muchos de ellos son eventos de pago. Pero igual que algunos no quieren pagar entrada para acceder a un estadio, los hay que tampoco quieren abonar una cantidad a Movistar, Orange, SkySports o Canal+ Francia para verlos. Al calor de esta demanda, que en Europa se cifra en 7,6 millones de usuarios, han surgido mafias criminales que, por un precio mucho más reducido del que cobra una operadora, ofrecen la posibilidad de ver estos eventos de forma pirata. De la clásica página web para ver de forma pirata contenidos se ha pasado a sistemas mucho más sofisticados como la posibilidad de conexión a una IP que lleva a partidos y que se facilita por Whatsapp, decodificadores o antenas parabólicas por las que se paga mensualmente a estas mafias. La persecución de estos delincuentes es complicada, pero desde el Parlamento Europeo se está promoviendo una reforma legal para perseguir a estos delincuentes.
El proceso para retirar contenido pirata de internet está ya regulado en la Unión Europea. Sin embargo, no es útil ni eficaz contra la piratería de contenidos deportivos. La corta duración de los eventos deportivos y el valor efímero del contenido (de consumo fundamentalmente en directo) hacen imposible resolver la piratería deportiva con las normas actuales. Una orden judicial puede tardar días o meses y, para entonces, ya no sirve de mucho retirar el contenido puesto que prácticamente todo el mundo que se ha conectado a él de forma ilegal lo ha hecho en directo. El daño ya está hecho. Por este motivo, desde la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se ha impulsado una reforma para adaptar la normativa a un tipo de contenidos tan específico e importante como los encuentros deportivos.
IP ilegales
Como explica uno de sus principales impulsores, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, “en la actualidad, las propias competiciones, como LaLiga o la Premier League inglesa han desarrollado sistemas de detección y cortan la emisión de las señales piratas que detectan”. Lo hacen, explica, beneficiándose de un vacío legal que, en cualquier caso, no impide que las mafias reincidan en su delito. “Aunque detecten una IP ilegal, se generan miles de ellas”, la mayoría de las cuales están fuera de España y no se persiguen, añade Vázquez. Por eso se ha promovido este cambio legal, con el doble objetivo no sólo de cortar las emisiones ilegales sino de posibilitar la persecución de los delincuentes.
Para hacerlo, el informe que plantea la reforma propone crear una certificación europea que habilite a unos “alertadores fiables” que sean responsables de reportar retransmisiones piratas. Hoy, según Vázquez, y gracias al software disponible, existen maneras rápidas y fiables de detectar estas emisiones y diferenciarlas de las legales. Una vez reportado por estos alertadores, el contenido ilegal reportado se eliminaría o se haría inaccesible en no más de 30 minutos. Además, se denunciaría a las autoridades para su persecución, algo que sería más sencillo si la Comisión Europea aprobase finalmente una directiva que sirviese de paraguas legal a todo el continente.
De momento, el informe ha sido aprobado por una mayoría de 18 votos a favor y 6 en contra en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, por lo que Vázquez confía en que la Eurocámara lo ratifique en el pleno que se celebrará en la tercera semana de mayo. De ser así, la pelota ya estaría en el tejado de la Comisión, que sería la encargada de elaborar la directiva para luchar contra una práctica ilegal que, según los cálculos de los impulsores de la medida, generó en 2019 unos beneficios de 522 millones de euros que no llegaron ni a las operadoras ni a los clubes deportivos .
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