La Fiscalía quiere que Rosell siga en prisión

Le señala como «máximo responsable» de una organización criminal de blanqueo y cree que podría fugarse a «un buen número» de países.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, no quiere que el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell salga de prisión. El Ministerio Público rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del empresario para conseguir su libertad y sitúa a Rosell como «máximo responsable» de una organización criminal que habría blanqueado entre 2007 y 2011 un total de 14,9 millones de euros –provenientes de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol–, de los que supuestamente 6,5 millones se los embolsó el propio Rosell y otros 8,3 Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación de Fútbol Brasileño (CFB).

En el escrito en el que se oponen al recurso de apelación interpuesto por el abogado de Rosell, Pau Molins, contra el ingreso en prisión de su cliente (ordenado el pasado 25 de mayo por la magistrada Carmen Lamela), los fiscales Vicente González Mota y María Antonia Sanz advierten de que subsiste el riesgo de que el ex presidente culé se dé a la fuga.

La Fiscalía, de hecho, cree que el ex mandatario blaugrana podría fugarse a «un buen número de otros países», dado que «no tiene un especial arraigo en territorio español» pues, subraya, realiza el grueso de su actividad profesional fuera de nuestro país y tiene negocios en «Asia, África, China, Senegal y Qatar» y dispone, además, de cuentas bancarias y sociedades «off shore» en el extranjero.

Los fiscales recuerdan que en una conversación intervenida entre Rosell y Teixeira –a la que ya hacía alusión la juez Lamela en su auto de prisión–, el ex presidente de la Confederación de Fútbol Brasileño «consulta con el sr. Rosell qué lugares del mundo podrían resultarle más seguros a la hora de evitar problemas derivados de las investigaciones en curso seguidas contra él en diferentes países».

En respaldo a su negativa a la libertad provisional de Rosell, la Fiscalía también pone sobre la mesa la gravedad de las penas a las que tendrá que hacer frente si finalmente se sentase en el banquillo: de seis a nueve años de cárcel.

Pese a que, como argumentó su representación letrada, Rosell sea «una persona conocida a nivel planetario», la acusación pública minimiza ese argumento y alude a «tantos otros afamados investigados huidos durante años de la justicia penal de sus respectivos países».

Y aunque no es el principal motivo para oponerse a su salida de la cárcel, los fiscales del caso añaden que tampoco es descartable que Rosell volviese a delinquir, «vista la pátina de normalidad» que los investigados (entre los que figuran, entre otros, la esposa del ex presidente del Barcelona) «pretenden otorgar a su ilícita forma de proceder».

Actuación «coordinada»

La Fiscalía insiste en su escrito en la existencia de indicios que acreditan la pertenencia de los investigados a una supuesta organización criminal. «No priman los comportamientos individuales sobre la actuación en conjunto –hacen hincapié–, sino que nos encontramos ante una actuación coordinada y concertada» de todos ellos.

La Fiscalía de la Audiencia respalda la decisión de Lamela de ordenar el encarcelamiento de Rosell y recuerda que el auto de prisión «pormenoriza 13 datos, que ante su contundencia merecen más la calificación de pruebas que de indicios», que sustentan que la venta de esos derechos audiovisuales «tenía por objeto encubrir la operativa de blanqueo». Ahora, la Sala de lo Penal, instancia superior a la magistrada, tendrá la última palabra.