La OCDE avisa al Gobierno del riesgo de ligar las pensiones al IPC si no se reforman

Elevar la edad de jubilación, buscar mecanismos para garantizar el equilibrio del sistema, desestimar que se ligue la subida de las pensiones al IPC, volver a activar el factor de sostenibilidad y restringir la flexibilidad contributiva de los autónomos para evitar pensiones precarias en el futuro. Estas son las contundentes recetas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado para España en un duro informe en el que carga una a una contra las medidas anunciadas para el sistema de pensiones por los dos partidos que podrían formar Gobierno antes de fin de año: PSOE y Podemos. El desalentador informe, que la OCDE realiza cada dos años sobre los sistemas de pensiones de los países integrados en su organización, critica con especial virulencia el caso español, sobre el que advierte al futuro Gobierno de que si no toma medidas correctivas y emprende reformas estructurales de inmediato, el colapso del sistema puede ser inevitable. En un significativo apartado, critica duramente las medidas aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez –aunque sin citarlo explícitamente–, tras haber dejado sin efecto el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que estaba limitado al 0,25% si el crecimiento económico no llegaba a determinadas cuotas, y por haber prescindido del factor de sostenibilidad para ligar indefinidamente las pensiones al IPC real, sin tener en cuenta la situación económica de cada momento. La OCDE pide propuestas alternativas y con veracidad de resolución para financiar el sistema en el futuro, cuya sostenibilidad se agravaría con el tiempo sin medidas correctivas.

Otro de los factores sobre los que alerta el estudio es el desequilibrio que amenaza al sistema por culpa del envejecimiento de la sociedad española, que se produce a un ritmo mayor que la media del resto de países de la OCDE y que se agravará durante las tres décadas siguientes con el estallido de jubilaciones por parte de la generación del «baby boom». A nivel global, el número de personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar –entre 20 y 64 años– aumentará para 2060 hasta 58 por cada 100. Pero esa cifra será aún mayor en España, al alcanzar 78 mayores por cada 100 españoles, pero diez años antes. Es decir, que si no se alarga la edad de jubilación por encima de los 70 años, habrá más pensionistas que trabajadores que coticen al sistema. La OCDE recomienda al Gobierno que se propongan mecanismos para garantizar el equilibrio del sistema. España mantiene en la actualidad uno de los peores ratios de cotizante por pensionista, 30 puntos por encima de la media de la OCDE, solo por detrás de Japón –con una tasa de 80,7%– y Corea, 78,8%, Otro de los puntos sobre los que pide cambios es el referido al límite de la edad de jubilación. Entiende que la decisión del futuro Ejecutivo de aumentarla desde los 65,5 años actuales hasta los 67 a partir de 2027 –hasta cumplir más 38 años de cotización–, no será suficiente, ya que los españoles se jubilarán a una edad más temprana que otros países de la UE, como Italia y Holanda, que lo harán a los 71, o Dinamarca, a los 74.

Toque a los autónomos

La OCDE pone especial énfasis con la actuación contributiva de los trabajadores autónomos, cuyas precarias prestaciones tras su jubilación están directamente relacionadas con sus bajas cotizaciones. De este modo, entiende esta situación como una de las debilidades más importantes del sistema nacional, ya que «la excesiva flexibilidad» de la que gozan los que denomina «trabajadores atípicos» –autónomos, trabajadores a tiempo parcial y temporales– tiene efectos muy «perniciosos», al obtener «un beneficio económico en el corto plazo», porque les permite disponer de un mayor capital, pero a la larga lo terminan pagando en el momento de la jubilación, al recibir en la mayoría de los casos «una prestación mínima». En estas condiciones, asegura la OCDE, se encuentran más de la mitad de los trabajadores españoles. Según los datos aportados por la institución en su informe, el 70% de estos trabajadores por cuenta propia pagan la cotización mínima, una práctica «generalizada» y asumida por la mayoría de ellos. Tiene en cuenta la OCDE que un trabajador autónomo medio español a tiempo completo gana el 69% de lo que ingresa uno por cuenta ajena, frente al 84% de media del conjunto de la institución y, por ello, decide pagar lo menos posible en sus aportaciones sociales. Pero la consecuencia directa es que la pensión futura solo alcanza el 42% de la media de la que obtienen el resto de trabajadores.