Las administraciones dan la espalda a la subida del salario mínimo

Las empresas que tienen contratos con el sector público han tenido que asumir el brusco aumento del 22% de 2019 contra su beneficio y encaran una nueva alza. No pueden dejar de prestar el servicio porque si no incurren en incumplimiento de contrato y son denunciadas

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pasa por ser uno de los acuerdos estrella del pacto de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos. El objetivo de ambos partidos es subirlo de forma progresiva hasta alcanzar el 60% del salario medio en España, lo que, previsiblemente, lo elevaría hasta los 1.200 euros en 14 pagas al final de la legislatura. Los empresarios ya han advertido de que otra brusca subida del SMI sin acuerdo previo con las compañías tendría consecuencias nefastas para el empleo. Por eso, la patronal (CEOE) y los autónomos han pedido al Gobierno que negocie con los que realmente pagan los sueldos y que, además, arrime el hombro. Porque, como dicen, las administraciones públicas son las primeras que se han puesto de perfil ante la gran subida del SMI de 2019.

A comienzos del pasado ejercicio, el salario mínimo registró el mayor incremento de su historia, un 22,3%, hasta los 900 euros en 14 pagas. Un aumento que las compañías que tienen contratos con las administraciones públicas han tenido que asumir en su totalidad sin contemplar las graves repercusiones para sus negocios. «El sector público no ha corregido al alza el incremento de los costes laborales», aseguran los empresarios. Según explican, las compañías que concurren a los concursos públicos presentan unas ofertas de acuerdo a unos determinados costes laborales más o menos previsibles. Por lo general, los márgenes de beneficio que calculan suelen estar muy ajustados, y más si se trata de pequeñas compañías o autónomos que contratan con ayuntamientos también pequeños. Por eso, un brusco aumento de costes no programado impacta, y mucho, en esos márgenes. Es lo que, según los empresarios, ocurrió el pasado ejercicio ante el vertiginoso aumento del salario mínimo y el inmovilismo de las administraciones. El colectivo lamenta la falta de voluntad pública para renegociar las condiciones de los contratos y adaptarlos a la nueva realidad salarial de las compañías. A muchas de estas empresas, esta rigidez de las administraciones, que se remiten sin más a los contratos firmados, las ha condenado a tener pérdidas en estos trabajos ya que, legalmente, están atrapadas. «No puedes dejar de prestar el servicio porque, si no, incurres en incumplimiento del contrato y acabas denunciado», lamentan fuentes empresariales. La peor parte, añaden, se la han llevado aquellos que en 2018 firmaron contratos a largo plazo y tendrán que soportar en sus cuentas el agujero provocado por el importante incremento del SMI.

De momento, la intención del Gobierno socialcomunista de incrementar de forma unilateral el salario mínimo parece aparcada. Sánchez parece que se lo quiere tomar ahora con más calma. No obstante, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el presidente del Gobierno reafirmó que su intención es subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio neto español, tal y como establece la Carta Social Europea. «El horizonte está clarísimo: el 60% del salario medio a final de la Legislatura y habrá que hacerlo en el marco del diálogo social, con empresarios y sindicatos», reiteró.

Incrementos

El incremento de 2019 rompió la tendencia de los últimos años de aumentar el salario mínimo de forma paulatina pero más moderada. En 2018, por ejemplo, subió un 3,9%, hasta los 735 euros. Aunque instituciones como el Banco de España alertaron de que un incremento tan brusco afectaría al empleo, el Gobierno socialista defendió que no había evidencias empíricas de que fuese así. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo tuvo que reconocer en noviembre «problemas» en algunos sectores como el empleo doméstico o la agricultura, donde el aumento salarial real se sitúa entre el 11% y el 15%, lejos del 22,3% establecido por decreto hace casi un año, debido al aumento de los trabajadores irregulares y las horas extra no pagadas ante la incapacidad de asumir la subida del SMI. El servicio de estudios del BBVA ha cifrado esta misma semana en unos 45.000 los empleos que se han dejado de crear por el incremento del salario mínimo del pasado ejercicio.

En una reciente comparecencia pública, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advirtió de que otra subida brusca del SMI daría pie a más economía sumergida y a problemas para los pensionistas y las familias. Un salario mínimo de 1.200 euros se convertiría en un coste de 1.700 euros mensuales incluyendo las cotizaciones sociales. «Con estos costes, ¿qué familia puede mantener una empleada durante ocho horas en su casa?», se preguntó Amor.