La subida del Salario Minimo Interprofesional (SMI), con los tres actores del diálogo social sentados en la misma mesa –unos con mejor cara que otros–, ha sido el primer acto de una obra en la que se conocen los personajes pero no el desenlace final. Tras las subidas de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, el Gobierno PSOE-Podemos se ha puesto manos a la obra para escribir el guión de su contrarreforma laboral, pero sigue sin revelar de qué capítulos y cuántos se prescindirá respecto al libreto original.

El borrador que ya maneja la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recoge buena parte del acuerdo programático firmado por las dos formaciones, pero también parte de lo que ya acordaron los sindicatos y la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a finales de 2018, que no contó con el respaldo de la patronal CEOE. Recuperar la ultraactividad de los convenios, dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa, cambiar la ley de subcontratación, junto con las condiciones de los contratos y las causas del despido son puntos que el Gobierno quiere resolver cuanto antes. Otros, como que no se pueda iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sin autorización gubernamental, que se autorice por ley el pago de salarios de tramitación en caso de despido o que se modifiquen las indemnizaciones tendrán que esperar,o incluso pueden quedarse por el camino.

Rajoy, diana socialcomunista

La reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2013 se convirtió desde el primer momento en la diana sobre la que giró la oposición de PSOE y Podemos hasta que la moción de censura llevó a Sánchez a la Moncloa. Más de año y medio después –en el que Podemos presionó una y otra vez para acabar con esta reforma laboral– vuelve a tomar protagonismo tras ser investido un Gobierno con plenos poderes.

Pedro Sánchez siempre dijo que, una vez dejara de estar en funciones, afrontaría los cambios estructurales que pretende impulsar en la economía nacional, y la reforma laboral era uno de sus ejes de campaña. «La reforma será derogada al día siguiente de que yo sea presidente», dijo en aquella sesión en la que Mariano Rajoy tuvo que dejar el Gobierno en 2018. Pero durante los cinco años anteriores, Sánchez reiteró «por activa y por pasiva» que la reforma laboral «desaparecerá bajo mi presidencia porque es mala para los trabajadores».

Cambios maquillados

Pero más de 18 meses después, ésta sigue en vigor y las dudas han empezado a surgir sobre sí finalmente será derogada o solo maquillada. Los empresarios ya han mostrado su oposición a cambios importantes. Temen el impacto negativo sobre sus plantillas y que los costes laborales se disparen. A su favor parece contar el Gobierno con los sindicatos, pero las centrales pretenden que la reforma desaparezca en su totalidad, algo que el PSOE no comparte, ya que su intención ahora es solo «acabar con los artículos más lesivos», como han reconocido ya abiertamente varios miembros del Ejecutivo. La primera en hacerlo fue la actual vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuya postura se ha impuesto al sector más duro.

Un viaje similar ha hecho su socio en el poder, pero la ideologizada posición de sus bases les hacen ir con un mayor cuidado. Aún así, han pasado de la absoluta demonización de la reforma cuando estaba en la oposición –«acabaremos con ella sí o sí», defendía Pablo Iglesias en el Congreso en 2018– hasta su actual postura, que se centra en hacer «cambios» en dos fases. En la primera se abordarían los aspectos en los que hay más afinidad y en los que el consenso entre las partes parece más fácil de lograr, y dejar para la segunda los que más alejadas tienen las posturas.

Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraron a LA RAZÓN que se baraja ya la posibilidad de que acabe la legislatura sin que se hayan cumplido todos los objetivos marcados. Y la ambigüedad de la nueva ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, alimenta esa posibilidad, ya que que por un lado ha defendido que «la reforma laboral será derogada porque ha provocado precariedad y abusos sobre los trabajadores», pero por otro se ha limitado a decir que se realizarán las «necesarias modificaciones legislativas» para acabar con sus efectos más perniciosos.

Las indemnizaciones, aparcadas

De momento, Díaz sólo ha confirmado su apuesta política: «Terminar con la precariedad». Ninguna alusión concreta sobre uno de los campos de batalla sobre el que los sindicatos han mostrado especial empeño en derogar: las indemnizaciones por despido. De momento, Díaz sólo se ha referido a que todo se negociará en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, y será desde ahí donde se tratará esta cuestión, tanto con las centrales sindicales como con los empresarios, otorgando cualquier decisión al diálogo social pese a que los interlocutores presentan posturas contrapuestas.

Pero, además de esta negociación, la ministra deberá afrontar las discrepancias en el seno del propio Gobierno de coalición, en el que las posturas no son en muchos casos coincidentes, por no decir enfrentadas, algo reconocido por la propia ministra, que insiste en que aunque haya discrepancias entre ambos partidos en el seno Consejo de Ministros «trabajaremos de forma cooperativa y lo haremos como una sola voz», dijo la pasada semana, justo antes de la subida del SMI.

Por tanto, la controvertida indemnización por despido seguirá vigente –20 días por año trabajado en los casos de despido objetivo y 33 días correspondientes a despidos improcedentes–. Lo único que se planteará de forma inmediata por parte del Ministerio será el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, el que autoriza los despidos por absentismo justificado por enfermedad –avalado por una sentencia judicial–. En este caso, tanto PSOE como Podemos coinciden en sus posturas. Según el plan de trabajo que ha diseñado Díaz, este es un punto prácticamente innegociable para ella y ha empeñado su propia palabra ante los sindicatos para su derogación, en contra incluso del Tribunal Supremo. Pero queda por verificar el visto bueno de la patronal, a la que se trasladó esta medida en la reunión en la que se cerró el acuerdo del salario mínimo. También se les informó del resto de medidas, que llevan desde entonces estudiando.

Temor a la unilateralidad

Afrontan la semana los empresarios con la confianza de que no se opte por la unilateralidad si las negociaciones se enquistan. La misma ministra Díaz ha reconocido que sabe que el acuerdo no será posible en su totalidad, «porque no soy una ingenua», pero al menos espera contar con una acuerdo de mínimos que salve su imagen este año. Fuentes de la CEOE han confirmado a LA RAZÓN que acudirán a la mesa «con una actitud abierta y negociadora», pero con algunas líneas rojas, ya que defenderán la continuidad «de los aspectos más positivos» de la reforma de Rajoy, que durante estos años han permitido «recuperar la capacidad de generación de empleo y que la economía española haya tenido un crecimiento sostenido por encima de la media europea».

El posible acuerdo que salga del diálogo social que se inicia esta semana no será definitivo ni inmediato, ya que el Gobierno necesitará la aprobación parlamentaria para que su contrarreforma parcial salga adelante. Lograr los apoyos políticos suficientes será ya tarea política.