Sánchez acelera una renta mínima de emergencia

El Gobierno está evaluando acelerar la renta mínima vital que preveía tener lista para los próximos presupuestos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trataría de unificar ayudas con aportaciones adicionales que supongan una mayor cuantía para afrontar esta situación de emergencia. El Ejecutivo trabaja para ofrecer soluciones a los colectivos vulnerables que han quedado más desprotegidos aunque, según reconocen fuentes de la Seguridad Social, aún no hay ninguna decisión tomada sobre un posible ingreso mínimo vital. A la intención del Gobierno de poner en marcha cuanto antes estas ayudas, expresadas en las primeras comparecencias ante el Congreso de los Diputados del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, se están sumando peticiones muy relevantes, como la del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex ministro de Economía, Luis de Guindos, quien defendió una “renta mínima de emergencia” durante la crisis del coronavirus. “Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social”, explicó en una entrevista en La Sexta. “Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable”, añadió.

Esta renta de emergencia podría hacerse llegar a los colectivos más necesitados durante el periodo de alarma, con la posibilidad de extenderse hasta que las empresas recuperen gradualmente la producción. La propuesta se centraría en proteger a ciudadanos que están en paro y no reciben prestación o a familias y colectivos necesitados que no pueden acogerse a ninguna de las últimas medidas aprobadas. Entre estos colectivos, estarían los trabajadores del hogar, que no son susceptibles de medidas de regulación temporal de empleo (ERTE) y además no cotizan ni tienen derecho a la prestación de desempleo. Al respecto la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado que todos los Ministerios trabajan intensamente para seguir adoptando medidas para colectivos más vulnerables, como los trabajadores temporales que no tienen empleo o cuidadores de los dependientes.

Habitualmente el IPREM es uno de los indicadores que se utiliza para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita aunque, en otros casos también puede actuar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El IPREM se situó en 2019 en 548,6 euros mensuales (está pendiente de actualizar para 2020), mientras que el SMI para 2020 es de 950 euros mensuales. La intención de la coalición antes del estallido de la crisis sanitaria era que el ingreso mínimo vital rozara los 1.100 euros para una familia con dos hijos a cargo.