El Gobierno fulmina por decreto la autonomía de las pensiones de 657.000 funcionarios

Con nocturnidad, sin debate de ningún tipo y por real decreto en una disposición adicional, el Gobierno ha fulminado la autonomía en la gestión de las pensiones correspondientes a miles de funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas: técnicos de Administración Civil, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de las Cortes Generales, ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros y otros altos cargos, militares de carrera, registradores de la propiedad, profesores universitarios y funcionarios transferidos en su día a las comunidades autónomas, entre otros. Sus pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres pasan a estar bajo control José Luis Escrivá, ministro de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones, quien ya anunció en su momento su integración en la Seguridad Social para unificar todas las prestaciones.

Con esta disposición adicional, el Gobierno traspasa la gestión de las pensiones de 657.118 funcionarios, que hasta ahora manejaban los ministerios de Hacienda, a través de la dirección general de costes de personal y pensiones públicas, y Defensa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El régimen de clases pasivas era un sistema a extinguir, ya que no admitía nuevos “afiliados” desde 2011 en el caso de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Se desconoce si esta transferencia modificará las condiciones “especiales” de las que hasta ahora disfrutaban los funcionarios incluidos en este régimen, que podían jubilarse voluntariamente a los 60 años siempre que hubieran acumulados determinados años de servicio al Estado, entre otras particularidades.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento. Según CSIF, el Gobierno ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar “de tapadillo” la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.

La fecha efectiva del traspaso se determinará en la fecha que establezca el real decreto de estructura del ministerio de Escrivá, aún pendiente de publicación.

La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva.