El Gobierno acelera el control horario de los funcionarios con teletrabajo

El Gobierno quiere ir con pies de plomo en el regreso de los funcionarios de la Administración General del Estado a sus respectivos puestos. Para evitar contagios en centros de trabajo menos polivalentes y fáciles de transformar como son los ministerios y oficinas de los respectivos organismos públicos, se ha dado prioridad al teletrabajo al menos hasta mediados de junio.

La intención, siempre que la evolución de los contagios lo facilite, es comenzar a incorporar al grueso de la plantilla –175.000 trabajadores– desde mediados de junio, cuando comienza la jornada reducida de verano para los empleados públicos. Aunque dicha jornada comienza a principios de junio para los funcionarios que se acogen a la conciliación para el cuidado de menores o mayores, se pretende ir incorporando a aquellos trabajadores que tienen menor vinculación con colectivos más vulnerables.

Con muchas dificultades, el Gobierno ha logrado en la teoría que un 62% de los funcionarios de la Administración General del Estado trabaje desde casa, aunque el porcentaje efectivo es mucho menor, y un 27% lo hace de forma presencial. Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Publica, un total de 108.797 (62,49%) empleados públicos del conjunto de todos los ministerios están teletrabajando frente a los 47.865 que están realizando su trabajo de forma presencial desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.

Según los datos ofrecidos por el departamento que dirige Carolina Darias, un total de 6.165 (3,54%) trabajadores de la AGE se encuentra en situación de aislamiento mientras que el resto del personal, un 6,5%, se encuentra en otras condiciones laborales.

Esta situación se prolongará al menos un mes y medio más con carácter general por lo que el Gobierno ha dado instrucciones para que se establezca un registro horario telemático de los empleados públicos homogéneo, según ha podido saber este diario de fuentes ministeriales.

El Ejecutivo quiere tener activada plenamente a la plantilla de funcionarios que depende de la administración central ante la posibilidad de que surja un rebrote del Covid-19 durante el otoño. El objetivo es evitar el desbarajuste que se originó con la declaración del primer estado de alarma el pasado 14 de marzo.

De los casi 110.000 funcionarios de la AGE que no han realizado su trabajo de forma presencial, más de la mitad se mantuvo prácticamente inactivo hasta mediados de abril, bien por falta de equipos o porque los protocolos de teletrabajo no habían sido puestos en marcha. De hecho, los propios funcionarios han denunciado las deficiencias tanto en la entrega de equipos como de las comunicaciones, que no soportaban más de un 65% de los empleados públicos conectados.

Esto ha provocado que el SEPE, el organismo encargado de tramitar los miles de Expendientes de Regulación de Empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del coronavirus, haya colapsado por culpa del ineficaz protocolo de teletrabajo diseñado.

Las fuentes consultadas indican que el organismo encargado de poner en marcha este registro horario telemático entre los funcionarios de la administración central será el departamento que dirige Darias, aunque los primeros que podrían implantarlo de forma sistemática son el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Trabajo, los que más personal tienen activo de forma efectiva. En particular, el departamento de José Luis Escrivá es el que ha acaparado o centralizado la mayoría de las compras de material de teletrabajo seguido por el de Yolanda Díaz.

Por otra parte, el sindicato CSIF, mayoritario en la AGE, y el resto de centrales de clase han pactado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la reapertura de las oficinas de atención al público para el próximo 25 de mayo.

El acuerdo contempla una reincorporación progresiva de los trabajadores, dando prioridad al teletrabajo, evitando la incorporación de personas con bajas por incapacidad temporal, con síntomas o en contacto con familiares contagiados, así como con enfermedades crónica. Se prevé que la atención a la ciudadanía sea con cita previa, limitación del aforo y con la posibilidad de ampliar el horario de apertura hasta las 21:00 horas.