Dos décadas de austeridad para recuperar a España de la crisis

En 2007, España cargaba con una deuda pública equivalente al 36% del Producto Interior Bruto (PIB). En ese momento, estalló nuestra burbuja inmobiliaria al tiempo que se desmoronó el sistema financiero global, y en pocos años, 2014, los pasivos estatales se dispararon hasta el 100% del PIB. Desde entonces, y coincidiendo con un lustro de recuperación económica, habíamos conseguido rebajarla hasta el 95% en 2019: un nivel que seguía siendo demasiado elevado pero que al menos parecía ir menguando poco a poco.

Pero la crisis del Covid-19 lo ha cambiado todo. De acuerdo con el último informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la deuda pública española podría cerrar 2020 en el 122,4% del PIB como consecuencia de una caída del PIB nominal del 12,2% y de un déficit público del 13,8%. Lo peor de los pronósticos de la Airef, sin embargo, no es su previsión para 2020, sino para 2021: pese a que el organismo confía en que el PIB nominal español se expanda un 6,3%, la deuda pública continuará escalando hasta el 124,3% del PIB debido a que el déficit se mantendrá en el muy elevado nivel del 9,4% del PIB. O dicho de otro modo, no estamos ante un estallido coyuntural y autorreversible de nuestro endeudamiento público, sino ante un alza persistente en el tiempo que afectará decisivamente a la solvencia de España.

¿Qué hacer al respecto? Para algunos economistas, semejantes volúmenes de endeudamiento público no son problemáticos. A su juicio, podemos endeudarnos mucho más y sin prácticamente ningún tipo de limitación. Pero semejante escenario resulta poco probable. Sin ir demasiado lejos, nuestro país estuvo a punto de quebrar en el año 2012 con apenas una deuda del 85% del PIB. Es obvio, por consiguiente, que no podemos mantener unos pasivos del 125% del PIB durante mucho tiempo sin que las dudas sobre nuestra solvencia regresen con fuerza a los mercados. Sólo si la eurozona nos proporciona una asistencia financiera permanente podríamos resistir niveles tan elevados de endeudamiento como los presentes.

Pero la eurozona no lo hará. Al menos no de manera indefinida. Esta misma semana, por ejemplo, hemos conocido los criterios establecidos para poder acceder al MEDE sin condicionalidad alguna. En particular, destinar los fondos recibidos a gastos específicamente vinculados con la crisis sanitaria. Ésa es la rígida camisa de fuerza que nos han impuesto y no habrá forma de quitárnosla. Por eso, de cara al futuro, cuando nuestro déficit público no guarde relación alguna con el incremento de los desembolsos sanitarios, no nos quedará otro remedio que ajustar el desequilibrio presupuestario para sanear la situación financiera del Estado.

Y, en este sentido, la propia Airef se ha encargado de recordarnos qué tipo de medidas vamos a necesitar para regresar a la situación de endeudamiento previo a la crisis (95% de deuda sobre el PIB). Por un lado, habremos de ajustar el desequilibrio presupuestario a lo largo de los próximos 10 años: o bien incrementar mucho los impuestos o recortar mucho los gastos para, a lo largo de una década, alcanzar el déficit cero. Por otro, y a partir de 2030, necesitaremos de otros 10 años de ese déficit cero para que el endeudamiento público baje del 125% del PIB al 95%. O expresado de otro modo: nos harán falta dos décadas para conseguir que la solvencia del Estado se reponga del colapso económico que estamos experimentando actualmente. La cuestión, claro está, es si los mimbres de la sociedad española aguantarán dos décadas de austeridad después de haber sido bombardeada durante los últimos diez años con una feroz demagogia antiausteridad.