Una negligencia que costará cientos de miles de millones

España lleva 100 días inmersa en un estado de alarma que está a punto de concluir. Durante estos 100 días, tanto la sociedad como la economía han sufrido unas profundísimas heridas que sólo seremos capaces de comprender en toda su intensidad durante los próximos años. Sin embargo, y a pesar de que todavía debe pasar mucho tiempo para que adquiramos auténtica conciencia sobre alcance de los daños experimentados, sí podemos efectuar algunas reflexiones provisionales sobre cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigiremos a partir de ahora.

Primero, ¿por qué tuvimos que llegar a una situación tan dolorosa como la del confinamiento domiciliario y la restricción interna de movimientos bajo el paraguas jurídico del estado de alarma? Como es obvio, la causa última de semejante situación es el propio coronavirus: un patógeno que nos era enormemente desconocido y que se reveló con una capacidad de propagación muy elevada en ausencia de medidas suficientes de distanciamiento social. La elevada capacidad de contagio del virus provocaba dos serios problemas: uno sanitario y otro económico. Por un lado, un alto número de contagiados significaba que nuestros sistemas sanitarios se veían abocados al colapso, de modo que el número absoluto de fallecidos (ya fuera directamente derivados del virus o como resultado indirecto de la saturación de los hospitales) también se disparaba consecuentemente. Por otro, muchos contagiados y, por tanto mucho riesgo de contagio, también significaba que la economía dejaba de funcionar. Trabajadores enfermos que no podían acudir a sus puestos y consumidores que declinaban consumos de tipo colectivo (como bares y restaurantes).

Resultaba, pues, imprescindible frenar el coronavirus y el Gobierno decidió el 14 de marzo (pero no antes) adoptar una muy dura medida de distanciamiento social: confinarnos dentro de nuestras viviendas. Ahora bien, siendo el coronavirus la causa última de este confinamiento, cabe también plantearse si no existen otras causas intermediadas. Por ejemplo, la tardía respuesta del Ejecutivo PSOE-Podemos a la hora de empezar a adoptar alguna medida de distanciamiento social hasta pasado el 8-M multiplicó internamente el número de contagios e hizo, por tanto, tanto más necesario un largo y duro estado de alarma posterior. O dicho de otra forma, si desde un comienzo se hubiesen implementado medidas menos drásticas pero igualmente eficaces para contener el virus en un estadio más inicial de la pandemia (como la suspensión de clases o la prohibición de grandes aglomeraciones de gente), el estado de alarma acaso hubiese devenido innecesario o como poco bastante menos restrictivo de lo que fue (tal como sucedió en Grecia y Portugal).

Segundo, el estado de alarma ha tenido hasta ahora un coste económico devastador. Aunque todavía no conocemos las cifras definitivas del hundimiento que hemos vivido, el Banco de España sí ha estimado que, durante la segunda quincena de marzo, el PIB se desplomó un 38%: la mayor caída desde la Guerra Civil. A su vez, la destrucción de empleo, computando a aquellos cuya actividad se ha visto suspendida mediante la fórmula de los ERTE, supera los cuatro millones de personas. Es decir, que el país se ha detenido literalmente para ser capaces de aislar y contener al patógeno. Pero evidentemente si el país ha dejado de producir y los ciudadanos han tratado de mantener unos estándares de vida similares a los previos al parón, sólo habrá habido un mecanismo para conseguirlo: el endeudamiento. Y justamente el endeudamiento es uno de los principales problemas que nos legará el estado de alarma para el largo plazo.

20 años para superar la crisis

Así, y en tercer lugar, el estado de alarma acabará provocando al término de este ejercicio un brutal aumento de los pasivos estatales que elevará el stock de deuda pública por encima del 120% del PIB: nuestro nivel más alto desde finales del siglo XIX. Esta envenenada herencia provocará que nuestras administraciones públicas vayan a verse forzadas a someterse, de acuerdo con la AIReF, a dos décadas enteras de austeridad: diez años para conseguir reequilibrar nuestro déficit público y otros diez años de equilibrio presupuestario para recuperar nuestro stock de deuda pública previo a la crisis del coronavirus. Semejante austeridad requerirá a buen seguro de fuertes subidas de impuestos que acabarán recayendo sobre el conjunto de la ciudadanía. A la postre, es harto improbable que un Ejecutivo de extrema izquierda como el actual opte por concentrar todos sus ajustes en el lado de los gastos. Ahora bien, castigar a la maltrecha economía con nuevas subidas de impuestos significará que la reestructuración a la que deberá someterse nuestro tejido productivo será mucho más intensa y lenta de lo que debería ser.

Recordemos que, con la conclusión del estado de alarma y la progresiva normalización de la vida social y económica (siempre confiando en que no haya nuevas reinfecciones que obliguen a volver a cerrar la economía), parte de nuestras empresas volverán a activarse. Sin embargo, habrá otra parte que no lo hará: ya sea porque habrá quebrado durante el estado de alarma o porque las necesidades venideras de la sociedad serán distintas de las pretéritas y, por tanto, la demanda de parte de las compañías se alterará. Es esa parte de la economía que permanecerá parada aun después del estado de alarma la que deberíamos proceder a reanimar con una rápida reestructuración real y financiera. Pero para reestructurar rápidamente la economía necesitamos de mucho ahorro que pueda transformarse en inversión y los impuestos con los que el Gobierno pretende castigar a la ciudadanía terminarán minando las bases de ese ahorro y, por tanto, de nuestra capacidad de recuperación futura. El estado de alarma con confinamiento domiciliario ha destrozado la economía española y sus heridas tardarán décadas en sanar por completo. La negligencia del Ejecutivo PSOE-Podemos a la hora de frenar tempranamente la propagación del virus no sólo nos ha costado millares de vidas humanas, sino también centenares de miles de millones de euros.