La deuda pública no es, en contra de lo que suelen sostener algunos economistas keynesianos, una «deuda que nos debemos a nosotros mismos». No es una deuda que, en consecuencia, no vaya a ser necesario reembolsar. Y no por el hecho de que muchos de los pasivos estatales estén en manos de inversores extranjeros (y tales inversores extranjeros no cabe calificarlos en modo alguno de «nosotros mismos»), sino porque la consolidación nacional de la deuda pública simplemente no es procedente. No en vano, los pasivos estatales son deudas que un subconjunto de la población (los contribuyentes netos) tiene la obligación de pagar mañana a otro subconjunto de la población (aquellos ciudadanos que hayan adquirido hoy tales obligaciones financieras). Así, cuanto más aumenta la deuda pública, más va aumentado la carga financiera sobre un creciente grupo de contribuyentes netos para reembolsar los derechos de cobro de los inversores.

De ahí que sí debamos mostrarnos muy preocupados por la evolución que está siguiendo la deuda pública española en medio de esta pandemia. Según hemos conocido esta semana, a finales de mayo el conjunto de las Administraciones Públicas ya adeudaba un monto de pasivos superior al 100% del PIB. Sólo durante ese mes, el endeudamiento se incrementó en 23.124 millones de euros. Y esta evolución no va a terminar aquí. También esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado que nuestras cuentas públicas están más descontroladas de lo que inicialmente se esperaba.

En particular, la AIReF teme, en primer lugar, que el PIB pueda caer hasta un 12,4% en 2020 (frente a su estimación del 11,7%); segundo, que el déficit público se dispare hasta el 14,4% (frente a su anterior estimación del 13,8%); y tercero, que la deuda pública aumente hasta el 123,2% del PIB (frente a su estimación anterior del 122%). Este empeoramiento de la situación financiera del Estado durante el presente ejercicio se explica esencialmente por las medidas que se han aprobado desde el anterior informe de la AIReF: el Ingreso Mínimo Vital (aumento del déficit del 0,2% del PIB); extensión de los ERTE (aumento del déficit del 0,3%); y el incremento del gasto sanitario (aumento del déficit del 0,3%).

En conjunto, este agravamiento de la situación financiera de España también empeora notablemente nuestras perspectivas de futuro. Si en el anterior informe la AIReF estimaba que España necesitaría dos décadas de austeridad para regresar a los niveles de endeudamiento previos a la crisis (una década de reducción del déficit y otra década de equilibrio presupuestario), ahora el organismo teme que ni siquiera tras tres décadas de austeridad vayamos a ser capaces de reducir nuestra deuda pública por debajo del 100% del PIB. En su escenario más adverso, en el año 2050 todavía acumularíamos unos pasivos cercanos al 120% del PIB. Todo lo cual significa impuestos mucho más altos durante mucho más tiempo y, por tanto, mucho menos crecimiento económico futuro.

A la luz de semejante realidad, resulta del todo incomprensible que Sánchez siga empeñado en evitar la austeridad a toda costa. España necesita austeridad para volver manejable el monto de deuda pública que ahora mismo estamos acumulando. Sólo una persona profundamente irresponsable podría sobreendeudarse en el presente desentendiéndose del agujero financiero que lega a las generaciones futuras. Pero ese profundo irresponsable, por desgracia, es nuestro presidente del Gobierno.

Gasto público histórico

Otro de los datos preocupantes que nos ha dejado el último informe de la AIReF ha sido que, en 2020, el gasto público se ubicará entre el 52% y el 54% del PIB: un aumento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a 2019. O expresado de otra forma: el sector público manejará durante este ejercicio un volumen de recursos equivalente a más de la mitad de todo lo que produce la economía española durante un año. Huelga señalar que el riesgo de despilfarro masivo resulta enorme bajo este escenario. Nuestras administraciones públicas simplemente no están adaptadas (ni capacitadas) para gestionar diligentemente tal cantidad de capital. De ahí que deberíamos esforzarnos por recortar hondamente el gasto durante los próximos ejercicios. Justo lo contrario de lo que aspira a hacer este Gobierno.

El riesgo de una segunda ola

Ahora mismo, el peor escenario en el que podría caer la economía española es el de una segunda ola con rebrotes masivos que obligaran a volver a cerrar la economía. Si eso se materializara, la caída del PIB sería mucho más profunda (porque no habría reactivación alguna en 2020) y el déficit público también resultaría aún más elevado de lo que pronostica la AIReF. Y, por desgracia, ese escenario va tomando cada vez una forma más definida: en Cataluña y en Aragón ya existe transmisión comunitaria no controlada y los focos crecen día a día en el resto de autonomías. ¿Por qué ha pasado esto? Porque salimos del estado de alarma sin una preparación suficiente: es decir, sin hacer suficientes tests a la población y sin contar con equipos de rastreadores que localicen y aíslen rápidamente los focos de contagio.

Venezuela, desolada

La situación económica venezolana es un auténtico drama. La Universidad Católica André Bello acaba de publicar la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 y el panorama es desolador: el PIB venezolano se ha contraído un 70% desde 2013. El 96% de la población venezolana vive ahora mismo en situación de pobreza. El 93% de los hogares manifestó estar preocupado por la provisión de alimentos y el 53% declaró haber dejado de efectuar alguna comida diaria por falta de comida. El 30% de los menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, un porcentaje muy superior al de otros países hispanoamericanos y propio de las zonas más devastadas de África. Y el 19% de los hogares asegura que al menos uno de sus miembros emigró al extranjero en el período 2014-2019. El socialismo es miseria.