Las líneas rojas de unos nuevos presupuestos

España todavía mantiene en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Unas cuentas que fueron diseñadas originalmente por Cristóbal Montoro –tiempo ha– en un contexto político, económico, social e incluso sanitario muy distinto del actual. De ahí que, tal como han señalado Pedro Sánchez y María Jesús Montero, nuestro país necesite unos nuevos presupuestos que estén adaptados a la situación que ahora mismo experimentamos. Pero la cuestión, claro está, es que no necesitamos cualquier tipo de presupuestos, sino unos presupuestos que sirvan para hacer frente al enorme reto al que nos enfrentamos.

En concreto, las prioridades presupuestarias deberían ser las siguientes. Primero, un incremento sustancial del gasto en aquella infraestructura que nos permita reabrir con garantías la economía. Es decir, redoblar los esfuerzos en tests y en rastreadores para poder controlar con rapidez cualquier nuevo foco de contagios tan pronto como se produzca. Hasta que contemos con una vacuna, la economía sólo podrá operar cerca de su pleno rendimiento si somos capaces de mantener a raya a pandemia. Y para eso necesitamos de unos medios materiales de los que hoy carecemos.

Segundo, una rebaja selectiva de algunos impuestos con el propósito de acelerar la recuperación económica. En particular, hemos de moderar los gravámenes que penalizan la oferta de empleo, la oferta de ahorro y la demanda de inversión (en esencia, pues, IRPF y Sociedades) para que capital y trabajo se movilicen con rapidez y contribuyan a incrementar el PIB.

Recorte del gasto

Y tercero, supresión de gastos superfluos –e incluso de gastos no prioritarios– para evitar una excesiva acumulación de deuda pública. Justamente, si hemos de aumentar los desembolsos públicos en algunas partidas esenciales (como el testeo y el rastreo) y hemos de bajar selectivamente algunos tributos para fomentar la reactivación y la reestructuración de nuestra economía, nos expondremos al riesgo de que el endeudamiento público se dispare todavía más de lo que ya lo ha hecho. Y aunque es inevitable que, hasta cierto punto, la deuda pública siga expandiéndose durante los próximos años, hemos de intentar minimizar su estallido, pues corremos el riesgo de poner nuestra solvencia seriamente contra las cuerdas, de ahí que haya que cercenar partidas que no pasen un mínimo análisis de coste-beneficio e incluso diferir otra que puedan tener un cierto retorno social pero que no sean urgentes.

Estos tres motivos justifican la necesidad de unos nuevos presupuestos, tal como reclama el PSOE con razón. El problema, empero, es que los socialistas, y mucho menos sus socios de Podemos, no están pensado en aprobar unas nuevas cuentas públicas para resolver todos los problemas anteriores, sino para aprovechar la crisis con el propósito de disparar el tamaño del Estado. Y eso es algo que cualquier oposición responsable no debería tolerar. Bien está que Ciudadanos se abra a negociar los presupuestos con el PSOE, pero los anteriores parámetros –reforzar salud pública, bajar impuestos y recortar gastos– deberían ser líneas rojas que no habría que traspasar.