Amenaza de huelga de funcionarios ante el “ninguneo” del Gobierno

Los sindicatos mayoritarios de la Administración pública-CSIF, CC OO y UGT- han dicho basta y se han plantado ante el “constante ninguneo” que está recibiendo por parte del Gobierno, que “sistemáticamente” les excluye de cualquier tipo de negociación laboral y toma decisiones que atañen a los funcionarios públicos de forma unilateral. Así se lo han hecho saber a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras registrar una protesta formal “por la ausencia de negociación en materia de empleo público y condiciones de trabajo”. Además han advertido de que convocarán movilizaciones en el sector público si no se negocia un refuerzo de las plantillas para afrontar la situación extraordinaria de la pandemia.

“Es inaceptable que el Gobierno se niegue se a negociar con los representantes legítimos de los trabajadores públicos. Con la que está cayendo creemos que es más importante que nunca consensuar las decisiones y este Gobierno se lo salta todo a la torera”. Así se manifestaron fuentes de CSIF, que confirmaron a LA RAZÓN que “este es un aviso de navegantes al Gobierno para que se siente a hablar como siempre promete pero no cumple. Si no fuera así, seremos contundentes en la reacción y se iniciarán movilizaciones para defender nuestros derechos”.

Este sindicato no ha concretado cuál sería la respuesta, pero no se descartan paros puntuales e incluso huelgas o hasta la paralización de la Administración. “Se está hurtando a los trabajadores públicos y a sus representantes de sus derechos y eso es inaceptable. Nos estamos enterando por la prensa o a última hora de los decretos que se aprueban. Usan una política de hechos consumados que no se puede tolerar y no vamos a seguir callados”.

En esta carta conjunta, los tres sindicatos marcan algunas de sus líneas rojas, que “ya se las hemos propuesto en infinidad de ocasiones, pero han caído en saco roto”, explicaron fuentes de CC OO. Entre las líneas principales exigen eliminar la tasa de reposición de vacantes en los Presupuestos Generales para que se puedan ofertar todas las plazas necesarias, recuperar el empleo público perdido, incrementar las plantillas y reducir la temporalidad al 8%, frente al 28% actual, además de sancionar el fraude y el abuso en la contratación de personal temporal en el sector público. “Eso es una de los puntos importantes, porque es absolutamente inaceptable”, urgen fuentes sindicales.

En su carta también advierten de que más del 60% de las plazas de empleo público que fueron anunciadas no se han convocado y las correspondientes a los procesos de estabilización “ni siquiera están negociadas”, critican. Las tres entidades sindicales mayoritarias piden también agilizar los procesos para reducir “al mínimo” el tiempo entre la aprobación de las plazas, su convocatoria y la ejecución completa, con la incorporación definitiva del persona. Para ello, consideran imprescindible “justificar la necesidad de contratación y establecer mecanismos sancionadores para los gestores públicos y/o las administraciones que incumplan los acuerdos de estabilización”, recoge la carta.

CC OO exige que se inicie “de manera urgente las negociaciones para poder cerrar un nuevo acuerdo en la función pública, con vigencia de legislatura”; que el I y II acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, “que todavía sigue pendiente”; que se elimine “cualquier limitación en la tasa de reposición”; y que culminen “los procesos de incorporación de personal y cesen los abusos y el fraude en la contratación pública”.

Por su parte, UGT propone sancionar “de verdad el fraude o abuso en la contratación de personal temporal en el sector público. No se puede seguir manteniendo la precariedad laboral de miles de empleados públicos”.

Precisamente hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que está “prácticamente ultimado” el real decreto ley que supondrá una “revolución” para la Administración. En la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española en La Rioja, Sánchez señaló que “antes de que acabe el año”, el Consejo de Ministros aprobará la norma que supondrá una “auténtica revolución de nuestra administración” para “absorber y vehicular todos estos recursos en los próximos seis años” procedentes de los fondos europeos. Esta reforma que está “prácticamente” ultimada, dijo, constará “de más de 80 artículos” con modificaciones en la ley de contratos del sector público, la ley general de subvenciones, modificaciones de algunos elementos de la gestión presupuestaria o la agilización de los trámites en los procedimientos de evaluación ambiental y la introducción de un nuevo instrumento de colaboración público-privada. Los sindicatos siguen con la mosca detrás de la oreja.