Las ofertas en B aumentan, la remuneración desciende, el riesgo a ser multadas por desplazarse sin contrato es una realidad y muchas ya han comenzado a engrosar las colas del hambre. Las amenazas de despido constantes son la gota que colma el vaso. «A muchas de mis compañeras les dices sus jefes que si se contagian de Covid, las echan inmediatamente», cuenta Estela, trabajadora doméstica desde hace 15 años. Las empleadas del hogar, uno de los colectivos más esenciales que se ha encargado de menores y ancianos durante esta pandemia, siguen con las manos vacías y sin respuesta del Ministerio de Trabajo.

El subsidio extraordinario para que este colectivo sobreviviera a la crisis llegó meses después de que perdieran sus trabajos. La cuantía más común ronda entre los 50 y los 100 euros, señalan desde Fundación Madrina y UGT, y asciende en los mejores casos a 400 euros al mes. Conrado Giménez, presidente y fundador de Fundación Madrina, las llega a calificar como «ayudas fantasma». Según fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por LA RAZÓN, se han resuelto 47.619 solicitudes, el 68% han sido aprobadas y abonadas. El resto se han denegado porque no cumplían los requisitos y hay otras 8.729 que están pendientes de aportar documentación complementaria. Sin embargo, el número de solicitudes recibidas sigue bailando. Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) afirma que la cifra ronda las 60.000 y Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, dice que Trabajo no les «aclara el dato».

Elías denuncia un «abandono total». Una treintena de trabajadoras del hogar han intentado ponerse en contacto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mediante la campaña en redes sociales #ContamosContigoYolanda. Después de casi ocho meses siendo uno de los colectivos más castigados por esta crisis sanitaria y económica, desde el Ministerio les piden «paciencia», señala la presidenta de SEDOAC.

Los intentos por mejorar el acceso al subsidio de las empleadas del hogar también han sido en vano. Esta prestación estuvo vigente desde el inicio del estado de alarma hasta un mes después de su finalización, el 21 de julio. En cuanto a la cuantía, ascendía al 70% de la base reguladora pero en ningún podía ser superior al SMI, una vez sumada la prestación al resto de actividades compatibles. Esa es la teoría. En la práctica, la ayudas llegaron en su mayoría después del estado de alarma, en ningún caso conocido por estas asociaciones se alcanzó el SMI y su presentación estuvo plagada de impedimentos.

«La Administración está cerrada. Las citas las dan para dentro de 3 o 6 meses, no cogen los teléfonos y la página del SEPE da error aún. El Estado no responde, mientras estas mujeres se van a las colas del hambre», explica el presidente de Fundación Madrina. Las solicitantes, que se debían pedir el subsidio a través de la sede electrónica del SEPE, se han topado con dificultades de acceso a internet y a los documentos necesarios para presentarlo. «No entendemos que siendo tan poca la cantidad y el proceso tan completo, vaya con tanto retraso», denuncia Cristina Antozañas .

«Ya nadie habla de esta ayuda. La mayoría han optado por pedir también el Ingreso Mínimo Vital porque no les vale la pena hacer todo el papeleo del subsidio de trabajadoras del hogar por 50 euros al mes. Es una pérdida de tiempo», remarca Conrado Giménez. Sin embargo, el IMV tampoco les da cobertura en la mayoría de las ocasiones. “El IMV consolida ayudas antiguas pero no ampara a los nuevos pobres», añade el presidente de Fundación Madrina.

Conrado Giménez denuncia que las ayudas son insuficientes, están mal diseñadas, mal implantadas, no hay un seguimiento y no van a llegar ni al 50% de los solicitantes. «La Administración va por un camino y la pobreza por otro. No cuentan con la gente que día a día ve el rostro de la pobreza en la calles», apostilla.

La incertidumbre es aún mayor al no poder conocer el estado de su solicitud. Carolina Elías explica que tras contactos con el director del SEPE y el secretario de Empleo se estableció un canal de comunicación. Una medida estética pero no funcional. «Les mandamos un listado de 300 mujeres que pedían información sobre su subsidio. Solo respondieron a dos correos», señala la presidente de SEDOAC.

En plena segunda ola, las trabajadoras del hogar siguen siendo tratadas como empleadas de segunda. «En el estado de alarma, se quedaron sin empleo, en mayo las volvieron a contratar con el inicio de la desescalada porque había que volver al trabajo pero no había colegios, en verano muchas de ellas fueron despedidas de nuevo y en otoño han vuelto a ser contratadas con reducción de horas», explican desde UGT. Las afectadas no cuentan con ningún tipo de amortiguación para hacer frente a esta montaña rusa. «Para despedir a una empleada doméstica basta con decirle mañana no vengas a trabajar. Bajo la figura de desistimiento no hay que justificar nada ni pagarles indemnización», afirma Cristina Antoñanzas.

«¿Qué ha pasado con esta gente que por primera vez tenía derecho a un subsidio por desempleo y no ha podido acceder a él cuando más lo necesitaba?», plantea UGT. Carolina Elías describe el escenario laboral y personal al que se están enfrentando estas trabajadores ocho meses después del inicio de la pandemia. «Muchas compañeras han tenido que coger lo que haya», explica. Estela, trabajadora del hogar, vio como al inicio de la crisis sus ingresos se redujeron de 950 euros mensuales a 400 euros. En noviembre consiguió un segundo trabajo, llegando a 700 euros al mes, pero trabajando la misma cantidad de horas que antes de la crisis. «Volver a cobrar 950 euros es casi un sueño», cuenta.

Los trabajos en negro se han disparado en un sector de actividad con un ya alto porcentaje de economía sumergida. «Los empleadores se están aprovechando. Ofrecen contratos de interna en negro por 500 euros al mes o incluso trabajar gratis a cambio de alojamiento y comida», alerta Carolina Elías. Estela explica el motivo de este aumento: «La mayoría van del trabajo a casa a encerrarse para no poner en riesgo su puesto. Aún así, ahora todos los trabajos que salen son de interna para evitar que se contagien». Al no tener contratos, muchas de ellas se exponen a ser multadas al desplazarse a sus trabajos, debido a las restricciones de movilidad, y también acaban entrando de internas para evitarlo. «Aceptan porque les da más miedo no llegar a fin de mes y pasar hambre que el coronavirus», añade Elías. En el caso de las que aún no tienen papeles, no les queda otra opción, ya que si se desplazan contra las restricciones «pueden acabar en un CIE o siendo deportadas».

“Somos esenciales, sacrificamos nuestra vida por otros.”

Las clases bajas que necesitan de estos servicios no contratan legalmente porque en muchos casos no cuentan con los recursos económicos para permitírselo. Esta desprotección a la dependencia la están pagando más duramente las trabajadoras domésticas. «Sacrificamos nuestras vidas por las vidas de otros. No es justo que se apliquen condiciones esclavistas», reivindica la presidenta de SEDOAC. «Sin nosotras, las casas no funcionan. Somos esenciales», añade Estela.

Más allá de un subsidio inalcanzable en muchas ocasiones y limitado a los meses del estado de alarma, mientras que los ERTE se prorrogan hasta 2021, las trabajadoras domésticas reclaman que se ratifique el Convenio 189 de la OIT para mejorar sus condiciones laborales y que lleva pendiente desde 2013; que pasen a estar incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social para tener los mismo derechos que el resto de los trabajadores (paro, baja, etc); la eliminación del régimen de interna y una regularización especial para aquellas trabajadoras sin papeles que están cuidando a mayores cuyos familiares están sacando de las residencias, lo que permitiría recaudar impuestos tanto del empleador como de la trabajadora.

La presidenta de SEDOAC también remarca la necesidad de destinar financiación a espacios de formación e información como el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Usera que con la crisis se ha quedado sin ingresos, dejando a numerosas empleadas del hogar sin un lugar para dar a conocer sus necesidades, ser ayudadas en situaciones de crisis y recibir formación en cuanto al uso de productos para hacer frente a la pandemia de forma efectiva. Este colectivo alza la voz una vez más para hacer llegar sus peticiones a las esferas políticas que siguen haciendo oídos sordos.