Las puertas giratorias de la política no cesan

Las puertas giratorias, aquellas que se abren para dar entrada a políticos en las grandes empresas, siguen abiertas de par en par, y «aunque jurídicamente sean legales, no dejan de ser reprobables», explica a LA RAZÓN un político de la vieja guardia, que decidió mantenerse al margen de esta práctica sin ideología, color o capacidad. Pero no todos tienen esa percepción. «Las puertas giratorias existirán siempre porque si no existieran sería una desgracia para la política, que no podría contar con profesionales que puedan entrar y salir», ha defendido en varias ocasiones el exministro de Economía Pedro Solbes, que primero buscó su sitio en el Consejo de Enel y más tarde en el de Barclays tras abandonar la política.

Este fenómeno no resulta único del panorama español, sino que se repite con diferentes niveles regulatorios y de permisividad en todos los países desarrollados –en los emergentes es una práctica casi institucionalizada–. Esta regulación se estableció en España con la ley de incompatibilidades, que señala los posibles conflictos de intereses que puedan tener los altos cargos públicos que se pasan al sector privado. Esta norma fija que durante los dos años posteriores a la fecha del cese, los altos cargos no podrán prestar servicios profesionales en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante su periodo público. Pero su laxitud deja abiertas muchas puertas.

En junio se cumplieron dos años de la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno y al equipo de Rajoy al mercado laboral. Esa fecha límite es la que ha permitido a Rafael Catalá, exministro de Justicia, fichar por Codere, a Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura, incorporarse a dos filiales de Iberdrola o a Íñigo de la Serna a NEC. Pero estos dos son solo los últimos ejemplos, porque estas puertas giratorias no son exclusivas de ningún partido. Presidentes, ministros y secretarios de Estado de todas las formaciones han engrosado consejos de grandes empresas del Ibex, prestigiosos bufetes y organismos.

Jordi Sevilla, ex ministro con Rodríguez Zapatero, llegó a percibir un sueldo por encima de los 500.000 euros como presidente de Red Eléctrica. Tras su dimisión, otra exministra, Beatriz Corredor, le sucedió en el cargo. La también socialista Elena Salgado entró en el grupo de consejeros de Endesa apenas tres meses después de su salida de Ejecutivo, y se estima que percibía unos ingresos que rondaban los 60.000 euros anuales. Las ministras más polémicas de Zapatero, Leire Pajín y Bibiana Aído, se «colocaron» inmediatamente. Pajín como presidenta del lobby socialista Red Española para el Desarrollo Sostenible, y Aído como asesora en la ONU –con un jugoso sueldo y traslado a Nueva York–. La exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez tuvo que dimitir como vicepresidenta del BEI por su implicación en el caso de los ERE andaluces.

José María Aznar, en Endesa; Felipe González, en Gas Natural; Isabel Tocino en Enagás; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en el despacho Cuatrecasas; Albert Rivera, director de la estrategia y la generación de negocio del bufete Martínez-Echevarría... Una lista que continúa alargándose casi indefinidamente con nombres de altos cargos de todos los gobiernos salientes.