Aunque todos los presidentes que han pasado por La Moncloa han negado de momento la posibilidad de celebrar un referéndum secesionista en Cataluña, si alguno accediese a modificar la Constitución para permitir dicho referéndum y como resultado del mismo surgiera un Estado independiente, la primera consecuencia económica de la misma sería que el nuevo país no formaría en ningún caso parte de la Unión Europea y, por tanto, del euro. Estas circunstancias complicarían no sólo su viabilidad económica sino que también le crearían problemas con su moneda.

La salida de la eurozona implicaría, pues, un serio contratiempo para la financiación de la nueva República de Cataluña. De entrada, al quedar fuera del sistema de pagos de la zona euro, se cerraría la posibilidad de que sus bancos puedan recurrir al BCE o al MEDE para obtener financiación. También se esfumarían sus opciones de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ni al Plan de Pago a Proveedores establecido por el Gobierno español.

Fuera de la UE y de la eurozona y también sin apoyos nacionales, ¿quién sería el prestamista de último recurso de la deuda pública catalana? Sus condiciones para acceder a los mercados serían probablemente mucho más difíciles que las actuales, ya de por sí limitadas, como lo demuestra el hecho de que haya tenido que acudir al FLA en los últimos años dado que los mercados financieros están cerrados para esta comunidad. La emisión de deuda de la Generalitat de Cataluña lleva ocho años catalogada como «bonos basura». De hecho, el BCE, que lanzó en 2015 el programa de compra de deuda pública, no puede adquirir bonos de la Generalitat al no tener la calificación mínima para poder ser adquiridos.

Moneda

En esta difícil coyuntura, a Cataluña se le plantearía también la cuestión de qué hacer con la moneda. Fuera de la eurozona, el euro dejaría de ser su moneda. Podría seguir usándola, tal y como hacen países como Kosovo o Montenegro, pero con evidentes escollos y un gran riesgo de que fuera inviable, como advertía un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las concesiones económicas de su independencia. La adopción unilateral del euro conlleva una pérdida de autonomía en algunas cuestiones de política económica. Para empezar, el país que adopta como moneda legal una extranjera pierde la capacidad de emitir moneda, y, por lo tanto, de llevar a cabo una política monetaria autónoma. Además, debe acomodar su política fiscal al área euro para evitar que «shocks» externos afecten en mayor medida a su economía. De la misma forma, tiene que adaptar la evolución de sus costes salariales a la de los precios de la zona euro para no perder competitividad. A todo ello se suma que puede tener un problema de falta de reservas en su banco central, al no poder emitir moneda, y solo obtener euros de sus transacciones con el resto del mundo. Es decir, que si el saldo de todas las operaciones de su balanza por cuenta corriente y de su cuenta financiera fuera negativo, el país tendría una pérdida de reservas que afectaría a su crecimiento.

Es verdad que existiría la posibilidad de que se financiase recurriendo a préstamos en el mercado interbancario de euros, pero si Cataluña tiene ya difícil la salida a los mercados, en el hipotético caso de la independencia, sería más complicado todavía. Y si pudiera, probablemente la lograría a un coste más alto que el que de otros países de la zona euro, encareciendo la financiación de sus empresas y sus economías domésticas y haciéndolas menos competitivas. También podría emitir deuda en euros, pero tendría un coste muy alto en vista de que su deuda tiene ahora la categoría de «bono basura». Lo más probable también es que los bancos españoles que hoy refinancian la deuda catalana porque está dentro del eurosistema y, por tanto, pueden descontarla en el BCE, dejarían de hacerlo si no existiese esa posibilidad. Y lo mismo ocurriría con el resto de entidades financieras. De hecho, en el momento de declarar su independencia, probablemente se produciría una fuga de capitales a la que habría que sumar la fuga de depósitos de bancos catalanes, que dejarían de estar dentro de la eurozona, lo que le forzaría a crear una nueva moneda.

Una nueva moneda

Pero la nueva moneda nacería con graves problemas. Su credibilidad y, por tanto, el tipo de cambio con respecto al euro estaría muy cuestionada. Con un empeoramiento muy probable de su balanza por cuenta corriente debido a la probable caída de las exportaciones, inversiones y turismo, por lo menos en el corto plazo, la nueva moneda catalana se depreciaría y aunque esto aumentaría las exportaciones, también dispararía la deuda pública, que estaría denominada en euros. Y esto provocaría una salida masiva de capitales. Las entidades financieras establecidas en Cataluña no catalanas establecerían sus sedes sociales fuera de Cataluña y las entidades financieras catalanas muy posiblemente también se deslocalizarían.

Si los mercados financieros aceptaran la emisión de deuda en la nueva moneda catalana, el coste de financiación sería elevadísimo y el nuevo Estado, con una elevada deuda pública denominada en euros, y que, por tanto, tendría que pagar en euros se colocaría incluso al borde de la insolvencia.

Cataluña también podría tratar de alcanzar un acuerdo que le permitiera usar el euro, como hacen Andorra, San Marino, el Vaticano y el Principado de Mónaco. Según la legislación europea, es el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión Europea y previa consulta al BCE, quien decide sobre dichos acuerdos. En el caso que un país solicite la apertura de las negociaciones para la firma de un acuerdo monetario con la UE, la Comisión analiza primero si se cumplen las condiciones necesarias para recomendar al Consejo la apertura de las negociaciones. En caso que la Comisión considere que se cumplen, el Consejo por mayoría cualificada adopta la apertura de negociaciones, previa consulta al BCE.

Hándicap

La opinión del eurobanco a este respecto podría, según el informe, ser un escollo insuperable. Dado el mayor tamaño de Cataluña, es cuestionable que diera su visto bueno pues podría poner en riesgo su meta de estabilidad de precios. Además, para tener el informe favorable del BCE y la Comisión, sería necesario que hubiera pasado un tiempo suficiente de independencia del país para que ambas instituciones puedan confirmar que cumple la normativa comunitaria pertinente sobre prevención de blanqueo de capitales, prevención del fraude o la falsificación de medios de pago. En el caso de Andorra, fueron necesario más de ocho años para su aprobación.