Transportes no garantiza que la Ley de Vivienda vaya a estar lista en marzo y Podemos estalla

Primero iba a estar lista a finales de enero. Luego, se retrasó hasta la celebración de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero ante las evidentes discrepancias existentes entre los socios de Gobierno sobre cómo regular el mercado del alquiler. Y ahora, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ni siquiera está seguro de que vaya a poder tener lista la norma en marzo, una circunstancia que Podemos considera inadmisible. La Ley de Vivienda se ha convertido definitivamente en una fuente de gran conflicto entre PSOE y Podemos, para quien esta legislación es prioritaria.

Los equipos de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y del secretario general de Agenda Urbana, David Lucas, se han reunido este miércoles para seguir negociando la Ley de Vivienda. Pero como ya ocurrió en sesiones previas, fuentes de Unidas Podemos aseguran que no se han registrado avances en la negociación. Según aseguran los consultados, las resistencias del PSOE a cumplir el acuerdo de Gobierno, especialmente en lo referido a la regulación de los precios del alquiler, impiden cualquier avanzar. Mientras que los socialistas son partidarios de intentar que los precios bajen mediante incentivos fiscales a los propietarios, Podemos sigue defendiendo la intervención directa de los precios. A los socialistas, a pesar de haber llegado a promover el índice de precios estatal que debería servir de base para esta limitación de precios, esta opción ahora les chirría. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio ayer pistas de por dónde van las dudas de los socialistas. Montero declaró ayer que aunque oficialmente no renuncian a esta limitación, hay aspectos a contemplar importantes. El primero, dijo, es que “hay que aprovechar las experiencias que tienen otros países y el objetivo que perseguimos es que no tenga efectos secundarios (la herramienta elegida) como la contracción de la oferta del alquiler”. Varios estudios han demostrado que la limitación de precios en ciudades como por ejemplo Berlín han contraído la oferta de vivienda en alquiler.

Al Gobierno tampoco se le escapa que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional tumbó varios artículos del decreto catalán de vivienda y advirtió de que los precios debían seguir fijándose de forma libre entre propietario e inquilino. A este respecto, Montero hizo hincapié en la necesidad de que esta norma esté “perfectamente articulada en el marco constitucional”. “No queremos que el Tribunal Constitucional diga que no es conforme a derecho”, añadió, tras afirmar que “ojalá se pueda traer en las próximas semanas un texto consensuado”.

En vista de que las posturas siguen tan alejadas, desde Transportes han trasladado a Podemos que “intentarán llevar el texto” al Consejo de Ministros en marzo, lo que ha provocado un profundo malestar en los morados. Podemos, que ha advertido de que la política de vivienda, y la intervención de precios del alquiler en concreto, es una de sus líneas rojas; ha exigido que la norma se lleve de manera “urgente” al Consejo para cumplir así con el acuerdo que tienen ambos partidos.