Ábalos contra Iglesias: así es su batalla por la regulación de los alquileres

Uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Podemos especificaba lo siguiente: «El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas». Es decir, PSOE y Podemos pactaron regular los precios de los alquileres en zonas definidas como «tensionadas» por el propio Ministerio de Fomento.

Sucede que, cuando los socialistas firmaron esa parte del acuerdo de gobierno con Podemos, eran muy conscientes de que se trataba de una política económica nefasta. Durante décadas hemos acumulado evidencia nacional e internacional que apunta en una misma dirección: establecer topes a las rentas del alquiler sólo reduce la oferta presente y futura de inmuebles en régimen de arrendamiento. Los motivos para ello son variados. A corto plazo, o los propietarios pasan a venderlos –lo que los vuelve inaccesible para muchos inquilinos– o directamente los dejan vacíos; a largo plazo, o dejan de invertir en su renovación o no invierten en construir nuevas viviendas. A su vez, aquellos propietarios que siguen alquilando empiezan rechazar a los inquilinos menos solventes –ya que no pueden subirles el precio para compensar su mayor riesgo, los excluyen de la posibilidad de alquilar–.

Acaso por ello, y en contra de la textualidad del acuerdo de gobierno, el Ministerio de Fomento de Ábalos ha propuesto finalmente un esquema de bonificación fiscal –y no de control de precios– para aquellos propietarios que decidan mantener los precios del alquiler por debajo de los índices de referencia. En general, todos los propietarios que alquilen sus inmuebles recibirán una bonificación fiscal del 50% de los ingresos obtenidos –ahora mismo, el 60%–, pero si optan por abaratarlos en un 10% en las zonas tensionadas, la bonificación podría llegar a ser del 90%. Por ejemplo, si una vivienda se alquila por 10.000 euros anuales en una zona tensionada, el propietario sólo tributará sobre una base de 5.000 euros; si el tipo marginal al que se enfrenta ese propietario es el 47%, entonces deberá pagar 2.350 euros al Fisco. Sus ingresos por alquiler después de impuestos serían de 7.650 euros.

Ahora bien, y ésta es la específica propuesta del PSOE, si el precio del alquiler se reduce en un 10%, hasta los 9.000 euros anuales en nuestro ejemplo, el propietario sólo tributará sobre una base de 900 euros, lo que a un tipo marginal del 47% supondría pagar 423 euros: sus ingresos por alquiler después de impuestos serían de 8.577 euros.

Nótese, sin embargo, que esta propuesta es crecientemente beneficiosa cuanto más acaudalado sea el propietario del inmueble. En el ejemplo anterior, la ganancia fiscal por rebajar el precio del inmueble ascendía a alrededor de 900 euros anuales; pero si el tipo marginal del IRPF al que se enfrentara el contribuyente no fuera del 47% sino del 30%, el ahorro caería a 230 euros anuales; y si el tipo marginal fuera del 24%, el propietario incluso perdería 16 euros anuales acogiéndose a la bonificación que le ofrece Fomento.

En definitiva, el plan que plantea el PSOE para rebajar el precio del alquiler no deja de ser una subvención regresiva para aquellos propietarios de vivienda que abaraten sus arrendamientos. No es una medida ni especialmente eficiente ni especialmente equitativa, pero desde luego es mucho menos mala que la desastrosa alternativa que plantea Podemos. Ojalá Ábalos termine imponiéndose a Iglesias –o a Díaz–.

Contrarreforma laboral

Otro punto de fricción que hemos experimentado esta semana dentro del Ejecutivo de coalición ha sido el de la reforma laboral del año 2012. Mientras que la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Yolanda Díaz, está empeñada en derogarla, la ministra de Economía y futura vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha desdeñado tales planteamientos desde los micrófonos de Onda Cero calificándolos como meros «eslóganes».

Esperemos que Calviño termine teniendo razón y que las pretensiones de Podemos se queden en meros eslóganes con los que engañar a sus bases electorales. Y es que la reforma laboral de 2012, si bien mejorable en muchos aspectos, va esencialmente en la buena dirección de flexibilizar las relaciones laborales y reducir la dualidad del mercado de trabajo, de modo que su derogación sería claramente contraproducente.

Contra los autónomos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere que los autónomos comiencen a cotizar en función de sus ingresos reales a partir del año 2022. Aunque el sistema específico todavía no ha sido presentado públicamente, de acuerdo con Escrivá, supondrá una rebaja para el 70% de los autónomos y un aumento para el otro 30% (algo más de medio millón de personas). Entre unos y otros, la Seguridad Social pretende recaudar 2.000 millones de euros más al año, los cuales saldrán íntegramente de ese medio millón

de autónomos, que pagarán más de lo que abonan ahora mismo. Un completo atraco, sobre todo teniendo en cuenta que las prestaciones que recibirán también se verán recortadas en el futuro, y que pesará sobre ellos este nuevo peso después de un muy duro 2020.

Rescate amañado

El rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de la Sepi está totalmente injustificado. En teoría, los 10.000 millones de euros con los que cuenta este organismo para reflotar empresas en dificultades deberían dirigirse solo a compañías estratégicas que se han visto afectadas por la pandemia, pero Plus Ultra no cumple ninguna de estas condiciones.

Ni es una empresa estratégica –atiende menos del 1% del tráfico aéreo español: una cifra que perfectamente podría ser suplida por el resto de aerolíneas si Plus Ultra quebrara– ni es una compañía afectada por la pandemia –no ha obtenido beneficios durante ningún ejercicio desde que fue creada–. ¿Por qué entonces se la rescata? Probablemente, porque sus accionistas son venezolanos con una gran sintonía con el régimen bolivariano con el que tanto PSOE como Podemos mantienen estrechas relaciones.