Los caseros aceptan controles al alquiler a cambio de desahucios rápidos y exigir más garantías a los inquilinos

Los impagos, los destrozos y la inseguridad jurídica, principales preocupaciones de los propietarios, según un estudio de Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler

Una mujer pasa por delante de varios anuncios de alquiler
Una mujer pasa por delante de varios anuncios de alquilerJESUS G. FERIA

La mayoría de los propietarios de viviendas en alquiler estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas para bajar el precio de los arrendamientos siempre y cuando éstas reviertan en algún tipo de compensación para ellos. Así se desprende del informe “Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?”, elaborado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) y que arroja como principal conclusión que aunque los caseros españoles no están totalmente en contra de regular el mercado, sí que consideran que la Ley de Vivienda que está diseñando el Gobierno no recoge sus principales necesidades en vista de cuales son sus inquietudes y deseos.

El informe, realizado en base a 800 entrevistas, concluye que un 75% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si, a cambio, se agilizasen notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas y las pudiesen recuperar en un máximo de dos meses. En este sentido, más de seis de cada diez propietarios consideran que una reducción en el plazo de los desahucios en caso de un impago de la renta aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores. En la misma línea, más del 70% estaría dispuesto a apoyar dichas medidas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases de datos oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Por otra parte, el 67% de los propietarios aceptaría este tipo de medidas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.

Algunas medidas intervencionistas ya aplicadas o con posibilidades de ser aprobadas son vistas con recelo por los propietarios. Ante eventuales medidas del Estado para bajar el precio de los alquileres, un 36% de los propietarios ve atacada su libertad de decisión sobre su vivienda y un 32% opina que su poder adquisitivo disminuiría.

Política intervencionista de congelación de rentas

Respecto a la posibilidad de una congelación de las rentas durante cinco años, y como ocurre en el caso de la intervención en general, son mayoría los que piden también acelerar los desahucios, más garantías y consultar registros de morosos para aceptarlas. El 66% de los propietarios la apoyaría si pudiese también recuperarla en un plazo máximo de dos meses desde el impago. Asimismo, el 53% sería favorable siempre a que el propietario pudiera consultar antecedentes de impagos en bases de datos oficiales, y más de la mitad de los propietarios estarían de acuerdo con esta medida siempre que fuera posible aumentar la garantía solicitada al inquilino.

No obstante, a pesar de que gran parte de los propietarios estarían dispuestos a apoyar la congelación de rentas si se pudieran exigir más garantías a los inquilinos, consultar los antecedentes de impago o acelerar los desahucios, sólo un 42% considera que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.

Okupación

Profundizando en la cuestión de los desahucios, el Decreto-ley 37/2020 para suspender el procedimiento de desahucio durante el Estado de Alarma producido por la pandemia es visto de manera negativa por la mayoría de los propietarios españoles, que lo consideran como un catalizador para la okupación. Según el 68%, este Decreto-ley va a provocar una gran inseguridad a los inversores y es visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la okupación (65%). De hecho, una gran mayoría (69%) ve el Decreto-ley como el resultado de la incapacidad de las instituciones públicas para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables.

En consecuencia, más del 60% considera que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo en materia de alquiler y la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles. Además, más de 6 de cada 10 propietarios opinan que es un paso más hacia la protección de la okupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos.

La okupación de las viviendas, junto al estado en que puedan encontrárselas, son dos de las grandes preocupaciones de los propietarios que, en general, tienen sentimiento de desprotección jurídica frente al inquilino. Para evitar problemas un 77% admite que selecciona mucho a quien va a alquilar su casa para ahorrarse problemas. Pero no es suficiente. Como ha explicado José Ramón Zurdo, director general del ANA, “se necesita más seguridad jurídica. Muchos propietarios no sacan viviendas a alquilar porque no saben cuándo las recuperarán en caso de impago y en que estado”.