Ábalos ignora la intervención de precios de Iglesias y propone bonificaciones de hasta un 90% por alquilar barato

Transportes apuesta por exenciones en los rendimientos del IRPF para aquellos que arrienden sus viviendas por debajo del índice de precios en zonas tensionadas

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El PSOE no está dispuesto a tragar con el deseo de Podemos de intervenir los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos ha presentado una propuesta a sus socios de gobierno en el marco de la negociación de la Ley de Vivienda que apuesta por la contención y bajada de precios mediante exenciones fiscales en el IRPF que parten con carácter general del 50% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado donde las bonificaciones pueden oscilar entre el 70% y el 90% y la definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De esta forma, el ministerio considera que hace compatible “la contención de los precios del alquiler de vivienda con un significativo incremento del stock de oferta existente” y cumple, además, con su acuerdo de Gobierno con Podemos.

El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentado por el ministerio y al que ha tenido acceso LA RAZÓN propone, con carácter general, una mejora de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles a través de la modulación de la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, propone establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50%, ampliable en un 10% para el alquiler de viviendas de protección sujetas a algún régimen de calificación o norma jurídica que fije el precio máximo de alquiler y para los arrendamientos de viviendas recientemente rehabilitadas cuando se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta. La reducción alcanzará el 70% si se alquila la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años. Transportes también plantea bonificaciones si el inmueble se alquila a inquilinos con ingresos reducidos, aunque todavía no ha establecido el porcentaje.

Zonas tensionadas

El anteproyecto introduce también la declaración de zonas de mercado residencial tensionado sobre la base de los índices estatales de referencia del alquiler que aprobó Transportes. Estas zonas, caracterizadas por un notable incremento de precios en los últimos años y una mayor sobrecarga para el pago del alquiler, tendrán una vigencia de tres años prorrogables y se recogerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado previa propuesta de la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma de turno. Las administraciones afectadas aprobarán Planes de Acción a tres años, para revertir la situación, aplicando mecanismos efectivos de contención y bajada de precios. El ministerio considera que es en estas zonas donde se ha producido un incremento más sostenido de precios en los últimos años y donde debe intervenir. Pero no se plantea hacerlo, en ningún caso, regulando los precios como quiere Podemos. Su apuesta es incidir en las bonificaciones fiscales. Para ello, propone una exención adicional del 20% sobre el 50% que establece con carácter general en los rendimientos que da una vivienda alquilada para las residencias que se incorporen al mercado con alquileres inferiores a una renta máxima en estos lugares. También propone una bonificación adicional del 40% para aquellos alquileres de estas zonas que mejoren sus condiciones del contrato del inquilino existente en más de un 10%, de tal forma que la bonificación del IRPF alcanzaría el 90%. Asimismo, Transportes propone establecer un porcentaje de reducción del 70% para viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible (vivienda asequible incentivada) y para la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.

El anteproyecto también contempla que en la zonas tensionadas, los grandes tenedores de vivienda deberán colaborar y prestar información para asegurar el uso efectivo de sus inmuebles. Transportes ha introducido también a este respecto una novedad pues no define a los grandes tenedores en función del número de viviendas que tienen sino “en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado de alquiler de dicha zona, que deberá representar al menos el 1% de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona”. No obstante, tampoco hay mención alguna a la petición de Podemos de obligar a esta colectivo a destinar el 30% de su parque a alquiler social.

Transportes considera que su oferta es, desde un punto de vista fiscal, lo suficientemente atractiva como para suscitar interés. Así, por ejemplo, asegura que si un propietario firma un nuevo contrato de alquiler en una zona tensionada reduciendo un 10% la renta del contrato anterior tendría derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración. Es decir, suponiendo un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales, si firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.

Transportes también quiere que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) defina de forma clara lo que es un inmueble residencial desocupado para que los ayuntamientos puedan aplicarle un recargo. Sólo se librarían en determinados supuestos como el traslado temporal por razones laborales o de formación, inmuebles destinados a segunda residencia con cuatro años de desocupación o un cambio de residencia por razón de dependencia, salud o emergencia social. Actualmente, la Ley Reguladora de Haciendas Locales ya establece este recargo, si bien no concreta los parámetros para definir vivienda vacía y remite su concreción a otras leyes locales o estatales. En este caso, Transportes sí va en línea con lo demandado por Podemos de penalizar las viviendas vacías para que salgan al mercado.

Con su propuesta de regulación, Ábalos rechaza de plano los principales planteamientos de Podemos, que ha reiterado en diversas ocasiones que la regulación de los precios del alquiler es una de las líneas rojas que no está dispuesto a traspasar. A este respecto, el ministerio argumenta que los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han sido eficaces y sólo han contribuido a contraer la oferta, lo que ha dificultado el acceso a los más vulnerables. En su opinión, las características del mercado español, dominado por pequeños propietarios para los que la vivienda del alquiler no es su principal actividad, hacen más adecuado un sistema de estímulos que otro de medidas restrictivas que podrían contribuir a esa contracción de la demanda vista ya en otros países.