«Nadie se va a quedar atrás. Este Gobierno no dejará a nadie por el camino». Palabras textuales de Pedro Sánchez en los primeros compases de la pandemia, que hicieron suyas en numerosas ocasiones ministros como Ábalos, Calviño, Montero y, sobre todo, Díaz.

Pero la realidad, a tenor de las cifras acumuladas durante los últimos doce meses, dista mucho de haber cumplido con esa promesa. Solo hay que fijarse en la denominadas«colas del hambre», que han protagonizado tristemente la realidad de la calle en miles de ciudades y pueblos.

Aunque su incidencia ha remitido en los últimos meses, con la vuelta a la actividad de muchas empresas que han recuperado de los ERTE a buena parte de sus plantillas, esta realidad no ha desaparecido y sigue ahogando la moral y la vida de miles de familias vulnerables. Según cifras de las organizaciones no gubernamentales –las que está solventando por su cuenta esta situación–, cifran en más de un millón de personas las que sufren pobreza severa y recurren semanalmente a sus ayudas.

El Ejecutivo decidió apostar por la aprobación de un ingreso mínimo vital, que iría destinado a este tipo de hogares vulnerables. Superada la guerra interna entre ministerios para apuntarse en su debe este logro, finalmente se llegó a un consenso para dotar a las familias sin recursos de una renta básica para garantizar su subsistencia.

Pero seis meses después, las prisas y la improvisación en la elaboración de esta prestación –pese al empeño del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá–, se han tenido que realizar sucesivas rectificaciones porque siete de cada diez peticiones había sido rechazada. Eso son más de 600.000 de los 873.000 expedientes tramitados, de un total de 1,2 millones de solicitudes. Eso significa que en torno a un millón siguen pendientes de alguna ayuda, muy lejos de las previsiones gubernamentales.

Los más afectados

El Gobierno también sigue sin dar cobertura a más de 100.000 negocios dirigidos por autónomos que se mantienen fuera del plan de ayudas directas aprobado por el Consejo de Ministros. Ha pasado más de un mes y la prometida ampliación brilla por su ausencia, por lo que tendrán que cerrar definitivamente si no llegan los 7.000 millones aprobados.

En su último barómetro de situación de este colectivo, ATA determinó que ya han perdido 75.000 millones de euros de facturación, mientras que las distintas administraciones públicas tienen una morosidad reconocida con sus negocios de 80.000 millones. Y recuerdan que 193.000 trabajadores por cuenta propia se irán directamente al paro una vez que termine la vigencia de la prestación extraordinaria por cese porque no tienen ninguna alternativa de recuperar su actividad, y que 300.000 negocios habrán bajado la persiana.

En este contexto, el Gobierno no accedió a conceder moratorias fiscales y aumentó las cotizaciones sociales, en contraposición con la congelación de impuestos y cuotas de otros países, además de paquetes de ayudas directas desde el inicio de la crisis sanitaria.

Entre las pymes, las cifras son aún peores. La patronal Cepyme advierte de que si los requisitos del plan gubernamental no cambian, más de dos millones de pymes quedarán excluidas de las ayudas, lo que colocaría a cientos de miles de ellas estarán al borde del cierre. Según su análisis, al menos un 47% de las empresas estarían fuera del plan, que se materializan en 1,5 millones de las más de 3,4 millones de empresas registradas. Sin embargo, el resto de requisitos administrativos que se exigen elevaría el número de pymes excluidas por encima del 53%, es decir, unos dos millones.

La hostelería y el comercio son otros de los grandes damnificados de la pandemia y de la falta de ayuda del Ejecutivo. Patronales, empresarios y trabajadores siguen reclamando medidas urgentes, un plan de choque y ayudas directas que no acaban de llegar. Mientras tanto, acumulan ya un agujero de de 70.000 millones de euros y 600.000 empleos, de momento.

De aquí a final de año, 100.000 empresas y 1,1 millones de puestos de trabajo se perderán si no se actúa de inmediato. Respecto al comercio, 160.000 establecimientos están a punto de cerrar, que se suman a los 100.000 perdidos ya ante la indiferencia gubernamental. En general, el sector turístico ha perdido ya 110.000 millones por la pérdida de turistas extranjeros.

La industria, sobre todo de la automoción, ha denunciado también que las medidas tomadas por el Gobierno han lastrado su ya débil situación por la pandemia. La subida del impuesto de matriculación ha derrumbado sus ventas más de un 50%.

En cuanto a los términos sociales, una de las banderas del Gobierno de coalición, solo una muestra: se han disparado las ejecuciones hipotecarias casi un 20% y se iniciaron un 18% más de procedimientos por impago de préstamos.

A todas estas cifras hay que sumar otras 680.300 personas englobadas en el desempleo oculto, los se han quedado sin empleo pero no se encuentran inscritos en el desempleo. Según datos ofrecidos por UGT, durante la pandemia este colectivo ha tenido un crecimiento de 175.000 personas sobre 2019.