¿Peajes en las autovías? Los conductores ya pagan cada año 29.500 millones en impuestos

El Gobierno de PSOE-Podemos se ha comprometido con Bruselas a establecer a partir del año 2024 un peaje en todas las carreteras de un único sentido. El motivo es que necesitamos incrementar la inversión en conservación y mantenimiento de estas infraestructuras hasta los 1.300 millones de euros anuales y que, además, acumulamos un déficit de subinversión cercano a los 8.000 millones de euros… de modo que hace falta dinero. ¿Y de dónde puede salir ese dinero? Del bolsillo de los conductores, que son quienes usan –y desgastan– las carreteras.

El argumento suena razonable porque, en efecto, los servicios públicos debería costearlos, en todo o en parte, aquel que hace uso de los mismos. Si una persona no valora lo suficiente un servicio público como para hacerse cargo de su coste, entonces es que los recursos empleados en suministrar ese servicio público estarían mejor empleados en otra parte de la economía. Por ejemplo, puede haber espectadores que actualmente sintonicen Televisión Española porque les sale «gratis» seleccionarla en su mando a distancia (esto es, pagan vía impuestos el coste del ente público con independencia de si ven su televisión o no), pero muchos de esos mismos espectadores probablemente optarían por no verla si, de ese modo, pudiesen ahorrarse su parte proporcional en el presupuesto de esta compañía pública.

Por consiguiente, en general tiene pleno sentido que los usuarios se hagan cargo del coste de los servicios que reciben. Y, en particular, también lo tiene en el caso de los peajes y las carreteras. Ahora bien, los conductores también tienen razón cuando replican que ellos ya están abonando impuestos más que sobrados por circular por las carreteras. En particular, en 2018 el Estado recaudó 456 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación, 2.905 millones de euros por el impuesto de circulación, 4.856 millones de euros por el IVA sobre la adquisición de coches nuevos, 7.370 millones de euros por el IVA sobre los carburantes, 13.452 millones de euros por el Impuesto especial sobre Hidrocarburos y 523 millones de euros por ventas de vehículos de segunda mano. En total, más de 29.500 millones de euros.

¿Cómo es posible que el Estado diga entonces que no tiene recursos suficientes para hacer frente a una inversión anual de 1.300 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras españolas si recauda cada ejercicio 29.500 millones de euros a costa de los conductores? Pues porque todo ese dinero se destina a otros fines no vinculados con el mantenimiento de las carreteras (ya sea educación, sanidad, dependencia, burocracia, I+D, subvenciones…), de modo que no queda suficiente para conservar la infraestructura. Y es ahí donde entra el nuevo sistema de peajes que se quiere imponer adicionalmente sobre los conductores. Es decir, de lo que se trata es de seguir cobrándoles todo lo que ya se les cobra y, además, los peajes. Por tanto, se trata de una subida de la tributación encubierta sobre el conjunto de la población conductora.

En definitiva, aunque sería perfectamente razonable y deseable financiar el mantenimiento de las carreteras a través de peajes, esto debería hacerse a costa de rebajar otros impuestos (por ejemplo, el de circulación o el de matriculación) de tal manera que la propuesta sea neutra desde un punto de vista recaudatorio. En caso contrario, como decíamos, no pasará de ser un sablazo fiscal encubierto.

Eliminar la tributación conjunta

Por mucho que ahora lo niegue, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a eliminar la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Tal supresión, que acaso pueda tener sentido desde el punto de vista de los efectos perversos que genera sobre la oferta laboral, no es sin embargo nada equitativa desde un punto de vista fiscal. Imaginemos un hogar donde ambos miembros del matrimonio trabajan y perciben, cada uno, un salario de 15.000 euros anuales: ese hogar (ingresos de 30.000 euros) pagará un IRPF de 1.750 euros (875 euros por contribuyente). Ahora imaginemos otro hogar donde sólo uno de los miembros trabaja y obtiene unos ingresos de 30.000 euros: en tal caso, esa familia pagará un IRPF de 5.350 euros. Para remediar (sólo en parte) esta injustificable diferencia, existe la reducción por tributación conjunta.

Primeras medidas de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ganó con claridad las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo hizo con un programa económico que se fundamentaba en la bajada de impuestos, en la reducción de regulaciones y en la ampliación de la autonomía de elección de servicios públicos. Y, en parte, su acción de gobierno comenzará con medidas que entroncan con estos planteamientos. Por un lado, una de las primeras rebajas fiscales que pretende adoptar es la de incrementar la bonificación fiscal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos; por otro, Ayuso también busca aprobar la ley de unidad de mercado, que facilitará que empresas de otras regiones de España se instalen en Madrid. Queda pendiente profundizar en la libertad de elección de servicios públicos.

Suspender las patentes

El Gobierno estadounidense de Joe Biden se ha manifestado a favor de suspender temporalmente las patentes de vacunas contra el coronavirus para incrementar su fabricación. El problema es que la suspensión de patentes no contribuirá demasiado a aumentar la producción y acaso sí contribuya a reducirla. A la postre, las farmacéuticas ya están extendiendo actualmente licencias de uso a otras farmacéuticas con capacidad para producir. Lo que a día de hoy limita un incremento sustancial de la producción de fármacos es una oferta insuficiente de los materiales necesarios para fabricarlos (por ejemplo, de grandes bolsas de plástico en las que mezclar los ingredientes). Y nada de esto cambiará suspendiendo las patentes: es un brindis al sol de efectos potencialmente perjudiciales.