Los peajes no se aplicarían a carreteras que no sean autovías y rondarían el céntimo por kilómetro

No habrá peajes en aquellas carreteras que no sean de gran capacidad. Aunque en el Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas se da a entender la posibilidad de que el pago por uso se extendiera a todas las carreteras españolas, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que la propuesta sólo afecta a aquellas autovías que ahora son gratuitas.

El Ejecutivo ha comunicado a la Comisión Europea que prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024. En uno de los párrafos del documento, el Ejecutivo explica que el sistema podría ser «escalable y progresivo», lo que se interpretó como que inicialmente se aplicaría en la red de alta capacidad (autovías) para extenderlo luego de forma progresiva a otro tipo de carreteras. Sin embargo, fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos han aclarado a LA RAZÓN que si finalmente se apuesta por los peajes, se aplicarán sólo en las autovías estatales y no en otro tipo de carreteras. Cabría la posibilidad, añaden, de que en una segunda fase los gobiernos autonómicos pudieran también aplicar peajes en las autovías que son de su competencia.

Todo, en cualquier caso, se mueve a día de hoy en un terreno más hipotético que real, advierten. A día de hoy, explican, no hay una propuesta cerrada y lo que se haga «se hará con consenso político» porque en el Gobierno no son ajenos al fuerte rechazo que genera una medida de este tipo, algo que ya pudieron comprobar ayer mismo con críticas de la oposición y otros colectivos. «Ahora mismo no se puede hacer», reconocen estas fuentes. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siguiendo lo que parece una consigna gubernamental para rebajar la tensión, insistió también en que la medida «se está estudiando», de manera que desechó que «se ponga en marcha ahora». Habrá que esperar, dijo, a que la recuperación esté asentada, diagnóstico en el que coincidió con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Hay un compromiso del Gobierno de buscar al máximo el consenso y que esta medida, que no está definida y no es de aplicación inmediata, no llegue a materializarse hasta no tener asentada la recuperación y la integración de aquellas respuestas adecuadas a los colectivos que necesiten algún tipo de matiz», dijo Ribera en línea con Montero.

Tarifas

Por no estar, no está definida ni la tarifa que se aplicaría, aseguran desde Transportes. Lo único que está claro, explican, es que estaría más cerca del céntimo por kilómetro que de lo que demanda Seopan, la patronal de las concesionarias. Esta organización, en su última estimación, considera que sería necesario aplicar un pago de 9 céntimos por kilómetro para asegurar una cantidad de ingresos suficiente con la que mantener las carreteras. Pero el Gobierno asegura que bastaría con un peaje mucho más bajo.

En la actualidad, los Presupuestos del Estado una partida de unos 1.000 millones de euros para conservación de carreteras. Una cantidad a todas luces insuficiente pues, según cálculos de la Asociación Española de Carreteras (AEC), la red arrastra un déficit de conservación de 8.000 millones de euros. Una cantidad que presumiblemente irá en aumento puesto que el Ejecutivo no está renovando las concesiones que van caducando.