Empresas
El acuerdo entre Veolia y Suez pone en riesgo más de un centenar de empleos en España
Labaqua, el laboratorio alicantino que rastrea la Covid-19 en aguas residuales, en peligro de extinción
El laboratorio de referencia en España en el rastreo de la Covid-19 en aguas residuales se encuentra en peligro de extinción. Al menos, si no se garantiza el empleo de su centenar de trabajadores, excluidos en el pacto Veolia-Suez que estará rubricado previsiblemente el próximo día 14. El acuerdo garantiza más de cuatro años de empleo para los franceses pero excluye a los españoles de Labaqua, lo que supone un grave riesgo de desaparición de una compañía líder en investigación y desarrollo. La operación diseñada tras la OPA hostil de Veolia contra Suez incluye todas las empresas del negocio español de Aguas de Barcelona, salvo la tecnológica.
El riesgo de desaparición de la compañía española puede suponer un duro golpe a la innovación en España. Máxime, en estos momentos, en los que Labaqua desarrolla una labor imprescindible en la lucha contra la pandemia de la Covid-19. El laboratorio analiza las aguas residuales de toda España desde que empezó la crisis sanitaria y desarrolla una importante actividad empresarial en nuestro país. Sin embargo, el pacto entre los dos gigantes franceses para repartirse el conglomerado de empresas podría poner en peligro su supervivencia. Más de un centenar de trabajadores podrían perder sus empleos y, por tanto, la actividad de la compañía sería residual si se cumplen los planes del acuerdo que Veolia y Suez tienen previsto firmar próximamente. En el acuerdo se garantiza la estabilidad por cuatro años más uno de las plantillas francesas, pero no se incluye garantía alguna para los trabajadores de Labaqua. Según explican fuentes sindicales, «la OPA la van a tener que pagar los trabajadores de Labaqua y el laboratorio, que pasará de la excelencia en innovación a unas condiciones precarias en las que será imposible mantener los estándares de calidad que se desarrollan en la actualidad», advierten. Y es que si la compañía queda excluida del grupo empresarial Veolia y de las sinergias empresariales con Aguas de Barcelona, su desaparición podría ser inmediata, auguran los representantes de los trabajadores.
Operación
El pacto entre las dos francesas llegó después de que Veolia lanzara una OPA hostil sobre Suez que llevó a un enfrentamiento entre ambas direcciones hasta llegar a un acuerdo que prevé una OPA sobre el 70,1% de Suez. Veolia pagará 20,5 euros por acción a Suez, un precio superior a los 18 euros planteados al comienzo de la operación. La concentración de ambos grupos dará lugar a un conglomerado empresarial de 37.000 millones de euros incluyendo los negocios de Suez fuera de Francia, valorados en 10.000 millones de euros. Sólo los negocios de Aguas de Barcelona, donde se integra Labaqua, ascienden a 7.000 millones de euros.
Los representantes de los trabajadores esperan una respuesta a la situación «discriminatoria» que entienden se produce con los trabajadores franceses y confían en que el acuerdo que se rubrique el día 14 contenga las condiciones de cómo quedará el laboratorio tras el paso del grupo a manos de Veolia. Las palabras del consejero delegado de Veolia, Antoine Frérot, descartando despidos, lejos de tranquilizarlos, han sembrado aún mayor inquietud entre los trabajadores. El Ejecutivo galo ha subrayado que «no habrá consecuencias sociales» en España, tras recordar que la francesa no cuenta con negocios del sector del agua en España que puedan solaparse con la actividad de Agbar. Fuentes sindicales advierten, sin embargo, de que las afirmaciones de Frérot «son generales, pero no aterrizan qué va a pasar con Labaqua» y le conminan a que responda en el marco de las negociaciones del acuerdo.
Una española, clave para marginar a los trabajadores españolesLos cambios en la dirección de Suez han provocado que se tomen decisiones como la de excluir a compañías referentes en investigación e innovación. Así lo entienden algunos representantes de los trabajadores de Labaqua, el laboratorio alicantino que sufre las consecuencias del acuerdo Suez-Veolia. Una española, Ana Girós, está en las miradas de los que podrían perder el empleo ya que aseguran que “con su llegada para reforzar el área internacional, se perdió el compromiso social”.La renovación de la alta dirección de Suez se produjo antes de los primeros movimientos de la OPA hostil de Veolia contra Suez. Pero para entonces, la segunda ya tenía alineada la cúpula que se encargaría de tomar las decisiones de cara a una negociación a cara de perro. Giros, una española procedente de Alstom, llevaba un año rastreando las oportunidades en grandes cuentas de medio mundo, salvo España. A ella se le atribuye gran parte de la influencia sobre la decisión de excluir a Labaqua del acuerdo para mantener el empleo en la empresa.El ajuste de las plantillas incluido en el acuerdo no es el mismo para los empleados franceses, que tienen garantizados más de cinco años de estabilidad; que el de los españoles de Labaqua, que ni siquiera forman parte del conglomerado de empresas con sinergias entre las empresas españolas. Algunos representantes sindicales consultados por este periódico argumentan que las española “ha tenido mucho que ver en la influencia a la hora de adoptar esta decisión”, que pasaría por la desaparición del laboratorio, referente de innovación en España.Girós está implicada en casos de presunta corrupción. De hecho, ha sido investigada en un proceso administrativo en el que la compañía fue sancionada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, el organismo de defensa de la Competencia, por su papel en el llamado “Cartel de los Trenes”, donde junto a otras compañías, amañaron licitaciones.El papel de la directiva para salvaguardar sus intereses profesionales a costa de dar supuestas oportunidades a grandes cuentas de las áreas internacionales que representa ha podido influir en la toma de decisiones sobre el reparto de empresas en la alianza Suez-Veolia, según las mismas fuentes y, sobre todo, subrayan, “abandonar la cultura del compromiso social”. Se refieren a romper en España las condiciones de estabilidad que sí se garantizan para los trabajadores franceses y sus empresas. En este sentido, no entienden cómo pretenden “destruir empleo en una compañía ejemplar como es Labaqua mientras pagan diez millones de euros a un intermediador de la operación Suez-Veolia”, en referencia a las informaciones publicadas en medios franceses sobre los honorarios abonados a consultores.
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