El Gobierno mantiene la ampliación a más de 25 años del cálculo de la pensión

El Gobierno mantiene la ampliación del periodo de cálculo para las pensiones de jubilación. A pesar de que esta reforma no se contempla explícitamente en las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la negativa de los sindicatos y de Unidas Podemos, socio del Gobierno, el Ejecutivo ha mantenido en todas las fichas remitidas a Bruselas esta opción, como ha reconocido esta tarde el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El departamento de Escrivá evaluó ampliarlo de 25 años a 35 años, un periodo que finalmente se diluyó ante las presiones por todos los flancos. Pero no así, la idea. De hecho, el Gobierno quiere tener lista a finales del año que viene esta ampliación.

La reforma se encuadra en “la adecuación de las carreras profesionales al periodo de cómputo de la base reguladora de la Seguridad Social, que tendremos que analizar con una evidencia empírica más clara y que estará culminada a finales del año que viene”, según ha dicho Escrivá. Este tratamiento “más equitativo” a las interrupciones y lagunas en los últimos años de la vida laboral se encuadraría “en periodos más largos de cómputo del periodo de referencia para la base reguladora”, ha explicado el ministro. Sobre si en esta ampliación del periodo de cálculo se podrían suprimir los peores años de la carrera de cotización, Escrivá ha indicado que “tenemos que ver muchas carreras laborales, pero exceptuar los peores años es algo que tenemos en la cabeza”.

Escrivá ha desgranado las reformas que competen a su cartera dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, comenzando por la reforma del sistema de pensiones público. Una reforma que pretende garantizar el poder adquisitivo “en cualquier horizonte y asegurar la sostenibilidad del sistema”. La reforma arranca con la derogación de la reforma de 2013. “Una reforma de las pensiones debe de ser creíble y tener un amplio consenso. Lo que buscamos es que cuando llegue la generación del baby boom el sistema tenga capacidad y trasladar certidumbre sobre el poder de compra de las pensiones y que van a ser suficientes en el futuro”, ha argumentado. “La Prensa martillea sobre el déficit de la Seguridad Social cada vez que salen los datos y es inaceptable e injusto”, ha criticado Escrivá.

El ministro ha recordado que España se ha quedado rezagada dentro de la eurozona a la hora de retener a la población mayor de 60 años en el mercado laboral. Así, según los datos que ha mostrado Escrivá, la tasa de mayores entre 60 y 64 años que trabajan ha crecido en 20 puntos en la eurozona en los últimos 15 años. “Si hacemos este calculo entre los 65 y 69 años, en España la tasa de población que trabaja en esa franja siempre hemos estado por debajo , mientras que en la eurozona se ha pasado del 7% al 13 % en los últimos 15 años. Nos estamos quedando atrás en algo que tiene sentido, como es poder trabajar más tiempo. Es una falacia pensar que hay una sustitución entre empleo senior y junior”, ha remarcado el ministro frente a las tesis que defiende su compañera de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que considera un error alargar la vida laboral porque tapona el acceso de los jóvenes al mercado.

Asimismo, también sobre las reformas en pensiones, Escrivá ha reiterado su intención de sustituir el factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional. “Es algo que estamos empezando a ver”, ha dicho, sin adelantar los criterios que se englobará este mecanismo y cómo impactará en las pensiones.

Penalización a los contratos de corta duración

Otro de los aspectos más controvertidos que contiene las reformas remitidas a Bruselas son los desincentivos a los contratos de corta duración que el Gobierno quiere reforzar para combatir la temporalidad y el abuso del sistema de seguridad social. Escrivá contempla actuar con mayor firmeza contra aquellas empresas que den de baja al mismo trabajador “de forma recurrente”.“El desincentivo irá creciendo en función del número de bajas”, ha avanzado en referencia a los contratos de lunes a viernes tan frecuentes en España. En 2019, en España hubo 27 millones de bajas a la Seguridad Social, de ellas una de cada cinco tuvo una duración de un día y más de un tercio duran menos de cinco días y tres de cada cinco tienen una duración inferior a un mes. “Por eso hay que rediseñar los desincentivos a estos contratos de corta duración que provocan dualidad, falta de inversión de capital humano, baja productividad, precariedad, desigualdad...”.