Lo verde tiene un precio; la luz, el paro

Pedro Sánchez, más allá de que en los últimos tiempos parecen crecerle los enanos, lo quiere todo. También ser uno de los gobernantes «más verdes» del mundo. Al mismo tiempo, para tener contenta a la parroquia, insiste en que pretende reducir el precio de la luz, al menos para los particulares, porque nada indica que le preocupe que suba para las empresas. El problema es que, en ocasiones, el inquilino de la Moncloa inicia proyectos incompatibles entre sí.

El nuevo sistema tarifario eléctrico, alumbrado por el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera, que no recomendaría a su madre planchar de madrugada para beneficiarse de la mejor tarifa, es un ejemplo paradigmático. El Gobierno ha hecho coincidir la entrada en vigor de las nuevas tarifas, que han generado un desconcierto general, con el anuncio de un anteproyecto de ley que penalizaría seriamente los resultados de las compañías eléctricas si sale adelante.

El precio de la luz, con la fórmula recién implantada, no solo no bajará para los particulares, sino que subirá, salvo que adopten unos cambios de conducta y consumo radicales y, a veces, incompatibles con las rutinas habituales de una familia. El recibo no miente, y en un par de meses se comprobará.

El anuncio de una ley que castigaría, es así, a las eléctricas, supuso una caída importante de la cotización en bolsa de Endesa –la más afectada–, Iberdrola y, en menor medida, Acciona. El valor de las compañías que dirigen José Bogas, Ignacio Sánchez Galán y José Manuel Entrecanales se desplomó más de 3.500 millones, con el aplauso y el jolgorio público de algunos palmeros gubernamentales. El nuevo sistema tarifario y los planes «antieléctricas», más allá de su virtualidad, se justifican por parte del Gobierno en la construcción de un mañana idílicamente verde, un objetivo amable y el sueño de buena parte de la sociedad.

Los responsables del Gobierno y los mayores adalides de lo verde explican que ese objetivo tiene un precio, y que ese precio es muy caro, lo que no significa que no se pueda o se deba pagar. La luz sube porque la que no se puede producir por métodos verdes, es decir, de forma eólica, solar o similar, hay que generarla –descartada la opción nuclear– con los sistemas tradicionales que producen cantidades importantes de CO2.

La solución, hipócrita, que han ideado los gobiernos europeos –y que Sánchez pidió endurecer desde su llegada a la Moncloa–, es que las empresas paguen una penalización por lanzar a la atmósfera el maldito CO2. En la práctica, significa que se paga por unos derechos para generar CO2» y esos derechos se compran y se venden en un mercado, el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), que controla la Comisión Europea que, en última instancia, preside Ursula von der Leyen. Pues bien, el precio de esos derechos se ha disparado. Muchas empresas, no solo eléctricas, sino industriales temen ser penalizadas en el futuro e incluso ver amenazada su actividad y se han lanzado a comprar esos derechos y claro, han empezado a repercutir ese coste extra en sus precios, incluido el de la luz, que es quizá lo que los paladines de lo verde explican menos.

El futuro verde es posible y también deseable, pero tiene un precio, un precio que durante bastantes años será caro y que unos pagarán con más agrado que otros, pero «no hay comida gratis», dicen los anglosajones, expresión similar al castizo «nadie da duros a cuatro pesetas».

El intento de castigo a las eléctricas, que a la larga supondrá menos inversiones y peor servicio, esconde también las necesidades recaudatorias del Estado, que ingresaría alrededor de 1.500 millones de euros sin costes aparentes de opinión, sino incluso con aplausos. Por otra parte, casi al mismo tiempo, los datos de paro del mes de mayo le han dado una alegría al Gobierno, a la «vice» Yolanda Díaz y a todo el país en general. El desempleo cayó en casi 130.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social subió en 211.000 cotizantes. Los próximos meses también serán buenos, aunque ahora llega la incertidumbre del turismo británico constreñido por su propio Gobierno. Sin embargo, ojo con lanzar las campanas al vuelo, porque todavía hay medio millón de personas en ERTE y más de un 39% de paro juvenil. Lo verde tiene un precio y es caro y Sánchez, en la Moncloa, lo quiere todo.

El arma de doble filo del blindaje de los convenios autonómicos

El diálogo social empresarios-sindicatos que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene también sobre la mesa lo que se conoce como el blindaje de los convenios autonómicos. Todo consiste en la pretensión, sobre todo de vascos y catalanes, de que los convenios colectivos de ámbito autonómico prevalezcan sobre los nacionales. Significa que una empresa nacional podría tener que aplicar convenios diferentes según donde estén sus trabajadores. ¡Ojo!

Indíce Báltico Seco: retroceso del 22,5% tras un año de subidas espectaculares

El Índice Báltico Seco, considerado como un buen barómetro de la economía, mide la evolución del transporte por mar de las principales materias primas. El índice, tras un año de subidas espectaculares, ha caído un 22,5% desde mediados de mayo. José Ignacio Crespo, quizá el analista español que más sigue este índice, acaba de llamar la atención sobre la caída que, según él, «ha coincidido con el estancamiento en los últimos 20 días del precio del conjunto de las materias primas y con la caída de un 11% en el de las materias primas agrícolas». Crespo cree, no obstante, que «lo más probable es que la caída del Índice Báltico sea un retroceso técnico-estacional, que coincide con un estancamiento reciente del precio de las materias primas, como sucedió en 2017». «Aun así –concluye–, merecerá la pena vigilarlo de cerca».