Ciudadanos quiere que los ministros paguen los 53 millones del rescate de Plus Ultra de su bolsillo

Ciudadanos apunta a una de las dianas que más duele a cualquier persona, su bolsillo. La formación naranja ha presentado hoy ante el Tribunal de Cuentas una denuncia por el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI. El escrito tiene un fin muy concreto: que sean los responsables de la empresa pública y los integrantes de del Consejo de Ministros los que paguen de su bolsillo el rescate si se demuestra, como ellos creen, que ha habido una gestión negligente de los fondos públicos entregados a la aerolínea. La denuncia ha sido entregada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal; y el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano.

Como ha explicado tras la presentación de la denuncia Bal, la intención de la iniciativa es que una vez el Tribunal de Cuentas tenga acreditados los hechos irregulares que alega Ciudadanos y que cree probados, “inicie un juicio por responsabilidad contable contra las autoridades y particulares que hayan participado en el negligente rescate que ha costado 53 millones a todos los españoles”. Esto implica que el tribunal pueda determinar quiénes son los responsables contables del rescate millonario de Plus Ultra y condenarles a responder con su patrimonio personal.

Esta cadena de responsables implicaría, según Ciudadanos, a los miembros de la SEPI implicados en el rescate, pasando por los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y llegando hasta los integrantes del Consejo de Ministros, que es quien avala esto en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas.

Precedente cercano

Bal ha explicado que aunque la denuncia se haya presentado en el Tribunal de Cuentas, se trata de un procedimiento judicial ordinario dada su capacidad para abrir el citado juicio. Arrimadas ha recordado que hay un precedente muy reciente de una sentencia de este tribunal que ha obligado a varios políticos a responder con su patrimonio personal tras haber sido condenados por un delito de gestión fraudulenta de caudales públicos. Concretamente, en julio de 2019, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirmó y aumentó ligeramente la condena impuesta al expresident de Cataluña Artur Mas y varios exconsejeros por valor de casi cinco millones de euros por los gastos ocasionados por la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas por el rescate de Plus Ultra se suma a la presentada por Ciudadanos ante Bruselas. Garicano presentó una denuncia ante el Ejecutivo comunitario el 6 de abril en la que afirmaba que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de Estado a Plus Ultra. El 27 de abril, el Gobierno envío su respuesta y el pasado jueves, 20 de mayo, el eurodiputado de Ciudadanos presentó sus alegaciones. En ellas, Garicano aseguraba que se trató de una ayuda desproporcionada que difícilmente podrá reembolsar; que la compañía no cumplía el requisito indispensable de ser estratégica para recibir los fondos; y que se valió de un préstamo simulado que le permitió cumplir otro los condicionantes que necesitaba para recibir el rescate.

Alegaciones

En el escrito presentado hoy, Ciudadanos aprecia irresponsabilidad (negligencia) en autoridades y beneficiarios porque “no se investigó con diligencia los indicios que asociaban a los accionistas de la empresa Plus Ultra, según distintas investigaciones, con tramas de corrupción y de blanqueo de capitales”. Considera, además, que se concedió la ayuda “a una empresa en ruina por lo que no serviría para salvar a una empresa en dificultades, pero viable”. También, como argumentó Garicano, que Plus Ultra “no es una empresa estratégica (cuatro aviones arrendados, empleando al 0,5% de los trabajadores que genera el sector, y una cuota de mercado de 0,1%, es irrazonable considerarla como estratégica), que no es una empresa viable ni a medio ni a largo plazo; y que hay “dudas” de que Plus Ultra cumpliese el requisito de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social.

Con independencia de cómo acaban ambas denuncias, Arrimadas considera que Ciudadanos está haciendo “un servicio a España” porque, en su opinión, a partir de ahora, la SEPI y el Gobierno se cuidarán muy mucho de conceder más ayudas si no tienen claro que la compañía beneficiaria cumple con todos los requisitos.

Ciudadanos no es el primero que recurre al Tribunal de Cuentas para denunciar el rescate de Plus Ultra. En abril, el sindicato Manos Limpias presentó también un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que reclama al organismo auditor que examine las cuentas de los tres últimos años de la SEPI. «Existe una presunción más que razonable de que ese fondo ha sido utilizado fraudulentamente –mantiene Manos Limpias– siendo el primer caso detectado, la concesión de 53 millones de euros a la aeronáutica Plus Ultra», investigado por un juzgado de Madrid, «la punta del iceberg del resto de ayudas públicas concedidas presuntamente con fraude».