Bruselas abre una investigación por el rescate de Plus Ultra

Bruselas ha decidido tomar cartas en el asunto del polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según han confirmado fuentes de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el asunto y ha trasladado al Gobierno español la queja elevada al Ejecutivo comunitario por el jefe de la delegación de la formación naranja en el Parlamento Europeo, Luis Garicano.

A comienzos de abril, Garitano presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea para que investigara como ayuda ilegal de Estado el apoyo del Gobierno a la aerolínea. La denuncia ha sido trasladada a España, que ha presentado sus alegaciones, y ahora el eurodiputado de Ciudadanos tendrá hasta el próximo 21 de mayo para contestar a la defensa del Gobierno. “Es un procedimiento abierto”, explican desde Ciudadanos.

En la denuncia presentada por Garicano ante la Dirección General de Competencia, el eurodiputado recuerda que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, que ha concedido el préstamo a Plus Ultra exige para su uso que la empresa beneficiaria sea estratégica y que no presente, además, problemas financieros antes del 31 de diciembre de 2019. Pero, según Ciudadanos, al contrario de lo defendido por el Gobierno y por la propia compañía, Plus Ultra no reúne estas condiciones. “A la luz de los hechos, parece manifiestamente erróneo calificar a Plus Ultra de estratégica. Teniendo cuatro aviones y volando a cuatro destinos, representa una cuota de mercado inferior al 0,1% en España”, asegura la queja.

La aerolínea, prosigue la formación, presentaba además importantes pérdidas antes de la pandemia que ascienden a un millón de euros en 2016, 680.000 euros en 2017, 6,7 millones en 2018 y 2,1 millones en 2019, según recoge en la queja. La ayuda concedida por el Gobierno, expone Garicano a la Comisión, le supone un beneficio que no hubiera obtenido en condiciones normales de actividad y le da una ventaja con respecto a otras empresas de la UE que operen vuelos a los mismos destinos. Además, la formación naranja duda también del carácter estratégico de una compañía que sólo operó el 0,03% de los vuelos registrados en España en 2019. De hecho, recuerda Garicano, el Gobierno ni siquiera la incluye entre las 30 mayores aerolíneas del país y reconoce que trabaja en un nicho de mercado muy concreto, vuelos baratos a algunos países de Latinoamérica.

Todo ello refuerza la idea de que se trata de una ayuda ilegal de Estado, asegura Ciudadanos. “En conclusión, parece que el Gobierno español ha hecho un uso abusivo de una ayuda autorizada, concediendo un préstamo desproporcionado a una empresa manifiestamente no estratégica y que no era financiable antes del estallido de la pandemia”, añade Garicano en su escrito.

Investigación en los juzgados

Junto a la investigación abierta en Bruselas, un juzgado de Madrid también está investigando el rescate de Plus Ultra. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, Esperanza Collazos, admitió a trámite a finales de abril la denuncia de Manos Limpias contra el ex presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y los miembros de su consejo de administración por la ayuda. A este organismo pertenecen en la actualidad, en calidad de vocales, catorce altos cargos de nueve ministerios, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales: Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia. Entre ellos, las “número dos” de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente. Esta última ha presentado esta misma semana su renuncia al cargo.

En la resolución, la magistrada centra la investigación en la existencia de un posible delito de malversación, obviando el de tráfico de influencias que también imputa a Lora el colectivo denunciante. Para la instructora, los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Y dado que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias” de los mismos “ni las personas que en ellos han intervenido”, añade, procede abrir diligencias previas para esclarecerlos.