Un préstamo simulado desde una sociedad panameña habría posibilitado el rescate de Plus Ultra

Ciudadanos asegura que, con el crédito, la aerolínea habría podido cumplir los requisitos impuestos por la UE

Avión de Plus Ultra
Avión de Plus Ultra FOTO: PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS

Un préstamo presuntamente simulado con origen en un paraíso fiscal. Esa habría sido la maniobra de ingeniería contable que, según Ciudadanos, habría posibilitado a la aerolínea Plus Ultra recibir un rescate de 53 millones por parte del Gobierno a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia a Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI. El jefe de la delegación del partido naranja en Bruselas, Luis Garicano, ha dado a conocer hoy las alegaciones que ha presentado contra el rescate y ha defendido que se trata de una ayuda ilegal porque fue posible, según sus conclusiones, gracias al citado préstamo. Este crédito, según Ciudadanos, evitó así la consideración de Plus Ultra de empresa en crisis, lo que le habría hecho imposible recibir una ayuda de Estado. Las alegaciones presentadas por Garicano muestran además, según Ciudadanos, que la empresa no sólo estaba en crisis, sino que no puede ser considerada estratégica y que la ayuda que ha recibido es del todo desproporcionada.

El jefe de Ciudadanos en Bruselas presentó una denuncia ante el Ejecutivo comunitario el pasado 6 de abril, en la que afirmaba que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de Estado a la aerolínea Plus Ultra. El 27 de abril, el Gobierno envío su respuesta y el pasado jueves, 20 de mayo, el eurodiputado de Ciudadanos presentó sus alegaciones.

Al inicio de la rueda de prensa, Garicano ha destacado que “la respuesta del Gobierno no sólo no elimina la sospecha, sino que confirma todos los extremos de la denuncia”. Ha afirmado que las autoridades españolas no cumplieron con la diligencia debida y que esa falta “levanta sospechas sobre la existencia de una voluntad de beneficiar a una empresa concreta”.

Condiciones

Según el Marco Temporal bajo el cual la Unión Europea autorizó a España a dar ayudas a empresas estratégicas, está prohibido conceder ayudas a empresas que estuvieran en crisis antes de la pandemia. En la normativa europea se considera a una “empresa en crisis” cuando “haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas”. El asesor financiero de la SEPI en la operación de Plus Ultra, la consultora DC Advisory, constató que las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019 ascendían a 13,4 millones euros y el capital social suscrito a 19,2 millones, según refleja la información aportada por el Gobierno a la UE y que luego se remitió a Ciudadanos. Por lo tanto, las pérdidas acumuladas dejarían un patrimonio neto de 5,84 millones, lo que refleja que habría desaparecido más de la mitad del capital social suscrito. No obstante, el asesor financiero consideró que un préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp por valor de 6,3 millones de euros debía asimilarse a capital y sumarse al patrimonio neto. Con los cálculos de este asesor financiero, el patrimonio neto era de 12,1 millones euros, por lo que superaba el umbral de empresa en crisis que marca la mitad del capital social suscrito, 9,6 millones de euros.

Garicano ha explicado que, de entrada, el citado préstamo no debería haber sido contabilizado como parte del patrimonio neto de la compañía porque así lo estipula la ley. Y ha añadido que, aunque se aceptara, el préstamo participativo de Panacorp era simulado, porque 4 millones euros son indisponibles. Es decir, Plus Ultra está obligada a mantener dos tercios del préstamo en una cuenta de Panacorp para garantizar la deuda de la compañía panameña. Por lo tanto, en el caso de que fuese necesario disponer de ese dinero para pagar a otros acreedores de la compañía, sería “misión imposible para un juez español embargarlos, ya que están en una cuenta en un paraíso fiscal”, según ha explicado el eurodiputado. Para Garicano, esto demuestra que el préstamo es una simulación. “Se hace creer que la compañía tiene dinero para que puedan recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”, ha añadido.

Desproporcionada

El eurodiputado también considera en sus alegaciones que la inyección de 53 millones otorgada por el Gobierno es manifiestamente desproporcionada. No podía ser mayor a las pérdidas entre enero y octubre de 2020: 16,3 millones de euros. Además, a su juicio, la empresa no puede ser considerada como estratégica y los propios datos presentados por el Gobierno, según Garitano, lo demuestran. Su cuota de mercado en España es del 0,2% entre las compañías de clase A y del 0,1% en número de pasajeros en el total de compañías que operan. Es un operador de importancia ínfima en el sector del transporte en España y en la UE y no es clave en las conexiones con Latinoamérica.

Riesgo de no devolución

Ciudadanos no sólo cree que Plus Ultra ha recibido más ayuda de que la debería sino que, además, considera que será incapaz de devolverla. La documentación presentada por Ciudadanos muestra, en su opinión, que Plus Ultra no es viable. El préstamo ordinario de 19 millones de la SEPI a Plus Ultra vence en 2024 y el préstamo participativo de 34 millones vence en 2026. La empresa en 2019, antes de la pandemia, tuvo unas pérdidas de 2,7 millones de euros y, según su propio plan de viabilidad, las pérdidas esperadas entre 2020 y 2022 ascienden a 34,6 millones de euros. Con estos números, no hay motivos para suponer que la empresa va a ser viable en el medio-largo plazo ni que pueda reembolsar la ayuda en el plazo previsto, según Ciudadanos.

Garicano, además, ha advertido de que “existe un riesgo alto de que los 53 millones no se devuelvan y desaparezcan en una cuenta en Panamá”. Por eso, ha pedido al Gobierno que “evite que los propietarios de la empresa utilicen el rescate para pagar las deudas que tienen con empresas que ellos mismos controlan: si el préstamo de Panacorp se podía considerar como capital, entonces no debe ser pagado hasta que se haya devuelto el dinero a los contribuyentes españoles”.

El dirigente de Ciudadanos hace también hincapié en sus alegaciones en que el deber de diligencia del Gobierno en este caso era aún mayor porque el accionariado de la empresa beneficiaria ha estado supuestamente vinculado a tramas de corrupción y blanqueo de capitales, y la procedencia del préstamo es opaca, según la información pública. La SEPI, sin embargo, no ha realizado ningún análisis al respecto, ha explicado