La OCDE advierte al Gobierno de que limitar los precios del alquiler perjudica al inquilino a largo plazo

Limitar administrativamente los alquileres puede beneficiar en un principio a los inquilinos, pero a largo plazo les perjudica porque desincentiva la salida al mercado de muchas viviendas y la escasez acaba encareciendo los precios, según la OCDE. Esta es una de las advertencias a España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio presentado este lunes sobre la forma de favorecer la vivienda asequible, en el que señala la estrechez del mercado del alquiler y los problemas económicos que eso conlleva.

La Ley de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva meses empantanada y de retrado porque PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo con respecto a la limitación de los precios de los alquileres. José Luis Ábalos ha hecho circular un borrador en el que apuesta por los incentivos fiscales para inundar el mercado de alquiler y provocar recortes en los precios. Pero Podemos se sigue resistiendo a sobrepasar una de las que considera líneas rojas de su programa.

Muchos han sido los expertos, incluido el propio Banco de España, que se han posicionado en contra de esta intervención de precios. Y hoy ha sido la OCDE la que se ha unido a este coro. Luiz de Mello, director de estudios del departamento económico de la OCDE, ha subrayado a Efe que aplicar topes a los alquileres, “es una opción que tiene sus costes” porque “a largo plazo no protege a los inquilinos”. “Hay otras opciones que no crean los mismos tipos de costes” como el desarrollo de viviendas sociales, que son muy escasas, aunque eso supone aumentar la inversión pública en el sector, explica De Mello.

Desahucios

Su análisis es similar con los dispositivos de protección de los inquilinos frente a los desahucios, que también pueden generar distorsiones si disuaden a los propietarios y a los inversores de poner sus bienes en alquiler al considerarse desamparados ante la Justicia y la Administración de cara al riesgo de impagos. La prohibición de desahucios para familias vulnerables más allá del coronavirus es otro de los puntos que ha planteado Podemos y que también han rechazado los socialistas.

De Mello ha explicado que “hay que diferenciar entre las medidas de crisis”, cuando resulta “muy importante” proteger a los grupos más débiles, y “las medidas de largo plazo que pueden aumentar la oferta” e impedir que suban los precios. Porque el problema en los últimos años es que el precio de la vivienda ha crecido con fuerza, y eso dificulta el acceso a las personas con menos recursos. En términos reales, los precios desde los años 90 han llegado a incrementarse hasta un 100% en ciertos países. En España subieron muy rápidamente en los primeros años 2000, pero después sufrieron un bajón abrupto con la crisis financiera.

Desde 2012, la inversión en vivienda está progresando de nuevo a un ritmo más elevado que en el conjunto de la OCDE. Y se está agravando la fractura de precios por regiones, con una presión que es particularmente marcada en ciudades como Madrid y Barcelona.

El acceso a la vivienda es particularmente complicado en España para las personas con bajos recursos. Entre el grupo del 20% con menores ingresos, un 46% tiene que dedicar, al menos, el 40% de su salario a la vivienda, cuando en la OCDE es de media un 35,2%

España es uno de los países en los que hay una mayor proporción de propietarios (ligeramente superior al 75%), netamente por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en torno al 70%. En Dinamarca, Austria, Alemania, Suiza y Colombia ese porcentaje no llega al 50%. Eso significa que el peso del mercado del alquiler es mucho más reducido y constituye con mucha frecuencia un obstáculo para la movilidad laboral de las personas, que la OCDE ve con preocupación. Sobre todo -comenta De Mello- ahora que con la crisis una parte de los trabajadores tendrá que dejar su actividad, por ejemplo en el turismo, y reconvertirse para buscar un empleo con frecuencia en otra región. De hecho, la tasa de movilidad residencial en España del 11,4% es una de las más bajas de los países de la OCDE, cuya media es del 17,5%. Está muy por debajo de países donde mudarse a otra región es muy habitual, como ocurre en Estados Unidos (42,5%) y Australia (48,9%).

Para la OCDE, la escasez de vivienda social en España, sobre todo de alquiler, es una de las carencias sobre las que haría falta intervenir, y eso requiere más inversión pública.