Bruselas pretende que a partir de 2035 no se comercialicen vehículos de gasolina y diésel

La Comisión Europea presenta su plan para reducir las emisiones un 55% en 2030 para alcanzar la neutralidad climática en 2050

La Comisión Europea ha presentado esta mañana su “revolución verde”, un ambicioso paquete que incluye hasta doce propuestas legislativas cuyo objetivo reside que en el año 2030 los Veintisiete hayan reducido sus emisiones de dióxido de carbono un 55% respecto a los niveles de 1990 ( hasta ahora esta meta era del 40%), con el objetivo de que la UE se convierta en un territorio libre de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050.

Este nuevo marco legal pretende transformar el modelo económico y social europeo como modo de luchar contra el cambio climático. Prácticamente ningún sector ni capa de la sociedad escapa a los cambios. Esto significa que este paquete legislativo pretende instaurar nuevas pautas sobre cómo conducen los europeos, cómo calientan sus casas, qué método de transporte eligen para viajar o los impuestos que pagan.

Tasa al carbono en frontera

En algunos aspectos, este paquete legislativo refuerza iniciativas ya vigentes como el sistema de emisiones o los umbrales de energías renovables y eficiencia energética, aunque también propone iniciativas novedosas como la nueva tasa al carbono que pretende penalizar las importaciones al mercado común de aquellos países con legislaciones climáticas más laxas y evitar la deslocalización de empresas europeas a otras partes del planeta. Una iniciativa que no gusta a otras potencias como China, Rusia y EEUU y que puede desatar toda una batalla internacional. Este nuevo impuesto se empezará a aplicar en 2023, con un periodo transitorio hasta 2026 y pretende abarcar los sectores más contaminantes como cemento, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad. Tan sólo quedarán exentos de pagar esta tasa aquellos países que demuestren que su sistema para gravar las emisiones es equivalente al europeo.

Impulso al coche eléctrico

Dentro de esta batería de medidas que impulsaran nuevos hábitos de consumo, la Comisión Europea pretende que en 2035 no se comercialicen más vehículos de gasolina y diésel. Fuentes diplomáticas aseguran que no se trata de una prohibición como tal, pero los fabricantes de coches deberán demostrar que los vehículos que ponen a la venta no emiten dióxido de carbono y, a no ser que para esa fecha exista una tecnología de combustión que permita esto, todos los coches comercializados deberán ser eléctricos. Además, la Comisión Europea confía en que para esa fecha ya se haya renovado la práctica totalidad del parque de vehículos.

Para convencer a los europeos de la necesidad de comprar coches eléctricos, Bruselas calcula que será necesario invertir 15.000 millones de euros en la próxima década entre el sector público y privado para incrementar los puntos de recarga y confía en que los precios de los vehículos bajen en los próximo años gracias al impulso que este paquete dará a la industria. Actualmente tan sólo existen 226.000 puntos de recarga en la UE y el 70% están concentrados en Holanda, Francia y Alemania.

Aumento del precio del carbono

Este nuevo marco legislativo también impondrá límites más estrictos a las emisiones de la industria europea. Desde el año 2005 funciona un sistema de compra de emisiones, basado en el principio de que quién contamina paga. Este esquema cubre el 40% de las industria más contaminantes, aunque en el pasado se ha permitido bastante flexibilidad, sobre todo en los momentos de mayor crisis económica como durante el 2008. En este nuevo sistema se incluirá el sector marítimo y también se pondrá en marcha un régimen especial para el transporte y los edificios. En el mes de mayo, el precio por tonelada de dióxido de carbono alcanzó la cifra récord de 56 euros y los expertos calculan que en la próxima década esta cifra puede llegar a los 100.

Parte de los ingresos de este sistema de comercio de emisiones se utilizarán para ayudar a los sectores más vulnerables, con el objetivo de que se adapten a estos cambios a través de un fondo específico. Además, los Estados podrán utilizar las partidas ya asignadas del Fondo Social Europeo y el Fondo de Transición Energética. Bruselas repite que no quiere dejar a ninguna capa de la población atrás, tras lo aprendido por la revuelta de los “chalecos amarillos” en Francia.

Además este nuevo paquete revisa las normas actuales sobre la fiscalidad energética con el objetivo de impulsar los combustibles sostenibles y aumenta el porcentaje de energías renovables (38-40% frente al 32% actual) y de eficiencia energética (36-37% en lugar de 32%) que los Veintisiete deberán alcanzar de manera obligatoria.

Para que esta normativa europea pueda convertirse en una realidad deberá contar con el visto bueno de las capitales europeas y la Eurocámara. Los países del Este, cuyas economías siguen dependiendo fuertemente del carbono ( el 70% de la electricidad de Polonia, por ejemplo) son los más reticentes y la batalla se avecina ardua.