La prudencia evita a la SEPI otro embrollo con el rescate de Plus Ultra

La sociedad pidió permiso la semana pasada a la juez que investiga el caso para liberar los 34 millones ahora congelados pese a contar con informes favorables de Deloitte y la Abogacía del Estado para dárselos

Cola de uno de los aviones de Plus Ultra
Cola de uno de los aviones de Plus UltraPLUS ULTRAPLUS ULTRA

La SEPI no ha querido correr riesgos con el segundo tramo del rescate de Plus Ultra. La ayuda ha generado un embrollo político y judicial de tal calibre, que la sociedad pública que vela por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del que deben salir los 53 millones con los que dar soporte a la aerolínea decidió consultar a la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, si era pertinente entregar el préstamo participativo de 34 millones que debía recibir Plus Ultra el próximo 28 de junio habiendo como hay un procedimiento judicial abierto.

La prudencia, responsabilidad, sentido común o miedo a enredar todavía más este rescate le han evitado a la SEPI en esta ocasión otro lío. Pues, según aseguran fuentes de la compañía, cuenta con dos informes, uno de la Abogacía del Estado y otro de la consultora Deloitte, que eran partidarios de liberar los fondos con independencia de la investigación judicial y que también fueron remitidos al juzgado. El de la consultora pone el acento en que los 34 millones del préstamo participativo ahora congelados deben ser entregados porque están en el contrato. El de la Abogacía del Estado va un paso más allá y advierte de que, de no entregarse el préstamo, se podría violentar la obligación contractual contraída con la línea aérea.

Recibida la consulta por parte de la SEPI, la magistrada Collazos, que investiga el caso tras denuncias del PP, Vox y Manos Limpias, comunicó a la sociedad pública el miércoles que paralizase la entrega del préstamo hasta que Plus Ultra no demuestre que necesita el dinero, tal y como se conoció ayer.

Tranquilidad en la aerolínea

La compañía defendió tras conocer la decisión judicial que la entrega de la segunda parte del rescate que le ha concedido el Estado es «imprescindible» para «dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI, tras el grave impacto sufrido por la pandemia Covid 19». En una nota, la compañía aseguró que «acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el Juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición» y recordó que ya ha recibido el préstamo ordinario de 19 millones de euros concedido por la SEPI.

En su comunicado, la aerolínea, que tiene cinco días para demostrar a la juez Collazos la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores, Plus Ultra advierte de que la ayuda «es necesaria para mantener los 354 puestos de directos y más de 2.500 indirectos que la aerolínea genera en España».

Respecto a la documentación que se le requiere, la compañía asegura que «esta información ya fue validada en el proceso de petición de financiación a la SEPI por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)». Los tres informes, tras un «exhaustivo proceso de verificación y análisis de la solicitud, apoyaron favorablemente la concesión de la financiación pública», añade.

Junto a la investigación que sigue el juzgado madrileño del que es titular la magistrada Collazos, el Tribunal de Cuentas también admitió a trámite el pasado 15 de junio una denuncia que presentaron la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; y el eurodiputado Luis Garicano el pasado lunes 7 de junio para que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de este rescate. La elección del Tribunal de Cuentas por la formación de Arrimadas para presentar su denuncia no es casual. Su intención es que si el organismo acreditada los hechos irregulares que alega Ciudadanos y los cree probados, “inicie un juicio por responsabilidad contable contra las autoridades y particulares que hayan participado en el negligente rescate que ha costado 53 millones a todos los españoles”, según explicó entonces Bal cuando el partido presentó la denuncia. Esto implica que el tribunal pueda determinar quiénes son los responsables contables del rescate millonario de Plus Ultra y condenarles a responder con su patrimonio personal.