El Tribunal de Cuentas investigará el rescate de Plus UItra

La ofensiva desplegada por Ciudadanos para investigar el controvertido rescate de la aerolínea Plus Ultra sigue adelante. Primero fue la Comisión Europea la que abrió una investigación, tras una denuncia de la formación naranja, para dilucidar si los 53 millones de euros entregados por el Estado a la compañía a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas eran una ayuda de Estado ilegal. Y ahora es el Tribunal de Cuentas el que ha decidido seguir sus paso. Según ha informado hoy Ciudadanos, el organismo fiscalizador ha admitido a trámite la denuncia que presentaron la presidenta de este partido, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; y el eurodiputado Luis Garicano el pasado lunes 7 de junio para que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de este rescate.

Con esta admisión, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación con la apertura de la “correspondiente pieza de Acción Pública”, según ha comunicado el tribunal a la formación liberal. En la notificación, el órgano recoge la denuncia de Ciudadanos sobre “la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos como consecuencia de la concesión a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas de una ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por un importe total de 53.000.000 euros, sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda”.

Desde Ciudadanos han celebrado que la denuncia por este caso siga adelante y esperan que el Tribunal de Cuentas “sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables. Es decir: qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas”.

Ciudadanos ha recordado que tras constatar en primer lugar que no se investigó por parte de ninguna autoridad a los accionistas sospechosos de la empresa ni por qué la compañía estaba en ruina; que la aerolínea que no era ni estratégica ni viable y que existían evidencias de maquillaje contable y dudas de que Plus Ultra cumpliera requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, la formación presentó esta denuncia “para que investigue esas responsabilidades: a todas las autoridades sin excepción, desde la SEPI, los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y hasta el Consejo de Ministros, que es quien avala esto en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas”, ha explicado en la nota.

Responder con su patrimonio

La elección del Tribunal de Cuentas por la formación de Arrimadas para presentar su denuncia el pasado día 7 no es casual. Su intención es que si el organismo acreditada los hechos irregulares que alega Ciudadanos y los cree probados, “inicie un juicio por responsabilidad contable contra las autoridades y particulares que hayan participado en el negligente rescate que ha costado 53 millones a todos los españoles”, según explicó entonces Bal. Esto implica que el tribunal pueda determinar quiénes son los responsables contables del rescate millonario de Plus Ultra y condenarles a responder con su patrimonio personal.

Esta cadena de responsables implicaría, según Ciudadanos, a los miembros de la SEPI implicados en el rescate, pasando por los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y llegando hasta los integrantes del Consejo de Ministros, que es quien avala esto en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas.

Hay un precedente muy reciente de una sentencia del Tribunal de Cuentas que ha obligado a varios políticos a responder con su patrimonio personal tras haber sido condenados por un delito de gestión fraudulenta de caudales públicos. Concretamente, en julio de 2019, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirmó y aumentó ligeramente la condena impuesta al expresident de Cataluña Artur Mas y varios exconsejeros por valor de casi cinco millones de euros por los gastos ocasionados por la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014.