Asfixiados por el precio de la luz: elegir entre comer y el alquiler o pagar el recibo

Elegir entre pagar la luz o comer es una preocupante disyuntiva a la que se enfrentan miles de familias a diario en España. Según el último “Observatorio de la realidad social, la crisis de la Covid-19” de Cáritas, 220.000 hogares atendidos por la organización no pueden soportar el gasto de los suministros básicos. Esto les obliga a tener que elegir entre pagar el alquiler, la luz, el gas y el agua, tener una dieta equilibrada o comprar medicamentos. Ante este brete, el 38% de las familias dejan de lado su salud para evitar ser desahuciadas o acumular deudas con las empresas energéticas. Aunque la pobreza energética tiene un largo recorrido en España, las familias afectadas por esta vulnerabilidad se han disparado por la pandemia y las subidas que sufre el precio de la luz cuando se dan condiciones climáticas extremas, como la pasada tormenta “Filomena” o la actual ola de calor.

Juana Vilches, de 78 años, es el paradigma de este problema. “Desde 2013 que pasé mi primer cáncer vivo en una jubilación constante. En mi época trabajé mucho, pero no te daban de alta y ahora vivo con 450 euros de pensión de viudedad”, cuenta a LA RAZÓN. Con ese dinero decide pagar el alquiler y las facturas. A cambio deja de adquirir los medicamentos que no le cubre la Seguridad Social y no lleva la alimentación estricta que debería tras perder gran parte del intestino por el cáncer. “Me quito de lo más vital. Guiso lo más mínimo porque no me puedo costear comer en condiciones. Como pan con aceite y azúcar y patatas. Se te caen dos lágrimas al abrir mi nevera”, lamenta. Juana también intenta reducir su gasto energético al mínimo, lo que deriva en que su casa nunca esté a la temperatura ideal : “Vivo en un bajo en el que no da el sol y en invierno paso mucho frío”. El bono social eléctrico es una pequeña ayuda, pero sobre todo agradece que Cáritas asuma su factura del gas: “Si no no podría ducharme con agua caliente”.

Esta afectada por la pobreza energética denuncia la escasa cobertura del bono social térmico, “apenas 100 euros para todo el año” y el pasotismo de Servicios Sociales: “Me han dado la espalda totalmente”. Con la voz quebrada cuenta como los oscuros episodios de su vida han desembocado en que sus últimos años estén protagonizados por la soledad y la escasez. “En cada crisis que tengo de mi enfermedad me apetece más descansar que seguir adelante”, confiesa. Sus dos hijos fallecieron, al igual que su marido, quien la maltrató durante sus años de vida. Ante la falta del apoyo económico que pueden recibir otras personas vulnerables de sus familiares, Juana reclama que “se cumplan los derechos básicos” y “que el Gobierno se ocupe de las personas” que como ella “se están privando de lo mínimo, como comer en condiciones y no pasar frío o calor”.

Con los ingresos de un par de días limpiando a la semana, Juani, de 49 años, tiene “impagos por todos los lados”. Después de que se le acabara su pensión por ser víctima de violencia de género, Juani sufrió un desahucio. Ahora vive en un piso del Ivima pagando 78 euros al mes que apenas puede asumir y con la desagradable sorpresa de que este mes tendrá que pagar 400 euros por no haber podido renovar la reducción del alquiler. “Si no puedo pagar 78 euros cómo voy a pagar 400”, dice preocupada. Sin apenas ingresos, el bono social eléctrico y térmico le sirven de poco.

Las deudas se le acumulan y cuenta cómo su compañía eléctrica la llamó amenazando con cortarle la luz el día 28 de julio, cuando los cortes están prohibidos hasta el 9 de agosto. “Juegan con la vulnerabilidad de la gente. Con mi vida no se juega”, añade, haciendo referencia a las empresas energéticas y a los políticos. Cocinar, encender la calefacción o el ventilador son acciones que reduce al mínimo, e incluso otras que afectan directamente a su salud. “Necesito una máquina para poder dormir porque tengo apnea del sueño, pero no me la pongo todos los días, y ahora menos con la subida de la luz”, reconoce. Los servicios sociales le dan 150 euros para comida, “pero como no los puedes usar para luz, ni agua, ni gas, ni alquiler” no puede subsanar sus deudas, que ascienden ya a 800 euros.

La hija de Juani, Rebeca (26 años), también se ha visto obligada a dejar sin pagar algunas facturas. Pese a que tanto ella como su pareja trabajan, sus salarios no son suficientes para pagar los 800 de alquiler, la compra semanal, las facturas y los gastos escolares de su hijo. “Llegamos muy mal a final de mes y en Servicios Sociales me dicen que como estoy trabajando que no pueden ayudarme”, cuenta. Entre las facturas acumuladas el gas y la luz deben unos 400 euros. “Mi intención era ir pagando una factura atrasada y una actual pero no podemos”, confiesa, pese a tener una reducción gracias al bono social eléctrico.

La subida del precio de la luz también está haciendo que familias como la de Rebeca y pequeños empresarios con tarifas PVPC que podían pagar sus facturas religiosamente tengan que hacer malabares para asumirlas. Este es el caso de Francisco José Sánchez, director de Supermercados Extremadura. “Para el supermercado de Trujillo me llegó la factura anteayer y me he llevado un disgusto. Tres veces más cara en comparación con la factura del año pasado. Hemos pasado de 1.200 euros a 3.500 euros”, declara a LA RAZÓN. “Este mes en nuestra zona no ha hecho mucho calor y no hemos tenido que encender el aire, pero el mes que viene voy a pagar 4.000 o 5.000 euros, ¿cómo saco yo para pagar eso?”, dice preocupado.

Francisco José achaca este repunte no solo al aumento del precio de la luz sino a la nueva estructura de la factura eléctrica que entró en vigor el pasado mes de junio. “Cuando se anunciaron los cambios de los tramos de la nueva tarifa eléctrica nadie hablaba de cómo iban a afectar a las empresas. Nosotros cuando más consumimos es en las horas más caras. Las vitrinas de la carne, el pescado, los congelados y el aire acondicionado están todo el día funcionando a tope”, explica.

Ante la falta de medidas para paliar este aumento, ya que la rebaja del IVA de la luz al 10% no es aplicable a empresas, los pequeños empresarios se ven obligados a repercutir la subida en el cliente: “Esto nos lleva a tener que encarecer los productos que ya se han encarecido de por sí porque los fabricantes están teniendo el mismo problema que nosotros. Los proveedores tienen que pagar una luz más alta, gasolina más cara para transportar los productos y en el caso de algunos artículos se suma el impuesto al azúcar. Por lo tanto, las familias no solo ven reflejada la subida de la luz en su factura sino también en la cesta de la compra. La única alternativa que han encontrado por el momento es plantear ante el ayuntamiento de Trujillo la instalación de placas solares, una medida con la que podrían cubrir la totalidad de su consumo.

La gran pregunta después de conocer cómo está afectando la pobreza energética a los españoles es cómo dar una solución. Pese a las alzas de las últimas semanas, en las que la luz ha alcanzado el precio más alto de su historia (106,57 euros el megavatio hora), tanto la Alianza contra la Pobreza Energética como la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid) defienden que la tarifa del mercado regulado sigue siendo las más conveniente a largo plazo y critican que las energéticas estén aprovechando la alarma social para vender tarifas fijas que acaban siendo más caras.

En cuanto a los flecos pendientes, María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, denuncia que los baremos de renta para acceder al bono social eléctrico son muy bajos, lo que deja fuera de esta cobertura a muchas familias que la necesitan. Además, la rebaja del IVA de la luz al 10% “no ha conseguido bajar el precio de la factura, sino que esta no sea tan alta frente a las grandes subidas”, añade. Por ello, reclama medidas de calado, como que la moratoria de cortes que caduca el 9 de agosto se prorrogue hasta que se implementen cambios estructurales, la condonación de las deudas, que el principio de precaución que se ha establecido en Barcelona (ante un impago la compañía debe preguntar al ayuntamiento si la familia es vulnerable antes de llevar a cabo un corte) se extienda al ámbito nacional y que se planteen modelos públicos, comunitarios y cooperativos.

“La situación de la vulneración del derecho a la energía vienen de mucho antes y se sustenta en tres pilares: la energía cada vez es más cara, los ingresos de las familias más bajos y estamos a la cola de la eficiencia energética de las viviendas”, explica Sonia Olea, miembro del equipo de incidencias de Cáritas Española. Esta es la receta del desastre que lleva a las familias a pasar frío en invierno y calor en verano o a no cocinar por miedo a que su factura se dispare, pero también aumenta la brecha digital. “La pobreza energética priva del acceso a la educación online y de protección social al tener que contactar con la Administración de manera telemática”, advierte.

Para Cáritas, “el problema no debe afrontarse solo desde el coste energético”, reivindica Sonia Olea, sino que es fundamental poner solución a los bajos ingresos y a la escasa eficiencia energética de las viviendas españolas, construidas en su mayoría sin tener en cuenta criterios de eficiencia. “Si no vamos a seguir igual, con miles de familias que tienen que decidir entre si se alimentan o tienen calefacción”, argumenta.