Las empresas empiezan a ajustar plantilla por el miedo al incremento de costes por la reforma laboral de Díaz

Los datos globales del mercado laboral conocidos ayer dan para alimentar el discurso triunfalista del Gobierno. El total de personas paradas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en el conjunto del ejercicio en 782.232, lo que supone el mayor recorte anual de toda su serie histórica contabilizada por el Ministerio de Trabajo. El total de paro registrado a finales de diciembre se situó en 3.105.905 personas. Es la cifra más baja de un mes de diciembre desde el año 2007 y supone 140.142 parados menos que al inicio de la pandemia, en febrero de 2020.

La creación de empleo también se comportó a trazo grueso a beneficio de inventario para el Ejecutivo. La afiliación creció en 776.478 personas, su mayor incremento anual desde el ejercicio 2005, cuando el sistema sumó 968.000 trabajadores, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este aumento permitió al sistema registrar un nuevo máximo histórico de 19.824.911 cotizantes.

Pero bajo las grandes cifras -que se han producido todavía con el marco laboral fijado por la reforma impulsada por el PP en 2012-, hay otras más pequeñas no tan halagüeñas. En lo que respecta a la contratación, la estadística del ministerio que dirige José Luis Escrivá refleja una paulatina destrucción de empleo a partir del 17 de diciembre. Aunque el número de afiliados subió en el último mes de 2021 en 72.000, desde ese día y hasta el 30 de diciembre, se perdieron 187.000 puestos de trabajo, retrocediendo la afiliación desde los 19,87 millones hasta los 19,70, con una destrucción sólo el último día de 35.000 empleos que dejó la ganancia mensual en la más modesta desde mayo. Es habitual que al final de las campañas de verano o Navidad se produzca una importante caída de afiliación derivada del fin de los contratos temporales que se firman para satisfacer los picos de demanda que se dan en sectores como turismo u hostelería. El 31 de agosto pasado, por ejemplo, la cifra de empleos destruidos se elevó hasta los 294.808.No obstante, la estadística de diciembre refleja también “el miedo al aumento de costes laborales en 2022″, según advierte el economista Daniel Lacalle.

El Gobierno, en la reforma laboral pactada precisamente a finales de diciembre con los sindicatos y que ha bendecido Antonio Garamendi -que no la CEOE al completo-, ha reconfigurado el contrato fijo-discontinuo para actualizar y mejorar las condiciones del empleo temporal. La nueva regulación del fijo discontinuo amplía notablemente los colectivos que pueden adscribirse a esta modalidad. Según el texto pactado, serán fijos discontinuos los trabajadores que realicen empleos «de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados». Con esta nueva definición se abre el abanico de situaciones que antes quedaban cortadas y solo permitían hacer contratos temporales o fijos a tiempo parcial.

Asimismo, el real decreto permite firmar este tipo de contratos «para la prestación de servicios en la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles formen parte de una actividad ordinaria de la empresa». Esta nueva legislación provocará que cientos de miles de trabajadores que ahora tienen contratos temporales deban ser admitidos como fijos discontinuos, lo que elevará el coste de despido para los empresarios.

Además, en el apartado cuatro, artículo 16, aparece una cláusula referida a las posibles indemnizaciones para esa clase de contratos. El texto reza que «las personas fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados». Así, se abre la puerta a que los empresarios tengan que afrontar mayores indemnizaciones para poner fin a este tipo de contratos. La indemnización para un trabajador temporal se reduce a 12 días por año trabajado en el momento en el que finaliza su contrato. Sin embargo, la correspondiente a un fijo discontinuo –que en términos normativos tiene las mismas condiciones que un indefinido– puede oscilar desde los 20 días por año y una anualidad de máximo o 33 días por año y 24 meses de tope, dependiendo de si es un objetivo procedente o uno disciplinario improcedente.

SMI

Junto a estos cambios, a los empresarios se les presenta en el horizonte una nueva subida del salario mínimo (SMI) que Trabajo quiere empezar a negociar a la mayor brevedad posible y que encarecería aún más los costes laborales. El Gobierno prorrogó a finales de 2021 el SMI en 965 euros brutos en 14 pagas mientras negocia con patronal y sindicatos la cuantía para este año. Los sindicatos ya han señalado que, una vez se cerrara la reforma laboral, iban a exigir la subida del salario mínimo SMI a 1.000 euros en 2022, algo a lo que en principio se niega la patronal.

En lo relativo al paro registrado, en diciembre bajó en 76.872 personas. Pese a tratarse de un buen registro, no es el mejor. En 2013, todavía en plena Gran Recesión, se redujo en 107.570 personas. La cifra global, 3,1 millones, tiene, además, un punto discutible. La estadística oficial de Trabajo no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Y aunque el número de trabajadores acogidos a un ERTE vinculado a la covid-19 se redujo en un 25% durante los dos últimos meses de 2021, todavía hay 102.548 personas en esta situación. A estos hay que sumar también otros108.000 autónomos que se encuentran en situación de cese de actividad, con lo que la cifra real de personas sin trabajo es de 3,3 millones.