La reforma laboral del Gobierno ratifica la del PP de 2012 y todo esto sigue igual

Finalmente, y salvo que el Tribunal Constitucional lo rectifique, la reforma laboral de PSOE y Podemos ha entrado definitivamente en vigor dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un texto legal con el que ambas fuerzas políticas de izquierdas prometieron enterrar para siempre la reforma laboral del PP pero que, como ya tuvimos ocasión de exponer hace varias semanas, ratifica los elementos esenciales de la misma.

En esencia: mantiene el abaratamiento del despido improcedente –desde 45 días por año trabajo con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades–, mantiene la ampliación de las causas que justifican el despido por causas objetivas –cuya indemnización es 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades–, mantiene los Expedientes de Regulación de Empleo sin autorización administrativa –en contra de lo que le reclamaba ERC–, mantiene la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial –salvo en lo referente a las tablas salariales–, mantiene el descuelgue de convenio por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y mantiene el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que habilita a modificar sustancialmente las condiciones de trabajo siempre que haya merma de productividad o competitividad.

De la reforma laboral de 2012 apenas se ha impuesto la prevalencia de las tablas salariales del convenio sectorial sobre el de empresa y se ha reimplantado la ultraactividad de los convenios (un asunto no menor pero que en todo caso ya había sido incluido en la mayoría de convenios por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios). De hecho, las modificaciones más importantes que ha introducido este texto legislativo son contra normativas laborales previas a la reforma de 2012: la limitación de las causas de temporalidad o del régimen laboral de las subcontratas son cambios importantes, sí, pero en todo caso referidos a aspectos que no se modificaron en 2012.

En este sentido, no deja de resultar esquizofrénico que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteara la convalidación del decreto-ley en el Congreso como una votación contra la reforma de 2012, cuando en realidad era una votación para convalidar la reforma de 2012. Sus tradicionales socios parlamentarios entendieron correctamente que el texto de ese decreto ley sólo era un trampantojo para ocultar que los aspectos centrales de la ley Báñez. Cuanto más vociferaban Díaz y Sánchez contra las medidas de Rajoy, cuanto más prometían derogarlas y enterrarlas, tanto más las reafirmaban: necesitaban generar ante sus votantes la falsa apariencia de que iban en serio cuando, en realidad, iban de farol.

Esta batalla política no la ha ganado ni Sánchez ni Díaz: la ha ganado Calviño y, más en general, la Comisión Europea. Son ellos quienes han logrado que Unidas Podemos haya votado en el Congreso a favor de lo que llevaba años prometiendo derogar: y lo han conseguido, para más inri, añadiendo una condicionalidad –que Iglesias ya calificó de «blanda» como vicepresidente– contra la que Podemos, durante los negros años de la Troika, siempre había prometido rebelarse.

Al final, no estamos ni mucho menos ante la reforma laboral que necesita España, pero sí ante una contrarreforma mucho menos mala de lo que podría haber sido. Con la aritmética parlamentaria existente, difícil esperar algo menos nocivo. Pero desde luego sí deberíamos aspirar, a futuro, a algo mucho mejor.