La asociación de autónomos UPTA se ha subido al carro del nuevo sistema de pensiones del ministro José Luis Escrivá y ha anunciado que promoverá “un plan específico con garantía del Estado para mejorar las pensiones de jubilación de 3,3 millones de autónomos”, en el marco del fondo público de pensiones que prevé poner en marcha el Gobierno. “Creemos que este es el camino a seguir para mejorar las pensiones de jubilación del futuro de nuestro colectivo que es una de las grandes asignaturas pendientes”, ha defendido el presidente de la entidad, Eduardo Abad.

También ha destacado que el Gobierno permitirá “sacar de los planes privados los capitales que están invertidos y llevárselos al público con garantía”, por lo que ha instado al Gobierno a que establezca un “sistema de gobernanza mixto pero tutelado por el Ministerio”. Además, ha querido recalcar que el “macroplan” impulsado por el Ministerio de Seguridad Social “no puede sustituir al sistema de protección social” pero puede “compaginarlo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley para la creación de los fondos de pensiones de empleo colectivos, que ya recibió el visto bueno en primera lectura el 23 de noviembre. El impulso del Gobierno a estos planes de pensiones incluirá también a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas. Con esta normativa también se pretende reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones. Además, responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de 2021.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la “implicación directa” por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa.

Según los cálculos de UPTA, durante el primer año de existencia del nuevo fondo se sumará un 10% de los autónomos españoles. El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.