Una Administración que no funciona con los fondos europeos

Si hace una semana y un día alguien se hubiese aventurado a pronosticar lo sucedido en el PP, casi nadie le hubiese creído. El asunto es tremendo desde el punto de vista político, porque en estos momentos España se ha quedado sin el primer partido de la oposición, que, utilizando un símil taurino, ha entrado en la enfermería, con una cogida espectacular y que está todavía pendiente del pronóstico definitivo.

Y todo eso sucede cuando la situación económica exige una labor opositora firme, dados los numerosos frentes que el país tiene abiertos. Uno de ellos, que se ve poco en la apariencia, pero muy importante en el fondo, es el problema que se arrastra con los cargos intermedios de la Administración General del Estado, que se podría personalizar en los subdirectores generales, aunque no es la única categoría afectada.

Me cuentan algunos de los protagonistas que se registra una auténtica huida en este escalón administrativo, de unos puestos en los que se ven obligados a estampar su firma, por ejemplo, en la tramitación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación de la Unión Europea, en los ministerios más implicados en este proceso, a otros puestos similares, en los que no tienen esta responsabilidad. La consecuencia es que eso ralentiza, cuando no paraliza, todo el procedimiento.

¿Cuáles son los motivos principales de esta actitud de los funcionarios? Pues fundamentalmente que no se fían de las orientaciones que reciben desde más arriba. «Las cosas no están claras y nadie quiere asumir la responsabilidad de firmar en un proceso que termina en la adjudicación de determinadas cantidades de dinero, que, a la vista de la discrecionalidad existente, puede terminar algún día en los juzgados, por la vía contencioso administrativa, sin descartar la penal», dicen.

Este no es el único problema que se da en el mundo funcionarial, aunque sí uno de los más urgentes de resolver, por la gran cantidad de dinero que está en juego. También es necesario buscar una solución para la atención presencial al ciudadano, que brilla por su ausencia en muchos organismos. Calviño anda en campaña apoyando a los mayores frente a las entidades financieras. Y hace bien. Pero el Gobierno también debería ocuparse de los problemas que tiene este colectivo por la falta de atención de las diferentes Administraciones.