La batalla de Indra: renacionalizaciones por la puerta trasera

El Gobierno de Pedro Sánchez acaricia la idea desde hace tiempo de renacionalizar, por la puerta de atrás, algunas grandes compañías españolas en las que, hasta ahora, tiene una participación minoritaria, pero de dominio y, además, influir decisivamente en otras de una forma directa o indirecta. Indra es, quizá, el mejor ejemplo del primer caso. La destitución de Cristina Ruiz como consejera delegada –vendida como «extinción del contrato de mutuo acuerdo»– es un paso más en ese sentido.

Hace poco menos de un año, en mayo de 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que preside Belén Gualda, logró la sustitución en la presidente de Indra de Fernando Abril Martorell por Marc Murtra, un economista respetado pero sin demasiada experiencia ejecutiva empresarial, muy próximo a Pedro Sánchez y uno de los pocos que cerró filas con él cuando fue defenestrado como secretario general del PSOE y al ex líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta. Murtra, de hecho, hasta su desembarco en Indra, era uno de los acompañantes asiduos de Sánchez en sus viajes al extranjero, una actividad que ha cuidado más desde que accedió a la presidencia de la compañía.

El Gobierno, sin embargo, tenía un problema que ahora parece dispuesto a solucionar. La estructura del accionariado de Indra y sus normas impedían que el presidente detentara el poder ejecutivo –que hasta ahora recaía en dos consejeros delegados–, Cristina Ruiz, por una parte, e Ignacio Mataix, por otra. Ambos se repartían dos áreas específicas. Indra TI para Cristina Ruiz, mientras que Mataix se ocupaba de la división de Transporte y Defensa. Los dos, sin embargo, estaban desde hace algún tiempo en una especie de «cuerda floja», aunque más la destituida o dimitida consejera delegada, tildada internamente de «rebelde». Al final, Mataix, no solo se ha salvado de la quema, sino que permanece como consejero delegado único porque el sustituto de Ruiz, Luis Abril Mazuelas –que estará al frente de Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (Minsait), pero como director general y consejero– no como consejero delegado.

Indra, en parte volcada en el sector de la defensa, puede tener un futuro bastante prometedor tras las incertidumbres de los últimos meses. El anuncio del Gobierno de Sánchez, a raíz de la guerra de Putin, de que aumentará notablemente el presupuesto de defensa puede abrir una nueva etapa en la compañía. Marc Mutra, el actual presidente, carece de poderes ejecutivos, ya que el Consejo de Administración, dominado por consejeros independientes, nunca llegó a dárselos. Eso, sin embargo, está a punto de cambiar y explica los cambios en la compañía. La estructura del capital de Indra lo explica todo, aunque cambiará en breve. Ahora mismo, la SEPI posee el 18,7% de las acciones; Fidelity Management, controla un 9,8%, la empresa vasca Sapa, el 5%; Fidelity International, el 4%; Nordest, el 3,6%; Corporación Financiera Alba (los March), el 3,1% y Powel Price, el 3,1%. Además, el 52,3% restante está en Bolsa y es lo que se denomina «free float» –acciones en circulación en los mercados–. La SEPI es el mayor accionista, pero dista mucho de ser mayoritario, frente a la unión, para algunos temas, del resto de accionistas importantes. Sin embargo, eso va a cambiar.

El Consejo de Ministros autorizó en el mes de febrero que la SEPI pudiera aumentar su participación en Indra hasta el 28%, algo que le dará una posición de dominio mucho más cómoda. La operación está pendiente de materializarse, pero en marcha. El 28% no es un porcentaje casual. Le dará al Estado un gran control sobre la compañía, pero no se verá obligado –a través de la SEPI– a lanzar una OPA por el 100% de las acciones, siempre y cuando no supere el 30% del capital. Es una forma de controlar y nacionalizar más una empresa de una forma más barata y también de alejar a futuros compradores interesados que sí tendrían que hacer una oferta por la totalidad de las acciones.

El penúltimo paso, por ahora, se dará, con toda probabilidad en la Junta General de Indra, prevista para el 23 de junio. Allí, Marc Murtra espera que el máximo órgano de Gobierno de la empresa le conceda, por fin, poderes ejecutivos, es decir, convierta su presidencia en verdaderamente real. Todo antes de que el 30 junio expire el plazo para la entrada de nuevos socios en el capital de la empresa vasca ITP Aéreo, fabricante de turbinas de baja presión y otros componentes aeronáuticos, controlada por la familia Sendagorta y que luego vendieron a Rolls-Royce. El Gobierno cree que la presencia del Estado en esa empresa es estratégico para el futuro de la industria española de aeronáutica civil y de defensa. Mataix sería partidario de esa opción –de hecho estuvo varios años al frente de ITP– y eso justificaría que ahora continuara como consejero delegado de Indra. No obstante, lo decisivo será el previsible acceso de Murtra a la presidencia ejecutiva de Indra y lo ocurrido ahora simplemente despeja su camino. El día después es bastante previsible, pero tiene que llegar y, en cualquier caso, se enmarca en un proyecto más ambicioso del Gobierno –y también discreto– de que el Estado controle cada vez más grandes empresas en sectores estratégicos. Es la batalla de Indra. Habrá más.