Montero ignora y harta a los funcionarios

Aunque el Consejo de Ministros aprobó ayerla mayor convocatoria de empleo público de la historia -44.787 plazas, incluyendo Fuerzas de Seguridad-, lo cierto es que los que integran en la actualidad este amplísimo colectivo se sienten maltratados e ignorados a partes iguales por el Ministerio de Hacienda, del que depende Función Pública desde agosto del año pasado. Por eso, el más representativo de todos, CSIF, ha decidido pasar a la acción y empezar a movilizarse desde hoy mismo.

El sindicato, junto con la plataforma representativa de las Fuerzas de Seguridad Jusapol, se concentrará en la puerta de la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública y en las de las subdelegaciones de Gobierno después de que, según denuncia, no haya recibido respuesta alguna desde marzo del departamento a su reivindicación de empezar a negociar sus salarios. CSIF asegura que los funcionarios arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo. «El conjunto de trabajadores públicos está contribuyendo al Pacto de Rentas desde hace 11 años, por lo que exigimos un acuerdo plurianual que permita mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas», aseguró el sindicato.

Respuesta

Por el momento, y a pesar de sus protestas, parece que los funcionarios tendrán que esperar hasta después del verano para que el Ministerio de Hacienda mueva ficha en lo que a sus salarios se refiere. Será entonces, dijo ayer María Jesús Montero, titular del departamento, cuando se “intensifiquen” las negociaciones, aunque no ofreció ninguna fecha concreta. Eso sí, la propia ministra advirtió horas después del anuncio de las movilizaciones de que la prioridad en este momento del Gobierno es combatir la inflación, por lo que “cualquier actuación que acometa” el Ejecutivo va dirigida a no adoptar medidas que puedan convertir una inflación que hoy es coyuntural en algo estructural.

De más largo recorrido son las quejas de otros funcionarios. Fuentes de Fedeca, que agrupa a las asociaciones de los funcionarios del grupo superior de la administración del Estado (A1), aseguran que no han tenido interlocución alguna con Función Pública desde que depende de Hacienda. «Lo hemos intentado mediante cartas, pidiendo ayuda al PSOE. Pero no ha habido respuesta», aseguran. Y eso que, como advierten, en mayo del año pasado, se anunció una reforma del sistema de acceso a la función pública de la que, aseguran, apenas tienen detalles pese a que consideran que su opinión es importante. «Hay que adaptar el sistema de acceso a los tiempos. Pero si no se tiene en cuenta a los que sabemos de ello, se cometerá un error que vamos a pagar a lo largo del tiempo», advierten.

Desde Fedeca consideran que se trata de una reforma importante porque «para tener el mejor sistema de acceso a la función pública posible, hay que captar a los mejores funcionarios fomentando la igualdad de oportunidades», explican desde la organización.

Para garantizar esa igualdad de oportunidades de la que hablan, desde Fedeca propugnan que el Estado implemente, entre otras medidas, un sistema de becas para la preparación de oposiciones y complementarlo con créditos blandos con aval público o préstamos públicos. En ocasiones, se ha acusado a los integrantes de este grupo superior de ser una especie de elite a la que no todo el mundo tiene acceso. Fedeca no niega que pueda haber “cierto sesgo” dado que preparar una oposición cuesta mucho tiempo y dinero y no todo el mundo se lo puede permitir. Y precisamente por eso quieren que se ayude económicamente a los que quieren prepararla ya que, de esa forma, se podrían igualar las oportunidades de todos. Lo que no se puede hacer, recalcan, es rebajar el nivel de exigencia en el acceso.