Tormenta perfecta: el fin de la moratoria concursal provocará el cierre de 100.000 negocios

El fin de la moratoria concursal «provocará un aluvión de cierres a partir de septiembre», avisa Cepyme. Las liquidaciones aumentaron un 13% en junio

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, interviene en el acto ‘España Digital 2026
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, interviene en el acto ‘España Digital 2026 FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Más de 100.000 negocios –según fuentes patronales– están en situación de insolvencia y con incapacidad de poder hacer frente a sus pagos, lo que puede convertir el segundo semestre del año en un apocalipsis de cierres y liquidaciones por el fin de la moratoria concursal, que finalizó el pasado 30 de junio y que el Gobierno parece haber descartado reactivar para mantener a flote a pymes y autónomos con problemas durante la pandemia. Fuentes gubernamentales han explicado a este periódico que «estamos en un estadio en el que es preferible saber con exactitud cuáles de ellas pueden tener verdadera viabilidad y de cuáles hay que prescindir porque no tienen ya un futuro empresarial».

El fin de esta medida coincidió con el Pleno del Congreso de los Diputados que dio luz verde al Proyecto de Ley de Reforma Concursal, como paso previo al Senado. La idea es que su texto definitivo esté aprobado la próxima semana. Las fuentes consultadas por LA RAZÓN no dudan de que el fin de este paraguas disparará los concursos convocados, pero que eso no se traducirá en cierres definitivos e inmediatos, al disponer de un periodo de dos meses para instar el concurso de acreedores. «Las empresas tienen ahí un margen para evitar que se desencadenen procesos que no se correspondan con la situación de solvencia real», defendió la propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo que les puede servir para acortar los plazos gracias a la aprobación de la reforma de la ley concursal, que debería estar lista antes e las vacaciones.

A falta de concluir la tramitación parlamentaria, tanto para las patronales de las pymes como para las asociaciones de autónomos, la nueva normativa incorpora cambios favorables en el medio y largo plazo. Para Cepyme, el nuevo proceso abreviado que incluye la nueva norma se vislumbra como «un procedimiento menos burocrático y mucho menos gravoso para las pymes y microempresas sin patrimonio», y prevé «potenciar los planes de reestructuración y facilitar las ventas de unidades productivas». Sin embargo, en el corto plazo, la nueva ley sí que siembra las dudas, ya que «estos instrumentos no podrán beneficiar a la mayoría de las empresas que arrastran meses de insolvencia».

El secretario general de esta patronal, Luis Arebayos, cree que muchas no han podido superar esta crisis porque el Gobierno ha dado «compensaciones mínimas por las pérdidas sufridas y muchas menos ayudas que el resto de países de la UE» –un 0,6% del PIB frente a casi el 4% de Países Bajos o Alemania, recuerda–. Entiende que la moratoria ha sido básica para que muchas empresas tuvieran más oportunidades, «pero al no acompañarla de compensaciones suficientes al cierre de actividad ha provocado en miles de ellas que solo se alargara su agonía».

Arebayos entiende que el fin de la moratoria «desbloqueará esta situación y, desgraciadamente, veremos la realidad del tejido empresarial, en la que muchas empresas, sobre todo de menor tamaño, presenten concursos a partir de septiembre, y que la mayoría sea para liquidar».

Esto supone un grave problema de morosidad para muchas pymes que son acreedoras de otras. Según datos de Cepyme, el nivel de deuda comercial con retraso de pago supera los 280.000 millones de euros, lo que demuestra que el monto total de deuda entre empresas con morosidad continúa incrementándose «de forma preocupante».

Y las cifras concursales también apuntan hacia arriba. Así, los concursos de acreedores registrados aumentaron un 13% en junio en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento en lo que va de año de casi el 4%, que se une al 37,5% que se incrementó en 2021 y al 57% que lo hizo en 2020. Miles de empresas ni siquiera optarán por presentar concurso «porque ni siquiera tienen capacidad económica para hacer frente a los gastos y desaparecerán directamente».