Pedro Sánchez es probable que tenga memoria selectiva, esa que solo recuerda lo que desea o lo que le conviene. Sus olvidos pueden llegar a ser legendarios, algunos con empresarios de testigos. Así, un 14 de septiembre de 2014, cuando parecía lejano que pudiera presidir un Gobierno, participó en una Asamblea del Instituto de Empresa familiar, en donde dijo con claridad que «no pactaremos con Podemos». Poco antes, ahora hace justo 8 años, un 3 de agosto de 2014, en una entrevista en el diario El País afirmaba que «una de las razones de la crisis de 1929 fue la de no rescatar a los bancos». Y en junio de ese mismo año, también en el diario que ahora está bajo la órbita de un financiero franco-armenio, con vínculos libaneses, Joseph Oughourlian –con el que cuenta para el futuro– anunciaba que «haremos asambleas abiertas de la ejecutiva a los militantes». Nadie lo recordaba, y si alguien lo hacía calló por si acaso, en la reunión del Comité Federal del PSOE del 24 de julio, que aceptó y aprobó a la búlgara los cambios decididos en el partido por su secretario general.

José María Aguirre Gonzalo fue presidente de Banesto en los albores de la transición y líder de la banca. Decía que «el banquero y el empresario tiende a ser progubernamental, es inevitable» y durante muchos años en España fue más o menos así. Hasta la época de Sánchez, dicen algunos. Aquel banquero creó, de manera informal, un mítico club llamado el «club de los siete», que agrupaba a los presidentes de los entonces «siete grandes» bancos españoles: Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular. El Santander se comió a todos excepto al Bilbao y al Vizcaya, que se fusionaron y luego lo hicieron con Argentaria para dar origen al BBVA. Todos ellos se reunían, de forma periódica en un almuerzo en donde hablaban de sus negocios y también de política. Allí acudió, de la mano de Aguirre Gonzalo, Felipe González cuando lideraba la oposición y no sólo quedaron satisfechos, sino que alguno pensó que era conveniente que un día no lejano gobernara el país.

Muchos años después, muy pocos recuerdan aquella época, y el líder del PSOE y presidente del Gobierno hace tiempo que ha dejado de verse con banqueros y empresarios, como hicieron todos sus predecesores. Sánchez ha trazado una línea casi infranqueable en el mundo de la empresa y los negocios entre quienes dependen de él o le aplauden –porque les conviene- y quienes –la mayoría– desconfían del inquilino de la Moncloa y recuerdan sus olvidos y sus cambios de opinión. Los primeros son muy pocos, la mayoría, con excepciones, le deben su puesto y otros esperan hacer buenos negocios con su proximidad. Son «los empresarios de Sánchez». Los demás intentan no salir escaldados de las iniciativas gubernamentales, casi todas con objetivos electopopulistas.

La lista de más afines a Pedro Sánchez la encabezaría, por ahora, Joseph Oughourlian, el financiero que al frente del fondo Amber Capital, controla la mayoría del Grupo Prisa, algo que los consejeros presidenciales –y también empresarios, sí empresarios– Miguel Barroso y José Miguel Contreras, que a su vez influyen en ese grupo, desde el consejo, y a través de otro accionista, Global Alconaba. Esta compañía, de reciente constitución, adquirió en mayo el 7,1% del capital de Prisa que poseía Telefónica, la multinacional española que preside José María Álvarez Pallete, que deseaba deshacerse de sus participaciones en el sector de medios. Global Alconaba está encabezada por Andrés Valera Entrecanales, de la familia que controla la mayoría de Acciona, y con socios como Alberto Knapp y Daniel Romero, relacionados con el negocio de la producción televisiva, como José Miguel Contreras y, en menor media, Miguel Barroso. Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, ha apostado con fuerza por el negocio de todo tipo de energías renovables, algo en lo que casi siempre encuentra el apoyo, más o menos expreso, del Gobierno y de la vicepresidenta Teresa Ribera, furibunda ecologista que, sin embargo, ante la crisis actual, ha tenido que aceptar que volviera a entrar en funcionamiento una central térmica de carbón.

Indra, estratégica

La empresa Indra es ahora quizá la clave de la estrategia de la Moncloa en el mundo de los negocios. Indra es una multinacional española de tecnología y defensa –sobre todo software– participada en un 25% por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), el holding público que preside Belén Gualda, nombrada por el Gobierno y también histórica colaboradora de la ministra de Hacienda y nueva vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Sánchez y su equipo querían desde hace tiempo tener un control más directo de Indra y por eso auparon a la presidencia, en sustitución de Fernando Abril, a Marc Murtra, un ingeniero industrial catalán, nacido en el Reino Unido, con prestigio técnico en su sector y con muy buenas relaciones con el ministro ex ministro Salvador Illa y con el propio Sánchez. La nueva política de Defensa tras la guerra de Putin, que supondrá más gasto en el ese capítulo, ha hecho que Indra cobre más importancia y también que invertir en ella sea un negocio prácticamente seguro en un futuro más cercano que lejano. La SEPI, que tenía un 18,7% de participación en Indra, quería aumentarla hasta el 28%, porque si pasaba del 30% tendría que presentar una OPA (Oferta Pública de Adquisición). Sin embargo, todavía, necesitaba más control accionarial o apoyo de más accionistas, para hacer cambios en el Consejo de Administración y para planes futuros, entre los que entran adquirir una participación en ITP Aéreo, fabricante vasco de turbinas para aviones, que había tenido como accionista a Rolls Royce. Otra empresa vasca, SAPA, encabezada por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, el equipo de fútbol de San Sebastián, tenía intereses parecidos y una participación en Indra.

En medio de esta operación, aparece otra vez el financiero Joseph Oughourlian quien, a través de Amber Capital, adquiere un 4,1% de Indra. El franco-armenio necesita recuperar parte de su millonaria inversión en Prisa, que ha significado pérdidas para sus socios, algunos de los cuales le obligaron a comprar sus participaciones. Filtraciones de algunos de los que han intervenido o conocido los pormenores de la entrada de Amber Capital en Indra, hablan de las buenas relaciones entre Oughourlian y Barroso y Contreras. La inversión en Indra aportaría, en un futuro razonable, los beneficios que Amber Capital que no ha obtenido en su aventura española en medios. Una de las primeras decisiones de Amber Capital en Indra fue votar al lado de la SEPI –Gobierno– y de SAPA para lograr la remoción de varios consejeros que no secundaban los planes del presiente Marc Murtra. En la Moncloa, al mismo tiempo, confían en que el apoyo mediático que les puede ofrecer Oughourlian les ayudaría a recuperar votantes para el PSOE en los próximos meses. Influencia política y negocios, una tan antiguo como el mundo.

El resto del entorno empresarial es muy distinto del de sus predecesores, incluido el propio José Luis Rodríguez Zapatero que, por ejemplo, siempre tuvo magníficas relaciones con el desaparecido Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, uno de los que primero que le apoyó en público. Ahí está, por ejemplo, una imagen, ya icónica, de Botín, sin chaqueta y tirantes rojos –el color corporativo del Santander–, mano a mano con Zapatero en un desayuno en la sede de la entidad. Su hija y sucesora, Ana Botín, mantuvo relaciones cordiales con Sánchez tras su llegada a la Moncloa, para después, enfriarse poco a poco. Algo similar ha ocurrido con otros presidentes de compañías del Ibex y similares que, por ejemplo, en 2011, también en tiempos de Zapatero crearon el llamado Consejo Empresarial de la Competitividad, que frecuentaron la Moncloa –con el socialista y con su sucesor Rajoy– y que organizaron campañas por el mundo para impulsar la economía española.

Los más afines

Los empresarios –que en puridad no son empresarios– más afines a Sánchez también controlan empresas importantes. Han sido nombrados por el Gobierno, muchos a través de la SEPI, que en contra de su trayectoria en los últimos decenios, está en un proceso de aumentar su perímetro. Al frente está Belén Gualda, que antes había presidido Navantia, compañía dedicada a la contrucción naval, civil y militar. En Navantia le sustituyó Ricardo Domínguez, quetambién estuvo en el círculo de María Jesús Montero cuando fue consejera de la Junta de Andalucía. De hecho, su trayectoria es sobre todo política. Fue director del gabinete del ministerio de medio Ambiente, Rural y Marino entre 2010 y 2011 y también fue director general de Industrias y Calidad y Promoción Alimentarias y viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Enagás, Aena y Redeia –antes Red Eléctrica– son las otras tres joyas de la corona empresarial pública, con más o menos participación estatal, pero en cualquier caso bajo control gubernamental. Enagás es ahora más estratégica que nunca. El mayor accionistas es el Estado a través de la SEPI, pero solo tiene en sus manos un 5% del total de su capital. Sin embargo, con esa participación controla desde hace años –y con distintas administraciones- la compañía. La preside desde 2007 Antonio Llardén que siempre admitió que los diferentes Gobiernos habían sido bastante neutrales. Sin embargo, eso cambió hace unos meses cuando perdió los poderes ejecutivos que pasaron a manos de un nuevo consejero delegado, elegido por la SEPI, Anturo Gonzalo Aizpiri.

AENA, la empresa que controla los aeropuertos españoles y que también ha adquirido otros en el extranjero, está participada en un 51% por el Estado. Salió a cotizar en Bolsa en tiempos del Gobierno del PP, que rechazó perder la mayoría como reclamaban los mercados. La llegada del PSOE al poder supuso un cambio en la presidencia, en donde Jaime García Legaz fue sustituido por el economista catalán Maurici Lucena, que fue uno de los que formaban parte del primer equipo de Pedro Sánchez, en su primera época como secretario general del PSOE, cuando concurrió a las elecciones de 2015. Lucena, que había sido diputado y portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña, se ocupaba en teoría de la política industrial y la competitividad. En julio de 2018, semanas después de la llegada de Sánchez al poder fue nombrado presidente de Aena.

Redeia se llamaba antes Red Eléctrica de España (REE). El Estado, a través de la SEPI, controla el 20% del capital y el 80% cotiza en bolsa libremente, lo que se llama free-float. A pesar de tener solo el 20%, la SEPI decide siempre quién encabeza el equipo ejecutivo de la compañía. Pedro Sánchez nombró a Jordi Sevilla presidente al poco de ser presidente. Era, sin duda, un premio a su colaboración. Sevilla, sin embargo, quiso volar por libre dentro de un orden, nada extravagante. Chocó con la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Le echó un pulso, pero lo perdió porque Sánchez se puso al lado de su ministra. La SEPI actuó y Sevilla fue defenestrado y sustituido por una exministra de Zapatero, Beatriz Corredor, Registradora de la Propiedad, como Rajoy, de profesión. Ella ha sido más obediente que Sevilla y sin duda por eso sigue sin problemas al frente de lo que ahora se llama –ha sido una de sus iniciativas- Redeia.

Sánchez, nada más llegar a la Moncloa, uno de los primeros nombramientos que hizo fue el de su ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, como presidente de Correos, la gran empresa pública postal y del sector logístico. El propio Serrano admitió sin complejos en alguna ocasión que él estaba al frente de esa empresa para ayudar a Sánchez, así de sencillo. Jordi Hereu fue alcalde de Barcelona por el PSC entre 2006 y 2011. En 2020 fue nombrado presidente de Hispasat, la compañía que aglutina la política aeroespacial pública. La SEPI tiene un 7,1, pero Restel, una empresa que controla Redeia, es propietaria de casi el 90%, lo que hace que técnicamente no sea una empresa pública, pero sí en la práctica.

Extendiendo el perímetro

La pandemia ofreció al presidente del Gobierno una oportunidad magnífica para ampliar los intereses empresariales del Estado. La SEPI, de hecho, sigue una política de crecimiento bastante evidente, que hace que también aumente el número de empresarios que están en nómina estatal y dependen, claro, de Sánchez en última instancia. El Gobierno creó en su momento el llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y lo dotó con 10.000 millones de euros. El objetivo erarescatar empresas estratégicas en situaciones complicadaspor las consecuencias de la pandemia de la Covid 19. El mecanismo consistía en rescates vinculados a préstamos participativos que si no se devolvían acabarían por convertirse en capital lo que le daría una participación muy significativa, cuando no mayoritaria, al Gobierno. En pocas palabras, una manera de entrar en empresas no por la puerta de atrás pero sin llamar demasiado la atención, al menos en teoría. El Fondo todavía está vigente y todavía tiene dinero pendiente de asignar, lo que indica que la SEPI extenderá todavía más su perímetro. Hasta ahora se han utilizado alrededor de 2.500 millones de euros. Una parte mínima de ese dinero se destino a la compañía aérea Plus Ultra, con un único avión y rutas hacia Venezuela, que supuso un gran escándalo ya que nadie entendía cómo podía considerarse estratégica mientras que otras empresas mayores y más significativas veían cómo se rechazaban sus peticiones de ayuda. El Gobierno, desde entonces, tuvo más cuidado, pero lo que no ha variado es su intención de adoptar posiciones de control, si se dan las circunstancias –y es fácil– en las empresas a las que ayuda. Entre las más significativas están, por ejemplo, Técnicas Reunidas, presidida por Juan Lladó, pero que, aunque con alguien de la casa, cambió al consejero delegado. La lista se completa con Air Europa, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Hotusa, Eurodivisas y Grupo Ferroatlántica, Boutique Hoteles y hasta una veintena de compañías. Sus responsables no pueden ser considerados empresarios de Sánchez, pero ellos o sus sucesores pueden serlo en cualquier momento.

Sánchez, el gran resistente, que está decidido a dar la batalla para seguir en la Moncloa divide a los empresarios –incluye a los banqueros– en tres categorías, los interesados dispuestos ayudarle, los obedientes y los desconfiados. Los de los dos primeros grupos están a su lado, por conveniencia o por haber sido nombrados por él, a los terceros está dispuesto a abrirles las puertas de par en par siempre que le den la razón y apoyen sus medidas aunque vayan en contra de sus empresas. Es lo que espera –y no consigue, claro– de banqueros y energéticos que tienen encima la espada de Damocles de los impuestos, sobre estigmatizadores, con los que el Gobierno quiere castigarles. Los suyos, los empresarios de Sánchez, no son demasiados, pero sí tienen poder y manejan recursos cuantiosos. Los principales: Belén Gualda, Marc Murtra, Maurici Lucena, Oughourlian –Barroso y Contreras de forma indirecta–, Beatriz Corredor, Juan Manuel Serrano, Arturo Gonzalo Aizpiri, Ricardo Domínguez, Andrés Valera y Jordi Hereu entre otros. El presidente, además, espera que, unos más que otros, le ayuden a seguir en la Moncloa y no le importará que algunos ganen mucho dinero en sectores con futuro en estos tiempos con guerras de fondo.