El Gobierno español, el único que ha aprobado un impuestazo a los beneficios de la banca

El polémico impuestazo que ha activado el Gobierno contra los resultados de los bancos no ha servido de ejemplo en el resto de países de la UE, que han desestimado gravar los beneficios extraordinarios de sus entidades bancarias. Pese a que las medidas de control de la banca se generalizaron tras la Gran Crisis Financiera de 2008, ningún Gobierno se había atrevido a gravar directamente los beneficios de su sistema financiero –al margen de lo estipulado en sus regímenes fiscales y en Sociedades–, y mucho menos de empresas privadas.

Ninguna de las grandes economías de la eurozona (Alemania, Francia o Italia) han aprobado un impuesto basado en los potenciales beneficios extraordinarios empresariales, y menos con la delicada coyuntura económica actual, marcada por las consecuencias de la guerra de Ucrania y con una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para intentar controlar la desbocada inflación. Un argumento que descartaría intervenciones en todos los países europeos –solamente Hungría ha esbozado una tasa similar, pero con menos capacidad impositiva–, aunque sí ha valido para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice este mismo argumento para crear su nuevo impuesto bancario, con el que espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años.

El Gobierno defiende que todos los países tienen la opción de recurrir a impuestos temporales y finalistas en momentos de alta necesidad o dificultades económicas por una crisis. Sin embargo, nunca en Europa se había gravado directamente sobre los beneficios. Bélgica en 2012 gravó a las entidades según su tamaño, el riesgo y la inversión de la banca; en 2011, Austria lo hizo con los activos, inversiones y depósitos; Reino Unido aplicó tributos específicos destinados a recuperar las ayudas públicas que recibieron durante la Gran Crisis; Francia puso límites fiscales al crecimiento y a la solvencia de los bancos; Bulgaria o Finlandia usan impuestos especiales como contribución a los fondos de estabilidad de los depósitos; y Polonia advirtió a las entidades que aprobaría un tributo especial si detectaba mala praxis financiera con la población más débil, pero nada más se ha sabido. Lo que sí mantiene es un impuesto extraordinario del 0,44% sobre los activos de los bancos.

Pero todos estas tasas son más bien elementos de control para evitar situaciones financieras límite y nuevos problemas de solvencia de la banca, que pueda poner en peligro la viabilidad del sistema. Pero ninguno que grave directamente los beneficios extraordinarios como lo ha hecho el Gobierno en España, que insiste en que «toca arrimar el hombro para sostener a la economía en estos difíciles momentos». Lo dijo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pero la banca se defiende y confirma con datos que «pagamos impuestos por encima del resto de grandes empresas». Cuentan con un tipo nominal en Sociedades del 30% de la base imponible, por encima del general del 25%, a lo que durante la legislatura de Pedro Sánchez han sumado la tasa Tobin –que grava las transacciones financieras– y asumido el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas –que antes era abonado por los clientes–.

Además, la legalidad jurídica de esta medida está en entredicho, a lo que se suma la complejidad para determinar lo que es un beneficio extraordinario y cómo puede cuantificarse una ganancia por encima de lo normal, algo que ya está ocurriendo con los gravámenes extraordinarios que algunos países han impuesto a las eléctricas, que han mermado sustancialmente las expectativas de recaudación que tenían los gobiernos.

El Gobierno asegura que cuenta con todos los avales legales, pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya advirtió en 2019 que «usar los ingresos de cualquier impuesto ‘’ad hoc’' a los bancos con fines generales presupuestarios sería indeseable porque impondrían cargas indebidas a las entidades, lo que pondría obstáculos a las provisiones de crédito con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real. Los ingresos de tributos a entidades financieras deben estar limitados para evitar su uso con fines generales de consolidación fiscal». El sector ya ha advertido que, al menos, restaría capacidad de préstamo por 50.000 millones.

La Comisión Europea también ha mostrado sus dudas ya que su propia legislación «exige que cualquier gravamen de este tipo debe estar claramente justificado y ser temporal».