Miguel Borra: «El Gobierno exige acuerdos a la patronal y ellos, que son otra patronal, no negocian»

La inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la subida de la energía y de la cesta de la compra, el malestar social, no llegar a fin de mes... Los trabajadores están con el agua al cuello y es hora de salir a la calle para decir «basta ya». Así lo defiende Miguel Borra, presidente de CSIF, que ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre para exigir una subida salarial justa y una jubilación digna, además de expresar su rechazo al empobrecimiento social y al deterioro de los servicios públicos. La marcha forma parte de una campaña de movilización abierta al conjunto de la sociedad y a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado porque la situación «empieza a ser insostenible». Borra pide soluciones «eficaces y de verdad».

¿Por qué convocan esta manifestación contra el Gobierno?

Por el empobrecimiento social, energético y económico al que nos ha llevado. No es solo que vaya a haber una nueva crisis económica o una recesión económica, si no su magnitud. Los recursos de los españoles se están empezando a acabar y el Gobierno debe tomar medidas realmente eficaces, porque millones de familias no puede aguantar más.

Ha acusado al Gobierno de falta de interlocución, del empobrecimiento progresivo de los trabajadores y del deterioro imparable de los servicios públicos. Tres acusaciones muy graves.

El empobrecimiento social es evidente, total y absoluto. Están desbocados los precios, el déficit público, la deuda, la inflación, los salarios medios son una 20% inferior al de la media de la Unión Europea... Por eso convocamos esta manifestación, para que el Gobierno dé soluciones y deje de poner excusas.

Es la segunda gran manifestación contra la política de Pedro Sánchez y sus socios, tras la del campo, ¿cuáles son los objetivos concretos a lograr?

Queremos canalizar todo el malestar que ya existe en la sociedad española y decirle al Gobierno basta ya, que tome medidas que de verdad sirvan porque como lo está haciendo hasta ahora no es suficiente.

El Gobierno ya ha dicho que no va a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y que se mantiene en una subida del 2%, al contrario que va a hacer con las pensiones, ligadas al IPC. ¿En dónde pone CSIF el límite de la negociación?

Se resume rápido. 2021: subida del 0,9% e inflación del 3,1%. 2022: subida del 2% y una inflación que seguramente rondará el 10%. Desde el Gobierno socialista de Zapatero, el único que ha bajado el sueldo de los empleados públicos, acumulamos una pérdida de poder adquisitivo del 20%. Si le sumamos lo que se va a perder este año, es una cifra inasumible. Y un detalle clarificador: por el poder adquisitivo perdido, un médico ha trabajado gratis 18 meses. Este Gobierno se jacta de ser el Gobierno de los trabajadores, pero no se sienta a negociar.

Parece impensable recuperar ese 20% perdido, según está la situación en el sector privado, que sentiría un agravio comparativo.

Lo que está claro es que siempre son los trabajadores los que pagan el pato. Cuando las cosas van bien a los trabajadores nos llega poco, y cuando van mal no nos llega casi nada. Un dato: Francia, con menos inflación que España, ha subido a sus empleados públicos un 13% el salario con efecto retroactivo con el mes de julio de este año. Ni siquiera ha esperado el dato de la inflación para hacerlo ni a los Presupuestos del 23. Aquí, nada.

La ministra Montero ya ha advertido que su intención es aprobar un acuerdo salarial a tres años al margen del IPC para no profundizar la inflación. ¿Qué le exigen?

Lo primero que debe hacer es sentarse a negociar, que aún no lo ha hecho, pese a que alguna ministra diga que ya se está negociando. Por lo menos que se diga la verdad y no mientan.

¿En qué situación se encuentra ahora mismo la negociación salarial de los empleados públicos?

No sabemos nada. Ni siquiera hemos tenido una reunión con la ministra Montero.

¿Por qué cree el Gobierno no se sienta a negociar?

Desconozco los motivos.

¿Es Montero la principal traba para llegar a un acuerdo?

Ella es la que marca los tiempos. Lo que esta claro es que con el anterior ministro, el señor Iceta, conseguimos sacar adelante un gran acuerdo sobre temporalidad, que luego el Congreso de los Diputados destrozó. La relación era más fluida, ahora no se puede decir lo mismo.

¿Por qué el Gobierno sí sube las pensiones al IPC y no el sueldo de los funcionarios?

Que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo es prioritario y lo apoyamos sin concesiones porque las pensiones no son una dádiva, sino un derecho adquirido durante toda la vida laboral. Otra cosa es lo que ha hecho el Gobierno con las jubilaciones anticipadas o las nuevas pensiones, porque ahora penaliza mucho como en los últimos años de tu vida te quedes sin trabajo, aunque se tengan 40 años cotizados. Ahora tu pensión se ve extremadamente mermada. Eso no puede ser y hay que ponerlo encima de la mesa y denunciarlo.

¿Cree que es una medida electoralista?

No lo sé, repito que las pensiones deben subir lo justo, pero las elecciones son el año que viene (deja la frase en el aire)...

¿Por qué cree que el Gobierno se empecina en no negociar los salarios públicos, cuando sí que exige a los empresarios que se sienten a negociar sus convenios colectivos?

Desde el Gobierno se está llamando a la patronal a negociar un convenio salarial mientras ellos no lo hacen con sus trabajadores públicos. Por tanto, la otra gran patronal de este país, que es el Estado, ha ignorado todas las peticiones de negociación, de palabra y por escrito. Pues seguimos esperando. Ni siquiera son capaces de demostrar que si se cierra un acuerdo con los empleados públicos sería un ejemplo a seguir por el sector privado, al que le está exigiendo un acuerdo. Pero les da igual. La ministra Díaz se queja de que la patronal no se quiere sentar a negociar y ellos hacen o mismo como patronal pública. Esa es una de las incongruencias que denunciamos, que exige acuerdos a una patronal y ellos, que son otra patronal, no se aplican el cuento.

¿Cree que esto puede provocar un deterioro de los servicios públicos?

Es evidente. Ya se están viendo los problemas que estamos arrastrando en Sanidad, en Educación o en Trabajo, retrasos de hasta mes y medio para poder generar prestaciones o el colapso que se está produciendo en las tramitaciones del DNI o en el SEPE. Cada vez que en España hay una situación que tensiona el funcionamiento de trabajo público llegan los problemas. Y se ha visto con el covid. La crisis anterior no bastó para enseñar al Gobierno cómo hacer las cosas bien. Solo ha tomado medidas deslabazadas y sin concretar.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo. El Gobierno firmó el acuerdo por el teletrabajo en el sector público. Se firmó en abril de 2021 y estamos a septiembre de 2022 y sigue sin desarrollarse. Y luego se llama a reducir el gasto energético. Pues si hubiera desarrollado el teletrabajo, que ya estaba aprobado, ahora estaríamos prestando un mejor servicio al ciudadano y se hubiera racionalizado el consumo.

Además de la subida salarial hay muchos asuntos pendientes, como la tasa de reposición, la temporalidad del empleo público o la propuesta de Podemos de acabar con Muface. ¿Tampoco hay avances en estos temas?

Nosotros abogamos por la abolición de la tasa de reposición, es decir, ni un empleado más de lo necesario ni uno menos. Ha sido una de las grandes culpables de la enorme tasa de interinidad que tenemos. En cuanto a la mutualidad, ha habido una grave pérdida de calidad sanitaria. Se ha llegado a un acuerdo a tres años, con una subida el año que viene y el siguiente del 1%, algo ridículo, lo que va a deteriorar gravemente la asistencia sanitaria a los empleados públicos. Es decir, que mi empresa no me presta la asistencia sanitaria que necesito y está obligado a dar. Eso es este Gobierno.

Pero el empleo público ha alcanzado cifras récord en la pandemia. ¿No es suficiente?

Se han alcanzado cifras récord sobre todo en Sanidad y en Educación para poder afrontar a pandemia. Le recuerdo que los servicios públicos no son de los empleados públicos, sino de todos los ciudadanos. Por ejemplo, el SEPE se enfrentó a la pandemia con 5.000 trabajadores perdidos durante los últimos años y solo había 7.000 para gestionar todos los ERTE y las prestaciones, con un sistema informático que tiene 40 años. Y pasó lo que pasó.

La manifestación también es para el sector privado, ¿qué piden para estos trabajadores?

Justicia laboral, una subida salarial digna y acabar con el empobrecimiento social al que nos han llevado. Solo un detalle: en otras épocas, con una subida muy inferior de la gasolina, de la cesta de la compra o de la luz los ciudadanos salían a la calle para protestar y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Otros no han dicho nada.

Entonces, ¿cree que el otoño caliente que anunciaron los sindicatos CC OO y UGT era solo contra los empresarios?

No sé lo que piensa ellos, pero nosotros nos manifestamos contra la otra patronal, el Gobierno, que es el que tiene los mecanismos legislativos y económicos para poder revertir la situación en la que nos encontramos.

¿Por qué cree que han desestimado manifestarse?

Nosotros vamos a salir a la calle, lo que hagan o no hagan otros, no sabemos.

¿Cree que estos sindicatos están demasiado cercanos al Gobierno de coalición?

Las decisiones internas de otras organizaciones no las valoramos. Nosotros hemos convocado esta manifestación porque creemos no se puede seguir así y para exigir al Gobierno que tome medidas eficaces que sirvan de verdad a todos los ciudadanos. D los demás no sabemos lo que piensan.

¿Barajan la posibilidad de convocar una huelga entre los empleados públicos si no logran una subida acorde con la inflación?

Es algo que hay que valorar durante los próximos meses, pero evidentemente si la situación no mejora se abre esta posibilidad.