Agencia Tributaria, la mano que ahoga al pequeño negocio

Me dicen los amigos que me gusta dar «caña» a las Administraciones Públicas. Eso sería un acto de masoquismo «per se», pues soy consciente de que cada vez que hago uno de estos artículos «cañeros» voy a recibir la receta de la Agencia Tributaria (AEAT), pero es que no me puedo callar. Ya está bien de que siempre aprieten a los mismos.

Les voy a ofrecer una referencia jurídica: disposición adicional undécima de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que regula, con efectos 1.01.2023, determinados aspectos relacionados con el aplazamiento y el fraccionamiento del pago de deudas tributarias. Si no quieren leerla ahora, no se preocupen, enseguida les voy a contar de qué va.

Como no podía ser de otra manera, esta Administración ha destacado por incluir normas de las que hacen daño en los lugares más imprevistos y, probablemente, menos leídos por los expertos en general. Utilizan la Ley Concursal, en una disposición adicional, la undécima, para regular los plazos de los fraccionamientos de diferentes impuestos. El caso más claro es el del IVA, pero se recurre a ellos en otros tributos. De esta manera, consiguen casi pasar de puntillas la regulación de una figura de financiación de los pequeños negocios y los autónomos.

Hasta la fecha, esta situación se regulaba a través de una instrucción interna de la AEAT. Lo cierto es que, al no estar regulado, se generaba o podía generar una cierta discrecionalidad en la concesión o no de la facilidad y en los plazos que se otorgaban. Pero, si no había nada raro, lo normal es que se hiciera de forma casi automática. Voy a contarles lo que dice la disposición undécima y su comparación con la instrucción actual:

Los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con cuotas iguales y vencimientos mensuales. Cuando se requieren avales para el fraccionamiento o certificado de seguro de caución, el plazo máximo es de nueve meses para el aplazamiento. Hasta el 1 de enero de 2023, cuando entrará en vigor la nueva norma, se concedía un plazo de hasta 36 meses. Saben ustedes que, si se cuenta con aval –básicamente aval bancario–, el cobro está garantizado, se va a cobrar sí o sí. ¿Era necesario apretar tanto financieramente? La respuesta será un sí siempre que el objetivo sea recaudar a toda costa.

Cuando se aporten otras garantías, como la hipoteca, el plazo máximo será de nueve meses, cuando la instrucción que regula la situación actual permitía hasta 24 meses.

Cuando el deudor no tiene bienes suficientes o ejecutar su patrimonio se demuestra muy perjudicial para la continuidad de su negocio –o producir graves quebrantos para Hacienda–, el plazo se mantiene en los 12 meses.

Si la deuda total aplazada no supera los 30.000 euros no se requieren garantías. En personas físicas se permitía fraccionar los pagos hasta en 12 meses. Ahora solo se van a permitir seis meses. Tengan en cuenta que este límite, en la práctica, va a contar solo para las pymes, pues los grandes lo superan habitualmente con creces.

A principios de año, cuando conocíamos que la inflación de 2021 cerró en un 6,5%, me atreví a solicitar no solo la deflactación de los impuestos, sino también la actualización del importe a fraccionar sin garantía; esto es, pasar de 30.000 euros a 31.950 euros. Pues bien, de vuelta, y por la puerta de atrás, lo que se ha hecho es reducir los plazos de aplazamiento.

Y es que cuando se pide reducir impuestos, deflactarlos, eliminar algunos por anacrónicos, el Gobierno aparece con nuevos impuestos y con restricciones para la financiación de estos. Cuando le decimos al Gobierno que nuestros pequeños negocios están al borde del precipicio –nuestro último Barómetro señala que hay 90.000 de ellos en situación de quiebra técnica, 250.000 que pueden desaparecer si no se hace algo que lo remedie y 700.000 negocios con serios problemas de liquidez–, se le pone la mano en el cuello y se aprieta un poco más.

Miren ustedes la incongruencia: les dicen a los bancos que den más plazo para que los negocios paguen sus ICO, pero ellos les niegan plazos para contar con un poco más de holgura en su tesorería. Señora Montero, ministra de Hacienda, su equipo en la Agencia Tributaria me va a revisar hasta la ropa interior, pero no voy a dejar de alzar la voz para decirle que no tienen ni idea de cómo funcionan los pequeños negocios. Luego se quejarán de que no pueden dar ayudas porque los negocios no le pagan a Hacienda. Si quieren seguir recaudando, los negocios deben seguir abiertos. De lo contrario, bajará la recaudación subirán los gastos por el pago de prestaciones de desempleo y la economía del bienestar se estudiará en los colegios como algo que ocurrió hasta que a algunos dirigentes se les ocurrió estigmatizar a los empresarios, fuera cual fuera el tamaño de su negocio.

La próxima reflexión será sobre las exposiciones de motivos de las leyes. Pero viene al caso reproducir este párrafo contenido en la exposición de motivos de la llamada ley crea y crece:

«Las medidas contenidas en esta ley dirigidas a agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación, contribuirán asimismo, junto a otras leyes como las de fomento de las empresas emergentes o la reforma concursal, a la mejora del clima de negocios en nuestro país, con los previsibles efectos indirectos positivos asociados en términos de inversión extranjera y creación de empleo».

¿Qué les parece?

Antes de despedirme, una reflexión más: ¿dónde están ahora nuestros representantes empresariales? Enredados en disputas de cara a las elecciones, me dirán. Vamos, que no van a decir ni «mu». Que, una vez más, al autónomo y a la pyme nos van a dejar solos.