«Res publica», expresión latina que significa literalmente «cosa pública», era empleada en la Antigua Roma para referirse al conjunto del Imperio y todos sus intereses comunes. De esta forma, lo diferenciaban de la «res privata» («cosa privada»), que hacía alusión al patrimonio personal de emperador. Una dicotomía, público-privado, que al igual que muchas aportaciones clásicas ha llegado hasta nuestros días. Dos términos, en principio contrapuestos, pero que, no obstante, mantienen una relación de dependencia. Y es que el Estado, es decir, la «cosa pública», obtiene ingresos de la «cosa privada», fundamentalmente a través de los impuestos y las cotizaciones sociales que pagan los ciudadanos que, a su vez, sirven para financiar servicios tan importantes como la Educación, la Sanidad o las Infraestructuras, de los que se beneficia el conjunto de la sociedad, independientemente de su naturaleza. Con estos ingresos, también se pagan las nóminas de los colectivos que dependen de los presupuestos estatales, y cuyo grueso lo integran fundamentalmente los empleados públicos, los pensionistas y los perceptores de prestaciones por desempleo. Sin embargo, actualmente, se están produciendo una serie de desequilibrios que pueden condicionar el crecimiento futuro.

En España, hay un total de 15.386.282 de personas que pertenecen a estos grupos y que, por tanto, reciben algún sueldo o transferencia pública, según los datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Hay que precisar que los empleados públicos, aunque supone un «gasto» para el Estado, llevan a cabo una actividad que genera valor para la economía y, por lo tanto, realizan su correspondiente aportación al Producto Interior Bruto (PIB).

Por su parte, los ocupados del sector privado en el tercer trimestre ascendieron a 17.039.600, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, el número de los «viven» de lo público sobre el total de empleados del sector privado arroja una ratio que, a juicio de los expertos, es preocupante: 0,91. Y es que prácticamente cada ocupado tiene a su cargo una persona que cobra un salario o pensión pública. Una inquietud que se acentúa aún más si se tiene en cuenta el actual contexto de desaceleración económica y las previsiones para España de distintas instituciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pronosticado recientemente que nuestro país se adentrará en territorio negativo en el cuarto trimestre de este año, situación que se extenderá a los primeros tres meses de 2023, con lo que España entrará de lleno en la temida recesión, con las preocupantes consecuencias que tendrá especialmente para el empleo. El INE también certificó hace pocos días el «parón» en seco de la economía española, al constatar un crecimiento de apenas un 0,2% en el tercer trimestre del año. Por tanto, se podría dar la paradoja de que en los próximo meses el número de personas que perciben un salario público supere al de aquellas que trabajan en el sector privado, cosa que ya ocurrió en 2020, aunque esa situación se debió a la excepcionalidad de la pandemia. En dicho año se produjo una anomalía. Y es que había 16.265.713 personas que dependían de la Administración, frente a los 15.796.175 que desempeñaban su labor en empresas privadas, lo que situó la ratio público-privado por encina del 1 (1,02). Pese a las cifras máximas de ocupación que se registran en la EPA del periodo comprendido entre junio y septiembre (más de 20,5 millones), lo cierto es que el goteo de nuevos empleados públicos y pensionistas es constante. La incorporación de nuevos perceptores de rentas públicas se ha intensificado, especialmente en lo que se refiere a trabajadores de la Administración, detectándose un ritmo de contratación más intenso a partir 2018. Si bien es cierto que la mayor variación en la contratación pública coincidió con el periodo la COVID, no lo es menos que, pese a la menor presión pandémica, la contratación pública ha seguido creciendo intensamente, hasta el punto que, en el tercer trimestre del año, de los 77.700 nuevos empleos que se generaron en relación a los tres meses inmediatamente anteriores, 53.300 fueron público y 25.400, privados, o lo que es lo mismo, el 67,31% se originaron en el ámbito de las administraciones. Así, el número total de empleados públicos alcanza ya los 3.506.200, 355.615 más que hace cinco años, lo que representa un aumento del 11,28%, frente al 5,3% que experimenta en sector privado con respecto a hace un lustro.

Asimismo, el número de pensionistas (contabilizando las pensiones de la Seguridad Social, las no contributivas y las clases pasivas) asciende ya a 10.127.907, casi 31.000 más que el año pasado, pero cerca de 600.000 con respecto a 2016, una tendencia al alza que se acentuará en ejercicios venideros, debido a la composición de la pirámide poblacional española y a la incorporación de la generación «baby boomer» al sistema público, lo que ejercerá aún más presión sobre el mismo. El necesario recordar que el sistema español es solidario y de reparto, es decir, que los trabajadores en activo sufragan con sus cotizaciones a aquellos que se jubilan.

Lo que sí ha disminuido es el número de perceptores de prestaciones por desempleo, que han caído en relación al año pasado en 284.169 personas, hasta 1.752.175, y en 1.222.675 si se compara con 2020, cuando la pandemia disparó el numero de ciudadanos que cobraban el subsidio. No obstante, el mercado laboral es sumamente sensible a los cambios de las magnitudes macroeconómicas, por lo que el más que previsible deterioro de las mismas avanza un año en el que el desempleo repuntará y, por tanto, del número de personas que solicitarán una prestación, lo que, sin duda, contribuirá a aumentar el desequilibrio público-privado.

Pero, además, se da la paradoja de que el salario medio del sector privado es inferior al del público, según se desprende de la última Encuesta anual de estructura salarial elaborada por el INE. El salario mediano (el que divide el número de trabajadores en dos partes iguales) se situaba en España en 2020 en 1.743 euros, mientras que el sueldo medio público ascendía a 2.827 euros. Además, hay que tener en cuenta que, tras la revalorización de las pensiones acordada, la prestación media por jubilación superará los 1.200 euros.

Pese a esta descompensación, los Presupuestos Generales del Estado 2023, que la pasada semana se enfrentaron a su primera votación en el Congresos, incluyen un importante aumento del gasto, siendo algunas de las partidas de gasto corriente más significativas, precisamente, la revalorización de la nómina de pensionistas y funcionarios, con incrementos del 8,5% y de hasta el 3,5%, respectivamente (no obstante, las alzas del sueldo de los empleados públicos pueden llegar hasta el 9,5% en el periodo comprendido entre 2022 y 2024).

Frente a ello, los convenios colectivos hasta agosto recogen actualizaciones medias de las remuneraciones de los asalariados del sector privado del 2,6%. De esta manera, el contribuyente español que financia a los colectivos que se mantienen del Presupuesto lo hace no solo con un salario menor, sino también con una revalorización muy inferior a la de aquellos que “sostiene”. Una situación cuanto menos peligrosa, que puede comprometer seriamente el crecimiento futuro.

Por este motivo, distintas instituciones, organismo, institutos y servicios de estudios se han apresurado a cuestionar el diseño de las cuentas públicas del próximo año. Uno de ellos es el IEE, que ha criticado abiertamente que el Gobierno no esté aprovechando el máximos de recaudación tributaria por el efecto de la inflación y de la ocupación para corregir desequilibrios.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, alerta de que se está sobrecargando a la parte productiva de la sociedad con un gasto estructural, que actualmente se está sufragando con unos ingresos que son totalmente coyunturales, con lo que se está condicionando, a juicio, el crecimiento del mañana.

Ante el contexto actual, y el deterioro sensible de las condiciones macroeconómicas en próximos meses, la evolución de gasto público planteadas para el próximo año refuerza la dinámica de la inflación de la economía española, puesto que la revalorización de las pensiones o sueldos de los funcionarios, están indexadas a las evolución del IPC del periodo anterior, lo que se traslada no solo a una necesidad de mayores ingresos futuros, sino que ejerce una mayor presión sobre la inflación a través de los efectos de segunda ronda y restan eficacia a las medidas adoptadas para la contención de los precios que están incluidas en estos presupuestos. «En un contexto internacional marcado por la escalada de las tensiones geopolíticas y sus consecuencias sobre la evolución de los mercados energéticos que, en plano doméstico, se traduce en un deterioro de la capacidad de compra y de la confianza de las familias, al que se une un endurecimiento de la política monetaria, la economía española se encuentra en una situación de “vulnerabilidad”», advierte el IEE en su último informe de valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2023.

Izquierdo considera que se están incrementando pensiones y salarios públicos sin tener en cuenta las posibilidades reales de España ni del empleo. «Todo ello nos puede llevar a una situación insólita en la que incluso haya más personas que dependen de una nómina pública que empleados en empresas privadas. El sector público debería amoldarse a la evolución del sector privado, siendo éste el que marque la revalorización de los salarios y no el IPC, ya que, paradójicamente, el que tiene menor bienestar es el que más está aportando al sistema. Se debería realizar algún tipo de ajuste y, sobre todo, mejorar la gestión pública. Si no se reduce el gasto, se está dejando todo a déficit y a deuda. Prueba de que el sistema no es financiable es que el déficit alcanzará el 5% y la deuda el 115% del PIB», añade

Por tanto, Izquierdo aboga por ir hacia un sistema en el que el empleo público crezca de forma moderada, («no tiene ningún sentido que en los últimos cinco años se haya incrementado en más 350.000 personas», puntualiza); priorizar la lucha contra el desempleo porque, en su opinión, el número de desempleados puede hacer que sustentar el sistema sea insoportable, y apostar por un mecanismo de pensiones que a largo plazo priorice la sostenibilidad.

Encontrar, pues, el equilibrio entre la «cosa pública» y la «cosa privada» será fundamental si se quiere mantener el bienestar, el crecimiento y el empleo.