Opinión

Compromiso belga y criptocrisis

La Comisión Europea busca una solución para la montaña de deuda pública, pero lo más probable es que todo quede en un acuerdo que contente a todos y arregle poco, como tantas veces

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión EuropeaGeert Vanden WijngaertAgencia AP

Martin Selmayr fue secretario general de la Comisión Europea (2018-2019 y antes, desde 2014, jefe de gabinete del presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean Claude Junker. En un debate en el Parlamento Europeo, en marzo de 2018, fue tildado de ser «el burócrata más poderoso del mundo» y para muchos era quien en esa época mandaba en realidad en la Comisión Europea. Lionel Barber, el director que pilotó con un éxito espectacular la transformación digital del diario «Financial Times», cuenta en sus más o menos –pero apasionantes– memorias «Vencedores y vencidos» que Selmayr, con un cierto humor explicaba que la Unión Europea (UE) funciona, con bastante frecuencia, gracias «un compromiso a la belga, en el que nadie entiende lo que se ha acordado, pero todo el mundo sale sintiéndose ganador».

La Comisión Europea, que ahora preside la alemana Ursula von der Leyen, con la letona Ilze Juhansone de secretaria general, prepara lo que denomina un «nuevo pacto fiscal», cuyo objetivo –en teoría– es actualizar las normas que afectan a las cuentas públicas de los Estados miembros y, sobre todo, a los límites de déficit y deuda pública, ahora en el 3% y el 60% del PIB de cada país, algo que casi ninguno cumple, sobre todo en el capítulo de la deuda. Los trabajos previos apuntan a una relajación de las exigencias de deuda, para lo que estaría sobre la mesa acordar un techo de gasto público para cada Estado y alargar los plazos para cumplir el requisito principal. Se mantendría, eso sí, la condición del 3% de déficit y se estudia cómo imponer sanciones rápidas a los díscolos, pero inferiores a las actuales, que nunca se han aplicado y no porque no hubiera motivos.

España y otros países del sur están muy a favor de una propuesta en ese sentido, que podría aprobarse en el segundo semestre de 2023, cuando Pedro Sánchez encabezará la presidencia de turno de la UE. Las cosas, sin embargo, no están tan claras ni nada será sencillo. La Alemania del canciller Scholz, por muy socialdemócrata que sea, no es muy partidaria de tanta relajación, en tiempos en los que la inflación campa a sus anchas y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierte que seguirá al alza. El conflicto entre países «frugales» –austeros– y «frutales» –gastadores– está servido de nuevo. Sánchez confía en ese balón de oxígeno que, por otra parte, también anhela la italiana Giorgia Meloni que, por muy en las antípodas que esté del inquilino de la Moncloa, cerrará filas con él en este terreno. La política, es un clásico, hace extraños compañeros de cama. Tras la propuesta, que todavía no es definitiva, de la Comisión, llegarán las negociaciones y es bastante probable que todo acabe en uno de esos «compromisos a la belga» de los que hablaba Selmayr, cuyo principal valor político –aunque contenga errores económicos– es que permite que casi todo el mundo pueda salir contento.

La discusión, en la UE, será larga y llena de tensiones. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, pero con repercusión mundial, han estallado, de forma simultánea, dos burbujas, que para algunos son la misma. Por una parte, la de las empresas tecnológicas, simbolizadas en los 7.000 despidos fulminantes en Twitter, después de que Elon Musk comprara la red social del pajarito azul, y los 11.000 anunciados por Mark Zuckerberg en Meta –Facebook, Instagram y WhatsApp–, que sufre, entre otras cosas, la rivalidad y la competencia de los chinos de TikTok. El asunto no queda ahí. Layoffs.fyi, un portal que rastrea los despidos en la industria tecnológica, estima que en 2022 los recortes han afectado a 106.000 personas en el sector y que incluso Apple o Alphabet casi han paralizado las contrataciones.

Casi al mismo tiempo, el universo de las criptomonedas parece derrumbarse. El bitcoin, el buque estrella, ha perdido un 70% de su valor en solo unos meses, mientras la plataforma de criptodivisas FTX, que lidera San Bankman-Fried, está al bode del abismo. Su competidora Binance, liderada por Changpeng Zhao, barajó rescatarla con una adquisición, pero después de ver las cuentas con más detalle renunció a la operación. Bankman-Fried, de apenas 30 años, era una de las personas más ricas del mundo hace unos meses, con una fortuna –en criptomonedas, claro– de unos 24.000 millones de dólares que ahora podría evaporarse, como los ahorros de los cientos de miles–quizá millones– de inversones que resultaron atraídos por la eclosión del confuso universo de las monedas digitales, que ahora parece desplomarse en un episodio que los más agoreros ya comparan con la histórica crisis bursátil de 1929 y, en una criptocrisis, no hay compromiso a la belga posible como los que explicaba Salmayr.

El nuevo impuesto a la riqueza podría no recaudar nada para el Estado

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), el think-tank que dirige Ángel de la Fuente, ha advertido que el Estado podría no recaudar nada en la práctica con el nuevo impuesto a la riqueza que quiere implantar. Al ser sustitutivo y compensable con el de patrimonio, Madrid, Andalucía y Galicia, las únicas comunidades afectadas, podrían decidir, en último caso, eliminar las reducciones actuales, lo que haría que todos los ingresos nuevos se quedaran en sus arcas.

Activos de medio billón de holdings, socimis, fondos y otras sociedades

El Banco de España ha desglosado por primera vez en las Cuentas Financieras los activos de las «otras instituciones financieras no monetarias» que alcanzan los 536.000 millones de euros. Divididas en tres grupos, holding, entidades con fines específicos y sociedades instrumentales, suman 276.000 millones. Socimis, sociedades de valores, fondos de titulización y otras sociedades, 223.000 millones. Por último otras compañías auxiliares financieras atesoran un total de 37.000 millones.