Hacienda se resiste a remover trabas que dejan a cada vez más constructoras fuera de las obras públicas

Son malos tiempos para la lírica en el sector de la construcción. A los problemas de falta de mano de obra que arrastra desde hace años y el más reciente que le está suponiendo la subida exponencial del precio de las materias primas se suma poco a poco otro de carácter técnico pero de gran calado en su actividad: el de la clasificación de los contratistas, que empieza a afectar ya incluso a empresas líderes mundiales sin que el Ministerio de Hacienda haya removido, por el momento, las trabas burocráticas y exigencias anacrónicas que lo provocan.

Para poder ejecutar trabajos, las compañías constructoras necesitan obtener una suerte de carné o clasificación que Hacienda les otorga para cada tipología de proyecto tras evaluar tanto su solvencia técnica o profesional como la económica y financiera. Esta clasificación determina el tipo de obras y la cuantía económica de los trabajos que pueden realizar y el problema, según el sector, es que los criterios para determinarla se han quedado totalmente obsoletos. La actual norma de clasificación proviene de una Orden Ministerial del año 1968, que con leves retoques formales ha llegado hasta nuestros días. En aquellos momentos, como explican desde la construcción, las compañías tendían a ser intensivas en el uso de mano de obra y en parque de maquinaria propios, por lo que por aquel entonces contar con suficientes recursos de ambos tipos era una condición razonable para obtener la citada clasificación.

El problema, argumentan desde el sector, es que el negocio ha evolucionado muchísimo en los últimos cincuenta años con las nuevas formas de trabajar y contratar, con la especialización y la subcontratación. Así, las compañías, sobre todo las más pequeñas, se han ido especializando en la realización de trabajos singulares que, en la mayoría de los casos, forman parte de un contrato mayor que coordina una empresa más grande. O los parques de maquinaria los tienen empresas con gran profesionalización en la ejecución de complejas partes de la obra especializadas y un mantenimiento escrupuloso de los equipos. Y en ambos casos, estas empresas ni quieren ni pueden ser adjudicatarias y corresponsales de un contrato de gran volumen, con actuaciones ajenas a su actividad o cuya puesta en servicio o conclusión desconocen en gran parte.

A modo de ejemplo gráfico, el sector explica que en la reconstrucción del aparcamiento de la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que ETA destruyó en un atentado en diciembre de 2006, participaron más de 1.000 empresas coordinadas por una gran firma. La subcontratación, de hecho, está perfectamente regulada en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Sin embargo, denuncia el sector, “la normativa de clasificación de contratistas simplemente ignora esta realidad exigiendo por igual los mismos requisitos a unas y a otras empresas”. Es decir, se exige a las compañías que tengan todo propio, personal y maquinaria, en un momento en que habitualmente se funciona a través de colaboraciones, especializaciones o subcontrataciones. Y eso, advierten, está llevando a que muchas compañías, incluidas las más grandes, estén perdiendo la clasificación para hacer trabajos en algunas categorías para las que no disponen de esa maquinaria o plantillas porque, directamente, los subcontratan. Así, empresas líderes están perdiendo las referencias internas, imprescindibles no sólo para la ejecución de trabajos en España sino para seguir ejecutando los más complejos en el mundo.

Soluciones

Desde la administración se ha instado a las constructoras a que, para sortear este problema, recurran a uniones temporales de empresa (UTE). Esta opción, en cambio, no es una vía razonable para las empresas especialistas más pequeñas porque les obliga a compartir el riesgo de la totalidad de una obra sobre la que no van a tener control, pues la responsabilidad en todo caso sería solidaria entre todos. Este mecanismo, explican desde el sector, “es válido para la colaboración de dos empresas complementarias, pero de tamaños similares, pero no sirve para poner a disposición de la obra medios ajenos y especializados pero controlados por el contratista principal, ya que no se tendrán en cuenta como trabajos ejecutados por ellas a pesar de haber sido coordinados habitualmente con éxito contrastado”.

Para el sector, empezando por su patronal CNC, la solución pasa por que el Ministerio de Hacienda actualice los requisitos de personal y maquinaria que ahora exige y que entroncan directamente con los criterios arcaicos de la norma de 1968. CNC considera conveniente limitar o incluso eliminar esta exigencia de tener los medios y personal propios, otorgando mayor protagonismo a la experiencia certificada en la buena ejecución de los trabajos, y no tanto por el hecho de disponer de personal y la maquinaria propios.

Asimismo, el sector considera necesario duplicar, como permite la normativa europea, hasta los diez años el cómputo de la experiencia exigida a las constructoras para acceder a contratos públicos frente a los cinco actuales, pues la pandemia está limitando o retrasando la actividad de algunas tipologías de contratos, restringiendo por tanto el número de empresas que pueden licitar. Esta limitación temporal perjudica y discrimina a muchas compañías, especialmente a pymes, impidiéndoles acumular experiencia en esos cinco años pese a que tengan solvencia y experiencia previa acreditadas.

Finalmente, la patronal también lamenta los problemas que existen con la limitación del número de certificados de obra que se valoran como experiencia, las exigencias de los certificados de las obras ejecutadas en el extranjero, algo imprescindible para nuestra Marca España; y el retraso o reticencias de las administraciones locales a la hora de expedirlos.