Los jóvenes no se quieren subir al andamio: nadie quiere trabajar en la construcción

La construcción alerta de la carencia de mano de obra en el sector. Advierte de que, con los fondos europeos, necesitarán unos 2 millones de trabajadores frente a los 1,2 que tienen ahora

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Las obras no tienen quien trabaje en ellas. Mientras España alardea de tener algunas de las compañías de infraestructuras más potentes del mundo, la mano de obra para abastecerlas en su país de origen escasea. Los jóvenes no quieren subirse al andamio. Algo que, según Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), no deja de ser sorprendente en un país como España. “No podemos permitirnos que un país como España, con una tasa de paro juvenil que supera el 40%, no aproveche la salida que ofrece un sector como el nuestro, que necesita mucha mano de obra”, explica. Y más que, en su opinión, va a necesitar. “Ahora mismo, tenemos alrededor de 1,2 millones de trabajadores en el sector. Pero cuando lleguen los fondos europeos, estoy seguro de que se requerirán más de dos millones”, asegura Fernández Alén, que calcula que el 70% de los fondos necesitarán del concurso del sector de la construcción para su ejecución.

La situación del empleo juvenil en la construcción es dramática. Como explicó hace unas semanas en el marco del Sima Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores y constructores madrileña Asprima, la presencia de menores de 34 años ha pasado del 43% al 18% en los últimos años. Es un sector envejecido y sin tasa de reposición por este escaso interés que suscita entre los jóvenes. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los trabajadores de entre los 35 y 54 años concentran el 65% de la afiliación del sector y el 18% tiene más de 55 años.

Para buscar una explicación a este panorama, en la construcción se remonta a lo que ocurrió en 2007. Con la crisis económica, esta industria se vio muy afectada y durante los diez años siguientes llegó a perder casi dos tercios de sus afiliados a la Seguridad Social, que pasaron de 2.800.000 a 700.000 trabajadores afiliados. Esto, aseguran desde la CNC, provocó un sentimiento de rechazo por los jóvenes, y la sociedad en general, que empezaron a percibir la construcción como un sector donde no se garantizaba un trabajo estable y duradero en el tiempo. Una ocupación, además, a la que se accedía con poca cualificación que impedía después la recolocación de los que se quedaban sin trabajo y en la que se realiza un trabajo físico de mucho desgaste. En resumidas cuentas, el sector tuvo “muy mala prensa”, como resume Fernández Alén.

Se necesitan empleados cualificados

Pero la realidad, según defienden desde su patronal, es que la construcción es una ocupación en la que en este momento no sólo hay salida sino que, además, está bien remunerada, con un convenio colectivo estatal que mejora la jornada anual y los salarios mínimos establecidos en la normativa vigente y en el que un trabajador cualificado en FP puede llegar a percibir un salario, según las tareas, de hasta 4.000 euros. El problema, según Fernández Alén, es que el sistema no ayuda para formar a estos anhelados trabajadores cualificados, que ahora son minoría en una pirámide en forma de émbolo en la que quedan atrapados entre una base ancha de obreros no cualificados y otra parte superior igual de grande de profesionales titulados universitarios.

Para nutrir el segmento intermedio de la pirámide, el sector considera que es necesario adoptar algunas medidas que pasan por la modificación de la normativa vigente de formación profesional dual. La regulación, dicen, es muy rígida y ello impide que esta figura se utilice en su sector. Para hacerla más flexible, apuestan en primer lugar porque un trabajador pueda ser contratado por una agrupación de empresas, como ya ocurre en países como Dinamarca o Alemania. El tejido empresarial en la construcción está constituido en España en un 98,7% por pymes, de las cuales el 86,1% son micropymes. Por eso, la CNC cree que es necesario que se permita flexibilizar las prácticas permitiendo que se realicen en varias empresas y en diferentes centros de trabajo.

Asimismo, la CNC también considera que deben flexibilizarse los calendarios formativos asociados a este tipo de contratos. La ejecución de obra, dicen, está sometida a circunstancias cambiantes (fenómenos meteorológicos, suministros, coordinación de actividades, etc.) que hacen que el calendario formativo previsto deba ir adaptándose a las diferentes fases de obra. No se trata de un proceso fabril donde todo está predeterminado, argumentan.

En cuanto a los contenidos formativos de un título de FP o un certificado de profesionalidad, en la actualidad contemplan un elevado número de horas que, en ocasiones, hace muy difícil que un trabajador se pueda comprometer con su realización, asegura la patronal. En su opinión, sería interesante permitir que se realizaran unidades formativas adaptadas a las necesidades del trabajador y que se le permitiera ir creando una mochila hasta terminar el grado de FP o el certificado de profesionalidad sin imponer límites en el tiempo como ocurre en la actualidad.

El contrato fijo de obra, clave para el sector
Junto a los cambios en la formación, el sector de la construcción considera clave para mantener el empleo y su calidad la supervivencia del contrato fijo de obra. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado de que la desaparición del contrato fijo de obra conllevaría un incremento de los despidos objetivos (con una indemnización de 20 días topados) y una rebaja de las indemnizaciones por el fin del contrato (7% equivalentes a alrededor de 24 días), con la consiguiente precariedad en el empleo y conflictividad social.
En su proyecto de reforma laboral, el Gobierno ha planteado la eliminación de este tipo de contratos para luchar contra la precariedad laboral. Pero en el caso de la construcción, el sector considera que, dada su particular naturaleza, es necesario su mantenimiento. A modo de ejemplo, la CNC asegura que en un centro de trabajo de menos de 100 trabajadores, si finaliza el servicio de nueve empleados, se originaría o un ERE o la imperiosa necesidad de liquidar la empresa tras la realización de cada obra que se concierte. Ello obligaría a crear otras nuevas compañías para las obras que posteriormente se contraten, con la consiguiente complicación burocrática y administrativa (especialmente grave para las pymes) y un aumento sensible de conflictividad y costes para el Fogasa, en su caso.